Se acorta la cuenta regresiva para el cierre definitivo de la explotación petrolera en el bloque 43 ITT. El próximo 31 de agosto se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional (CC) para cumplir con el mandato popular, desde la notificación de los resultados de la consulta popular de 2023.
El plan de acción que debe elaborar y aprobar el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT -creado el pasado 8 de mayo, mediante el Decreto Ejecutivo 257- aún no consta dentro del expediente del dictamen 6-22-CP/23 emitido por la Corte Constitucional, a pesar de que faltan dos semanas para que venza el plazo de la sentencia que dio paso a la consulta popular.
De acuerdo con el Decreto 257, firmado por el presidente Daniel Noboa, el plan de acción contendrá al menos los lineamientos, actividades y el cronograma en el que cada una de las entidades públicas ejecutarán, en el ámbito de sus competencias, las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a la voluntad popular y de conformidad con lo que establece el dictamen.
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La sentencia constitucional establece que el cierre del ITT se realizará “a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales (de la consulta popular). Adicionalmente, el Estado no podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43″.
Actualmente, la producción diaria de petróleo en el ITT supera la meta estimada. De acuerdo con datos de Petroecuador, el 15 de agosto se produjeron 50.625 barriles, lo que representó 116,60 % de la meta diaria que se estimaba en 43.416 barriles.
Pero al ver los registros semestrales se observa que entre enero y junio de este año la producción diaria del campo fue 3,6 % menor a la registrada en igual periodo del año pasado. El primer semestre de 2024 se produjeron 50.454 barriles diarios, mientras que en el mismo lapso de 2023 fueron 52.335 barriles, según el informe estadístico de Petroecuador, publicado en julio.
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Han transcurrido más de tres meses desde la creación del comité, pero hasta el momento no se ha hecho pública información sobre el avance del trabajo del organismo.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, confirmó que el ITT “se va a cerrar”. Lo dijo brevemente el 16 agosto, durante un evento de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón.
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Sin ahondar en detalles, aseveró que se ha trabajado con Petroecuador para “el plan de salida y desmantelamiento”, que “hay acercamientos con la Corte y se va a presentar”. Recordó que “esa fue la decisión popular” y así se lo hará.
El CEVP tiene por finalidad “cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el bloque 43″. Está conformado por:
- La máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas o su delegado permanente con rango de viceministro, quien lo presidirá.
- La máxima autoridad del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica o su delegado permanente con rango de viceministro.
- La máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado permanente con rango de viceministro.
- La máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, o su delegado permanente con rango mínimo de subsecretario.
- La máxima autoridad de Petroecuador o su delegado permanente con rango de gerente.
El último documento registrado dentro del expediente del dictamen de la Corte Constitucional data del 31 de julio. Es un escrito del 15 de ese mes elaborado por el Observatorio de la Política Fiscal, en el cual sostiene que por dejar de explotar el ITT en el futuro “Ecuador dejaría de percibir unos $ 13.000 millones”, considerando que hasta el fin de 2024 se estima una producción de 19,5 millones de barriles con un ingreso total de $ 1.300 millones que dejará de percibir el Estado.
YASunidos, que impulsó la consulta popular, también ha ingresado escritos a la Corte. El 22 de julio denunció que Petroecuador no ha disminuido progresivamente la producción de crudo en el bloque 43, sino que ha incrementado la extracción.
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El colectivo, con base en reportes de la petrolera estatal, indicó que entre el 17 y 24 de junio hubo una “caída radical en la extracción de petróleo” de 43.875 barriles, pero a partir del 25 de junio la producción se incrementó y para el 9 de julio subió a 50.860 barriles.
Por eso, YASunidos solicitó a la Corte, entre otros temas, que disponga a las autoridades pertinentes que remitan al organismo “el plan de cierre y abandono en ejecución o, en su defecto, que debe ejecutarse para el cumplimiento del dictamen, el mismo que debe ser desglosado y contar con presupuesto”.
También se pidió que se ordene la suspensión inmediata de nuevas perforaciones, que se establezca el incumplimiento del dictamen y el mandato popular por parte del Estado y que se inicien las investigaciones para determinar la responsabilidad por el no cumplimiento de la sentencia.
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró que el Gobierno cumplirá con el cierre del campo ITT. En una entrevista en Visionarias, el 7 de agosto, advirtió que los pozos perforados que todavía tienen presión pueden tener riesgos ambientales de producirse grandes derrames, y que para eso se ha creado una comisión para proponer un proceso de cierre seguro y que asegure evitar todos estos riesgos -inclusive de etnocidios, por lo que podría producir una explosión, incendios- de un proceso inadecuado.
Vega ratificó que el proceso de cierre “se hará en los tiempos que la técnica y los riesgos ambientales así lo digan”.
Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, ha criticado que el comité no haya presentado aún el plan de acción a la Corte, ya que en él se espera conocer el procedimiento y el presupuesto para cumplir con la consulta popular del 20 de agosto de 2023.
Según Bermeo, el bombeo de petróleo en el ITT debía terminar al día siguiente de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados de la consulta popular, y luego, en el transcurso de un año seguir con el retiro de las plataformas.
En diciembre de 2023, el ministro de Finanzas dijo que en un primer cálculo se estimaba que la afectación por el cierre del campo ITT en 2024 sería de $ 500 millones.
Este Diario ha consultado al Ministerio de Energía y Minas si se remitió a la Corte el plan de acción y aún se espera una respuesta a la pregunta. De igual manera, se solicitó una entrevista con el ministro Antonio Goncalves, a lo que cual se indicó que se concedería un espacio la próxima semana. (I)
