Los allanamientos que la Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron la tarde del martes, en Quito, al Ministerio de Energía y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) se dieron tras el hallazgo de “varias inconsistencias” relacionadas con la entrega de 652 concesiones mineras, que habrían sido otorgadas entre 2018 y 2024.

Así lo dio a conocer el general de Distrito, Víctor Herrera, director general de Inteligencia de la Policía Nacional, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles. Explicó que las inconsistencias fueron identificadas con base en la resolución 001 de la Arcom, de 2018, la cual dispuso el cierre temporal del catastro minero en todo el país.

Además del presunto otorgamiento irregular de las 652 concesiones, Herrera indicó que se hallaron 211 plantas de beneficio y “una cantidad importante de dinero”.

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Esto dio la pauta para sospechar que algo anda mal. A partir de eso se realizaron los allanamientos simultáneos del martes, cuyo fin fue recabar elementos como documentos físicos y digitales, “que darían cuenta de la presunción de algunos delitos”, dijo el general y señaló que el tráfico de material aurífero y minería ilegal es considerado “el segundo problema importante de la seguridad”.

El oficial recordó que las investigaciones se encuentran en etapa de investigación previa y están direccionadas por la Fiscalía General del Estado. “Pronto estaremos dando los resultados, con los responsables de estas irregularidades”, expresó el director general de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con información de la Fiscalía, en el operativo se recabaron documentos, archivos digitales y computadores que fueron ingresadas en cadena de custodia para las respectivas pericias.

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Los indicios “darían cuenta de un presunto crecimiento en las plantas de beneficio, las cuales se encontrarían procesando material aurífero, sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral”, informó el martes el Ministerio Público.

Desde el Gobierno se ha prometido colaborar con las investigaciones. Según el Ministerio de Energía y Minas, las irregularidades serían de “años anteriores”.

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La noche del martes, en un video en redes sociales, se pronunciaron los ministros del Interior, Mónica Palencia, y de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto con el general Víctor Herrera.

Palencia dijo que Carondelet, con el apoyo de la Policía, está comprometido en luchar contra la corrupción y busca “contribuir a custodiar, a garantizar, a precautelar y a conservar los elementos de convicción de cualquier potencial”.

De igual manera, Goncalves ratificó que se entregará a la Policía toda la información “para erradicar la corrupción”.

El general Herrera, por su parte, mencionó que la minería ilegal es una fuente de financiamiento “de las economías criminales”.

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Los allanamientos del martes se produjeron instantes después que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, alertó de un “posible complot” que se estaría generando para para agravar la situación energética del país.

La Cámara de Minería de Ecuador ve con buenos ojos que la justicia actúe para combatir a la minería ilegal. La presidenta del gremio, María Eulalia Silva, espera que los allanamientos sean parte de un proceso de depuración dentro de las instituciones gubernamentales y que las investigaciones avancen con resultados, pero que esto no llegue a perjudicar o entorpecer los trámites y procesos que deben realizar los operadores mineros que trabajan legalmente.

“La minería responsable que nosotros anhelamos no es posible hacerla sin ingredientes de transparencia. Resaltamos las acciones que está llevando la Fiscalía y el Ministerio del Interior para identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de concesiones (mineras). Nosotros siempre hemos dicho que para enfrentar a la minería ilegal el Estado ecuatoriano tiene que depurar las instituciones”, comentó la dirigente.

Silva mencionó que entre los años 2018 y 2019, aproximadamente, empezó a proliferar con fuerza en Ecuador y otros países de la región el problema de la minería ilegal relacionada con el crimen organizado.

“Este fenómeno entró con fuerza y nos tomó desprevenidos. Parte del problema latente es que todavía no hay datos certeros sobre la minería ilegal y para enfrentar el problema tenemos que empezar con datos, sabiendo de qué se trata el problema, sino no se pueden implementar políticas y tácticas”, manifestó la vocera de la Cámara, al tiempo de indicar que según estimaciones del Ejército, la minería ilegal estaría generando $ 1.000 millones al año.

Catastro minero

María Eulalia Silva también anhela que las recientes investigaciones y allanamientos sean una antesala positiva de que el Gobierno retomará con total transparencia la apertura del catastro minero, lo cual ha sido ofrecido por las autoridades para el último trimestre de este año.

El catastro, que contiene el registro de todas las áreas para concesión minera del país, cerró en 2018 precisamente por cuestionamientos de irregularidades, recordó.

El Gobierno del expresidente Guillermo Lasso prometió abrir el catastro, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero no se concretó. Ahora, el régimen de Daniel Noboa busca lograrlo, también con el respaldo del organismo internacional.

Al respecto, el pasado 10 de julio de este año el ministro Antonio Goncalves anunció en un evento que se actualizará el catastro, como parte de una “política minera robusta”. (I)