El Ministerio del Trabajo ya hace cálculos de los empleos que se van a generar cuando entre en vigencia la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ahora se tramita en la Asamblea Nacional, las alianzas público-privadas y la deducción del impuesto a la renta a las empresas que contraten a jóvenes son algunas de las bases que son consideradas, indica la ministra Ivonne Núñez.
¿Cuántos empleos se espera generar con la reforma tributaria?
Tenemos un estimativo sobre todo en el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Aquí proyectamos una inversión de aproximadamente $ 1.000 millones en Ecuador que va a permitir inversión para más empleo priorizando básicamente desarrollar infraestructuras públicas, como hospitales, universidades, y mejorar las condiciones de vialidad, aquí nosotros enfocamos un crecimiento de empleo de 20.000 a 40.000 plazas.
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De allí tenemos otras bases que son muy importantes, pero son quizá de lo que más se viene hablando, que se refiere a la deducción del impuesto a la renta (IR) a empresas que contraten jóvenes. Proyectamos dónde puedan ser contratados y son en construcción y agricultura, para este segmento va a haber una deducción del 75 %. Estimamos aquí un incremento de mano de obra de un estimado de 5.000 a 10.000 jóvenes.
¿Desde cuándo se empezarían a ver estos resultados?
En el momento que la ley se apruebe viene el reglamento. Tenemos un estimado, que no se va a iniciar con el tema de la alianza público-privada, pero sí se inicia con la deducción de los tributos, estimamos en 90 días. Vamos a hacer la primera medición en los primeros 90 días, ahí trabajaremos de la mano del Servicio de Rentas Internas (SRI), cada 30 días vamos a ir haciendo mediciones, aspiramos a que en 60 días exista un sector muy considerable de los jóvenes que estén ya en pleno empleo.
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Según analistas, abrir nuevas plazas no depende solo de incentivos tributarios, además de que en gobiernos pasados se han ejecutado proyectos con incentivos, pero no han tenido la respuesta esperada, ¿cuál es la diferencia esta vez?
Porque es un compromiso a nivel nacional, es un compromiso directo con el sector productivo, con el empresarial y todos están de acuerdo, al igual que en el debate que se ha dado en el seno del Legislativo.
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Probablemente en otras ocasiones también se han realizado este tipo de ofertas, sí, pero nunca se concretaron, nosotros tenemos el tema como compromiso nacional y es evidente, no podemos ser ciegos ante una realidad, el sector tiene que necesariamente invertir, por eso es que proponemos las alianzas público-privadas, para que el Estado también sea parte de este proceso, donde la inversión evidentemente en las alianzas público-privadas va a ser una inversión extranjera.
Desde los sindicatos se cree que la reforma tributaria tendría como objetivo la precarización laboral, ¿de qué manera se va a garantizar que no ocurra aquello?
La política del presidente Daniel Noboa en materia laboral es el respeto y respecto de los derechos laborales, cuando se habla de precarización laboral, no se explica cuál es el concepto que podría darse en el caso de las operaciones de las zonas francas, se lo dice de manera general; sin embargo, el ministerio ha iniciado el cumplimiento de una normativa que está en el Código del Trabajo que consiste en las inspecciones, para eso hemos puesto en operatividad a los inspectores de trabajo y una reestructuración. Por ejemplo, en Manta contamos solo con dos inspectores de trabajo, no puede ser posible, Manta es la ciudad con un nivel de desarrollo económico, la más alta que hay en la provincia de Manabí.
Por eso hemos iniciado esta reestructuración interna, por tanto el ministerio garantiza la no precarización porque el trabajo va a ser directo y bilateral cumpliendo con un contrato de trabajo que tiene que estar firmado por quienes es la relación laboral, pero también tiene que estar legalizado ante el ministerio, razón por la cual esta cartera de Estado pondrá a disposición el tipo de contratos de trabajo que va a regir en el caso específico de las zonas francas, garantizando de esa manera la no precarización.
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Se habla de contratación a jóvenes de 18 a 29 años, ¿qué va a pasar con los de 30 en adelante?
Esa determinación de la edad la da Naciones Unidas, que identifica que la juventud está desde los 18 hasta los 30 años de edad.
La ley enfoca en ese segmento porque es el más abandonado de la incorporación de la mano de obra productiva, que les permita a los jóvenes también solventar sus estudios, darles seguridad y el combate a que no acudan a las bandas delictivas, porque han sido siempre presas muy fáciles, se los ha captado a temprana edad, entonces, nosotros trabajamos la ley para ellos, pero no significa una discriminación de ninguna manera.
El mismo Código del Trabajo tampoco discrimina la posibilidad de incorporar al sector productivo a personas mayores de 30 años, 40 años, 50 años, no existe ley discriminatoria que sea concebida bajo ese concepto de que hay una discriminación.
El proyecto apunta a generar empleo, pero también hay que considerar otros aspectos, como la situación del país, el riesgo país, etc., ¿cómo están manejando estos aspectos para que no les juegue en contra?
Lo que usted dice es muy importante, pero hay que entender por qué el riesgo país aumentó, nosotros tenemos ahí varios parámetros, recibimos la conducción del Estado con una caja fiscal en contra, sabíamos la realidad que enfrentábamos, pero tener solo como posibilidad de uso $ 200 millones, lamentablemente es la peor realidad económica que el Estado ha enfrentado, sin embargo, pese a esa realidad lacerante, el presidente ha logrado confrontar esa realidad sin asumir créditos internacionales.
¿Cómo toma la movilización anunciada por los trabajadores para este 19 de diciembre contra el proyecto de ley?
La movilización es normal, el presidente y el ministerio recibimos con normalidad, además están cumpliendo con una normativa constitucional, que es el derecho a expresar sus contradicciones, sus pensamientos críticos.
Los trabajadores han expresado su descontento por el incremento de $ 10 al sueldo básico del 2024, han dicho que se han alineado de algún modo a la propuesta que hacían los empresarios ¿qué dice al respecto?
Nosotros tenemos allí una fórmula técnica que no depende ni del sector empresarial ni del sector laboral. Es una fórmula técnica y lo determina el artículo 118 del Código del Trabajo (cuando no llegan a acuerdo los trabajadores y los empleadores), artículo que es conocido por el sector empresarial y por el laboral.
El tema de (equiparar el básico a) la canasta básica (que pedían los trabajadores) es un argumento que siempre se lo ha utilizado, evidentemente la canasta básica va a tener un valor más alto en relación al SBU... Para nosotros, la reducción de la pobreza y la debida distribución de la riqueza no pasa por la canasta básica, pasa por el empleo.
¿Cuáles son las metas para el 2024?
Hay una meta que es importante, la meta del cumplimiento de la normativa, una vez que entra en vigencia la ley del empleo. Y también la reducción del trabajo infantil que la hemos medido de un estimado del 8 % que existe en la actualidad, reducirla al 5 %, y estamos trabajando de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el sector empresarial que asumen ellos la responsabilidad de la educación de los niños que encontramos en las calles.
¿Cuántos niños se han detectado que estarían en trabajo infantil?
Es un número superior a los 20.000 niños en todo el país. (I)
