Los allanamientos que la Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron la tarde del martes, en Quito, al Ministerio de Energía y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) se dieron tras el hallazgo de “varias inconsistencias” relacionadas con la entrega de 652 concesiones mineras, que habrían sido otorgadas entre 2018 y 2024.