En el sector público hay un precedente de que un contrato colectivo que no tenga dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas no puede seguir adelante y ese es uno de los argumentos que sustenta el pedido del Ministerio del Trabajo para revisar los contratos colectivos de cuatro empresas públicas, aunque se centra en dos: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
La ministra Ivonne Núñez insiste en que ese “dictamen es obligatorio y es vinculante” y que no se puede saltar el paso. Se ampara en la sentencia que emitió la Corte Constitucional el 22 de septiembre de 2021 por el contrato colectivo del Comité Central Único de Trabajadores del Consejo Provincial de El Oro. “La Corte Constitucional emitió tremenda sentencia, donde dice que el dictamen es obligatorio y tiró abajo ese contrato colectivo. Les dice: señores, ‘regresa’, porque se fueron a conseguir el dictamen mediante Tribunal de Conciliación y Arbitraje”.
Ese gobierno seccional presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la aprobación de dicho contrato ocurrida el 17 de febrero de 2017 por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Loja. La Corte Constitucional concluyó que “no se vulneró a la defensa, pero que sí existió una violación al debido proceso en la garantía a la motivación”.
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Al momento hay un debate público por los beneficios adicionales que tienen los trabajadores de empresas estratégicas del Estado y el Ministerio del Trabajo espera que la Contraloría haga un examen especial para los contratos colectivos de CNEL, CNT, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
Desde el Comité de Empresa de CNEL se defiende no tener el dictamen de la cartera de Economía, porque fue aprobado por un Tribunal de Conciliación y Arbitraje de justicia laboral colectiva.
La ministra Núñez también mencionó que el secretario general del Comité de Empresa de CNEL, Richard Gómez, ha alegado que tienen el criterio de la Procuraduría, pero la funcionaria dice que el criterio de la Procuraduría “queda derrotado, vencido técnicamente cuando la Corte mediante un caso le dice no es aquí”.
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Ese dictamen de la Corte Constitucional en el caso del Comité de Empresa del Consejo Provincial de El Oro refiere que observó que el Tribunal de Conciliación no explicó ni dio razones congruentes que justifiquen su conclusión de no necesitar el dictamen de Finanzas, “pues de forma simultánea afirmó que el GAD debía entregar información al ente rector de las Finanzas Públicas para que emita su dictamen previo a la emisión del fallo, y concluyó que el requerimiento de este dictamen previo no era aplicable cuando la aprobación del contrato colectivo era sometida a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo cual resulta en una incongruencia en la motivación de la decisión impugnada”.
Además, señala que:
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- A la Corte no le deja de llamar la atención que tanto el GAD como el Tribunal no cumplieron con la obligación de coordinación entre instituciones públicas para hacer efectivo el goce de derechos de los trabajadores, pues con el fin de garantizar los mismos, debían coordinar acciones que permitan que el proceso colectivo cuente con el respectivo dictamen del Ministerio de Finanzas sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes para financiar los incrementos salariales y otros beneficios a convenirse en el “Proyecto de Décimo Sexto Contrato Colectivo de Trabajo”.
- Por lo tanto, este organismo enfatiza la importancia del cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades del Estado e insta que las mismas trabajen de manera coordinada en aras de proteger los derechos reconocidos en la Constitución.
La ministra también menciona el caso de CNT, que de hecho el gerente subrogante de esta empresa pública, Roberto Kury, mencionó que pidió dinero al Ministerio de Economía porque no cuentan con recursos para cumplir con el contrato colectivo, que según Núñez, tampoco tiene dictamen.
La funcionaria cuenta que la semana pasada, el 17 de julio, la jueza de la Corte Constitucional, Teresa Nuques, que lleva el caso de CNT, en el que se trasladó a trabajadores en el cantón Rocafuerte de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) al Código del Trabajo, de acuerdo con la ministra, ese caso fue seleccionado. “La doctora Teresa tira un auto y le dice a CNT: ‘¿cuánto han pagado desde el año tal?, ¿cuál es el impacto?’. Y esa sentencia yo calculo que no se demora ni un mes”.
¿Qué va a pasar cuando la Corte Constitucional resuelva que ese traslado no se podía hacer? Es decir, los que están en el Código del Trabajo regresan a la Losep y se preguntó y “el impacto económico, todo lo que se ha pagado, que son algunos millones de dólares”. Sostiene que supo que el último pago fue de $ 5 millones.
La ministra también expone otro escenario y es que van a destituir a los jueces y sería una causa de prevaricato. Señala que “en CNT hicieron el cambio, no tenían el dinero y se fueron al dictamen, o sea, hicieron dos por uno, pero tenía una finalidad también, que todos los que se pasaban al Código del Trabajo tenían que afiliarse al Comité de Empresa y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y les descuentan mensualmente como $ 13, esta empresa son como 4.000, multiplique $ 13 en CNEL, en la de acá reciben mensualmente más de $ 200.000 en aportaciones″.
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De acuerdo con la ministra, tras la presentación de solicitud de examen especial a la Contraloría a las cuatro empresas públicas, su aspiración es que el contralor diga: “cuánto costaron en estos siete años, porque no se puede ir más para atrás, todos estos contratos colectivos, vamos a ver cuánto costaron, cuánto han significado”.
Según los cálculos, para la ministra son como $ 500 millones de las cuatro empresas.
Aunque Núñez ahora indica que “Petroecuador no tiene problema, Celec tampoco, las dos empresas son CNEL y CNT, son a las que yo veo más problema, porque hicieron traslados”.
Cuenta que surgió el problema en marzo, cuando Celec pretendió hacer el traslado de trabajadores de la Losep al Código del Trabajo. “Nosotros dijimos, no, $ 200 millones, aquí no hay plata, pero no pueden hacer traslados, comparecimos el ministro (Roberto) Luque, el ministro (Juan Carlos) Vega y yo, y les ganamos. El ministro Vega me dice: ‘ministra, póngase a ver las otras empresas’, yo le dije: ‘deme 48 horas’, en 12 horas teníamos la respuesta y ahí empezó el problema”. (I)
