El trilema económico: entre recaudación, reducción y restauración

El país se encuentra atrapado en la convergencia de tres ejes polémicos:Este artículo explora cómo estos tres ejes se entrelazan, delineando un panorama complejo que requiere soluciones equilibradas y estratégicas. 1. Focalización de subsidios La focalización de subsidios, especialmente en combustibles (extra/ecopais), es para muchas visiones la última válvula disponible para liberar presión de la caja fiscal. Retomando cifras del 2023, estos subsidios ascendieron a unos $ 2.293 millones, representando una carga significativa. Como una opción el Gobierno plantea que estos subsidios se dirijan exclusivamente a las familias de menores ingresos, apuntando a un ahorro de cerca de $ 550 millones. El presidente Daniel Noboa ha anticipado que la focalización será progresiva (sistema de bandas) y podría empezar el segundo trimestre de este año. Este enfoque no solo aborda la eficiencia en el gasto gubernamental, sino que también procura mitigar los efectos de la inflación y el costo de vida en los sectores más vulnerables. La implementación de esta medida es desafiante y requiere de una comunicación efectiva y delicada para evitar el descontento social, como quedó demostrado en las protestas de 2019. 2. Reducción de gastos y austeridad fiscal Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se prevé un recorte de $ 1.000 millones en gastos generales del Gobierno, principalmente a través de: la desvinculación de funcionarios públicos y la eliminación de empresas estatales.El gasto en salarios públicos ha mostrado una tendencia creciente desde 2007, alcanzando en 2023 aproximadamente $ 9.739 millones, concentrando el 90 % de esta cifra en los empleados de sectores prioritarios como educación, salud y seguridad. Para el 2024, se proyecta que este gasto podría incluso aumentar, dada la necesidad de abordar la crisis de inseguridad en el país. Desafortunadamente esta estrategia de reducción podría agravar la situación de desempleo en el país, especialmente si no hay suficientes oportunidades de empleo en el sector privado (actualmente, solo 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado).Asimismo, el Gobierno actual está evaluando la absorción o fusión de 19 entidades de la Función Ejecutiva (118 entidades a enero de 2024), una decisión motivada por el objetivo de reducir el gasto burocrático. La propuesta actual implica también reducir el gasto en salarios de empresas públicas (EP), especialmente en sectores estratégicos como CNT, Celec, Cenel y Petroecuador. Estas cuatro empresas públicas representan el 94 % de los $ 837 millones que el Estado gasta en salarios de funcionarios de empresas públicas. 1. Reforma tributaria y prórroga al Yasuní ITT La intención del Gobierno por incrementar los ingresos fiscales es palpable, como visto en la aprobada ley de “Eficiencia Económica y Empleo” (que anticipa una recaudación de $ 832 millones en 2024, en concepto de amnistía tributaria).De igual manera, recientemente, se presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley planteando la posible aplicación de una tarifa del 15 % del impuesto al valor agregado (IVA) de manera temporal por dos años, seguida por un establecimiento permanente del IVA al 13 %, con lo cual se espera recaudar $ 1.306 millones, esperando no afectar a los grupos más vulnerables, dado que el 90 % de los alimentos de la canasta básica, educación, medicamentos y salud tienen cero de tarifa IVA. Esto fue negado en el Pleno, pero el mandatario hizo uso del veto para insistir en estas alzas y la Asamblea no logró votos suficientes para ratificarse en su rechazo y ahora la propuesta será publicada en el Registro Oficial para su vigencia.Contrariamente, la Asamblea Nacional modificó el proyecto original e introdujo las siguientes medidas por mayoría: la contribución variable del 5 % al 25 % para los bancos y un nuevo impuesto del 3,25 % sobre las utilidades generadas en 2022 empresas con ganancias extraordinarias (aplicable por única vez). Además, se contempla el alza del impuesto a la salida de divisas (ISD) al 5 % y el presidente lo pueda modificar “con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos”.Asimismo, la discusión sobre la moratoria temporal en el cierre del bloque Yasuní ITT podría presentar una oportunidad, donde permitiría al Estado seguir percibiendo ingresos estimados en unos $ 1.200 millones anuales. Acompañado del costo asociado al desmantelamiento de infraestructura e indemnizaciones que suman $ 16.470 millones. Tan solo en 2023, la inoperatividad de este bloque se reflejó en una caída del 13 % en la producción petrolera nacional. 2. Gestión de deuda y alternativas de financiamiento Se estima que para el cierre de 2024 el Gobierno necesitará alrededor de $ 12.500 millones para cubrir parte del déficit fiscal y para el repago de deudas. La primera opción en mente es que este financiamiento podría proceder de organismos multilaterales, siempre que se den señales serias de esfuerzos por reducir la brecha fiscal. Y el caso más directo a esta proposición sería el proyecto de ley que busca subir el IVA del 12 % al 15 % (se discute que el hecho de que sea mixto puede indicar incertidumbre en el largo plazo).Esta situación ya lo suficientemente apretada se ve exacerbada por los atrasos acumulados en compromisos esenciales, particularmente con la seguridad social y los gobiernos locales. En 2023, el presupuesto cerró con atrasos significativos que ascendieron a $ 3.584 millones. Una porción sustancial de estos atrasos, aproximadamente $ 1.321 millones se debió a obligaciones pendientes del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) relacionadas con el aporte del 40 % para las pensiones de jubilados. En cuanto a acuerdos de reestructuración de la deuda interna del MEF con el Banco Central se planteó aplazar el plazo de pago hasta 20 años, posponiendo el desembolso de $ 5.302 millones hasta 2040 (con una tasa de interés del 1,3 % y pagos semestrales). 1. Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y cooperación internacional La prioridad es la seguridad y el Gobierno reconoce la necesidad crítica de invertir alrededor de $ 1.000 millones en la movilización de la fuerza pública para combatir el terrorismo y reforzar la seguridad, especialmente en los complejos carcelarios.El costo de la violencia en el país, según el Índice de Paz Global 2023 representa un impacto de 6 % del PIB. Con el fin de mitigar en cierto grado el impacto económico que representa el estado de excepción, se ha implementado medidas como la semaforización por cantones para flexibilizar el toque de queda. Estas acciones son vitales para apoyar la recuperación económica, especialmente en sectores como el comercio y el turismo, que se han visto gravemente afectados.Por otro lado, la cooperación internacional mostrada en alianzas estratégicas con Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Reino Unido se enfoca en mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Y en esta colaboración poder diluir, en cierto grado, los costos asociados a la atención del conflicto interno.El déficit fiscal llegó a representar el 5 % del PIB en 2023, que acompañado de la inseguridad, se postulan como las dos mayores preocupaciones del país. Frente a los tres ejes temáticos mencionados anteriormente, queda indagar sobre las siguientes interrogantes:¿Podrá el país encontrar un equilibrio que le permita incrementar su recaudación sin comprometer su compromiso ambiental y social? ¿Es posible reducir el gasto público sin desencadenar una crisis socioeconómica? Y, finalmente, ¿cómo puede Ecuador fortalecer su seguridad interna sin desviar recursos críticos de otras áreas necesarias para su desarrollo?Sin duda alguna estas preguntas no tienen respuestas fáciles y menos aún intuitivas, el abanico de opciones es tan amplio como complejo, pero si algo está claro es que hay que actuar. Citando a T. Roosevelt: “En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, lo segundo mejor es lo incorrecto, y lo peor de todo es no hacer nada”. Y aunque el camino es desafiante, toda tormenta llega eventualmente a su fin, los esfuerzos del Gobierno actual nos señalan que se encuentran “en búsqueda del equilibrio”. (O)

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