El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en una entrevista televisiva con CNN que buscará cubrir el déficit actual de la seguridad social a través de los diversos activos del Estado. Habló de reservas petroleras, de reserva minera, activos de telecomunicaciones que servirían para cubrir el déficit, pero no estableció con precisión cuál sería la vía financiera o jurídica para realizarlo.

“Ya veremos con precisión cómo ubicamos esos activos para dedicarlos a lo largo del tiempo, con institucionalidad fuerte, potente, para cubrir el déficit actuarial para la seguridad social”, señaló.

Explicó que si bien Ecuador tiene una serie de problemas de liquidez y de alto endeudamiento, es un país solvente y que tiene una gran cantidad de activos que han sido mal administrados, y que ahora se está buscando manejarlos de manera adecuada. También dijo que se crearía un fondo que permita a lo largo de 10, 15 o 30 años cubrir dicho déficit.

Las declaraciones de Lasso se dan en medio de una difícil situación de liquidez por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que es producto de una serie de factores, pero que se ha agudizado por la falta de pago del 40 % del Gobierno para pensiones, así como las atenciones de salud de jubilados, personas con enfermedades catastróficas, entre otros. Solamente de pensiones y salud hay un pendiente de al menos $ 7.300 millones.

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En todo caso, sobre el tema de salud el presidente Lasso aseguró que hay una auditoría que se realiza para establecer los montos exigibles.

Augusto de la Torre, catedrático universitario y quien participó en la elaboración del último diagnóstico sobre el fondo de pensiones de la seguridad social, que realizara el anterior gobierno con el apoyo del Banco Mundial, expresó que la idea del Gobierno es positiva, pero que debe estar atada a una reforma del sistema pensional.

Dijo que es claro que la seguridad social tal como está va generando cada año un déficit más grande. Por lo que ni siquiera el 40 % que da el Estado resulta suficiente para hacerlo sostenible en el tiempo. Para De la Torre, lo que debe hacer el Gobierno actual es plantear la reforma en temas paramétricos (años y montos de aportación, edad de jubilación), en la cual el Estado seguramente deberá seguir aportando un porcentaje, pero no tan alto como ahora.

Todo ello requiere recursos: tanto para ponerse al día con lo que se adeuda, como para ir pagando los nuevos montos de contribución. Ahí entraría el fondo propuesto. En todo caso, dijo que es importante reflexionar que este 40 % que ahora entrega el Estado es inequitativo si se toma en cuenta que son dineros del fisco al cual aportan todos los ecuatorianos, pero que termina financiando solo al 30 % de la fuerza laboral.

Sobre la utilización de los activos, sostuvo que la vía podría ser que se entregue al fondo parte de la monetización (concesión con entrega de recursos adelantados) de los activos o incluso que se entreguen acciones de diversas empresas; sin embargo previamente, añadió, debe plantearse la reforma, pues de lo contrario se generarían recursos que se acabarían rápidamente.

Entre tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, opinó que aunque no se indica el mecanismo legal exacto, lo que se entiende es que el Gobierno buscará hacer líquidos los activos del Estado para cancelar sus obligaciones. Consideró que podría ser viable la propuesta a través de diversos mecanismos, como el de la concesión. Las rentas de la concesión de un campo petrolero, por ejemplo, podrían ir a un fideicomiso que sirva para el pago de la seguridad social. Ese fideicomiso se podría alimentar también de venta de ciertos activos como medios de comunicación incautados o el Banco del Pacífico. Pero esta será una entrada de ingresos por una sola vez.

Para Acosta Burneo, la propuesta podría resultar en una buena estrategia para bajar, de alguna manera, la oposición que existe a concesiones de activos del Estado, ya que estas tendrían un objetivo claro que es financiar el tema de seguridad social.

Entre tanto, Henry Llanes, representante de la Asociación de Jubilados del IESS de Pichincha, dijo que se le debe transferir al IESS acciones de procesos de explotación y refinación. Esto se lograría aplicando en los contratos petroleros y en el proceso de concesión de las refinerías la figura de asociación, en la cual el Estado aportaría con el 50 % de inversión, mientras el IESS con un 15 %. Este monto no lo tendría que pagar, pues estaría a cuenta de lo que se le debe pagar al IESS por parte del propio Estado. Un 10 % se invertiría por parte de los GAD regionales y un 25 % por la empresa contratista. (I)