De ocho a cinco de la tarde, Michael Lozano recibe el hormigón, una mezcla de agua, arena, cal y cemento con la que se pavimentan las calles de la cooperativa Tiwintza, en el sector de la Balerio Estacio, Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil.
Lo hace de lunes a viernes por una paga de $ 140 semanales que no le alcanzan para mantener a sus cinco hijos: dos de ellos en escuela, otros dos de colegio y una mayor de edad, pero sí le permiten llevar un pan a su mesa todos los días.
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“Este es el sustento de mi hogar. Vengo del sector de la San Francisco. Aquí me dan la comida. Está difícil conseguir trabajo; no hay. Buscando conseguí. Aquí es peligroso, pero lo importante es tener trabajo”, cuenta Michael, de 52 años, haciendo una pausa de minutos antes de continuar con su tarea.
En Tiwintza, y en otra cooperativa llamada Nueva Guayaquil, el municipio porteño ejecuta la obra de “pavimentación, construcción de aceras y bordillos y la implementación del alcantarillado hidrosanitario”, un contrato valorado en $ 14 millones y adjudicado en abril de este año a la empresa Rinomaq Construcciones S. A., según el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop).
Esta entidad registra que en el primer semestre del 2024, de enero a junio, se han adjudicado 140.689 contratos de obras públicas y adquisiciones de bienes o servicios estatales por un monto de $ 2.549′151.612.
Para ello, se han elegido 13.359 contratistas o proveedores. A la cabeza de los 25 mayores contratistas se ubica la empresa Latina Seguros C. A., que recibió 51 contratos por $ 96 millones, entre ellos el de mayor monto, por $ 89,9 millones de parte de PetroEcuador E. P. para asegurar a la entidad contra “todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima”.
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En segundo lugar figura la compañía Puentes y Calzadas, adjudicada por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) con $ 52,1 millones para construir el nuevo centro de privación de libertad en Santa Elena. El SNAI entregará un anticipo del 40 % y se prevé que la obra —que tendrá capacidad para 736 internos— concluya en un plazo de diez meses.
Con $ 34,7 millones consta en tercer lugar de los mayores contratistas el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que ha recibido cuatro adjudicaciones de Petroecuador E. P. y de las ramas de las Fuerzas Armadas para dar mantenimiento al sistema del oleoducto y para construir dormitorios para los soldados.
En cuarto y quinto lugar se ubican, con $ 28,1 millones y $ 26,3 millones, respectivamente, Diteca S. A. y la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La primera recibió 34 contratos, en su mayoría de organismos seccionales, para proveer de equipos y maquinarias para obras; mientras que CNT obtuvo 177 contratos y órdenes de compra, básicamente para dotar del servicio de contact center y para abastecer de servicios de telecomunicaciones a otras entidades públicas.
La farmacéutica Roche Ecuador S. A., Aseguradora del Sur C. A., Leterago Ecuador S. A., Petroecuador E. P. y la compañía Inycofyi Ingeniería y Construcciones S. A. siguen en el top 25 de empresas más contratadas en el primer semestre del 2024.
Roche fue adjudicada con 105 compras de insumos y medicamentos por $ 20,4 millones, Aseguradora del Sur se ubicó con $ 18,1 millones, Leterago recibió 485 órdenes de compra de fármacos por $ 17,7 millones, Petroecuador alcanzó $ 16,3 millones, mientras que Inycofyi obtuvo un contrato por $ 16 millones.
En el listado les siguen el Instituto Geográfico Militar ($ 15,3 millones), el Consorcio Ordeño-Fortesan ($ 15 millones), Seguros Alianza S. A. ($ 14,3 millones), Rinomaq Construcciones S. A. ($ 14 millones), Espe-Innovativa E. P. ($ 12,4 millones), Construcciones Mega Oriente ($ 12,4 millones), Jovanny Sagbay ($ 11,7 millones), Leonardo Noblecilla ($ 10,1 millones), Continental Tire Andina S. A. ($ 10 millones), Cooperativa de Servicios de Transporte Carga Pesada Lago Agrio ($ 9,9 millones).
Las últimas cinco contratistas públicas en el top son Sefiem Cía. Ltda. ($ 8,7 millones), Simed S. A. ($ 8,4 millones), Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo A. E. S. M. ($ 8,2 millones), Cimencorpsa S. A. ($ 7,8 millones) y Lafattoria S. A. ($ 7,7 millones).
“Hay una relación directa entre la inversión pública y el crecimiento del país. Si no hay inversión, no hay empleo. La inversión pública ayuda a generar trabajo”, comenta el analista económico Jaime Carrera al dimensionar el impacto de las obras públicas en la economía de los ecuatorianos.
La inversión en obra pública también mejora las condiciones de vida de la población. José del Toro, de 50 años, vive en la cooperativa Tiwintza desde hace 26 años y en los últimos meses ha visto con satisfacción cómo están mejorando sus calles.
“En el invierno ya no hay lodo; los estudiantes ya pueden salir; también los carros pueden entrar y salir. Yo llegué aquí cuando esto era montaña”, recuerda José, guayaquileño de corazón, pero esmeraldeño de nacimiento, padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. (I)
