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New Stratus anunció este 5 de diciembre, desde Canadá, que irá al arbitraje en contra del Ecuador

El contrato petrolero con New Stratus (Petrolia) se termina el 31 de diciembre del 2022. La empresa pedía una ampliación y migración.

La empresa canadiense Petrolia (New Stratus) ha dicho que irá al arbitraje internacional debido a la negativa del Gobierno ecuatoriano de formar una comisión que evalúe su solicitud de ampliación de contrato. Foto: Patricia Sandoval Foto: Patricia Sandoval

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New Stratus anunció esta mañana en un comunicado desde Calgary, Alberta, que ha decidido ejercer sus derechos legales y contractuales a través de un arbitraje internacional formal.

New Stratus es la dueña de la empresa Petrolia, que actualmente maneja los campos 16 y 67 en la Amazonía ecuatoriana, que antes estaban en manos de Repsol, y cuyas acciones fueron vendidas a New Stratus en una operación a nivel internacional. El contrato con Repsol, ahora Petrolia, termina el 31 de diciembre del 2022 y el Gobierno había empezado, desde hace dos años, el proceso de reversión del contrato. Sin embargo, Petrolia había solicitado una ampliación del plazo (aparentemente por 20 años) y migración a un contrato de participación para continuar con la operación de dichos campos, ofreciendo una inversión adicional de $ 200 millones.

Sin embargo, el ministro de Energía, Fernando Santos, había indicado que el tiempo era muy corto para tratar un tema de ampliación del plazo. Petrolia, por su parte, había insistido en que era su derecho al menos ser escuchada en su propuesta de ampliación y migración.

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Sin embargo, este 5 de diciembre, New Stratus (Petrolia) ha indicado su decisión de ir al arbitraje, luego de una reunión en Quito entre la empresa petrolera y el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y su ministro de Energía, Fernando Santos. De acuerdo con el relato de New Stratus, “el Gobierno del Ecuador ha informado que no pretende cumplir con su obligación legal y contractual de designar el Comité de Negociaciones requerido para la extensión y migración de los contratos de los bloques 16 y 67″.

De esta manera, la empresa confirmó que los contratos de los bloques 16 y 67 se vencen el 31 de diciembre del 2022.

La empresa dijo que habiendo actuado de buena fe a lo largo de 18 meses de conversaciones con el Gobierno, “la Corporación está conmocionada por este repentino cambio de postura del presidente, quien en varias reuniones anteriores había acogido y alentado los planes de la Corporación para buscar las prórrogas contractuales”.

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En su declaración oficial, la empresa canadiense dijo que el presidente y el ministro le indicaron “que esta decisión tiene motivaciones políticas”. Según la empresa, la decisión desalentará la inversión extranjera directa en Ecuador “dada la interpretación ilegal de los contratos por parte del Gobierno, una infracción clara y flagrante del Estado de derecho”.

  • New Stratus dijo que espera terminar el año calendario con aproximadamente 0,30 dólares canadienses por acción en efectivo y cuentas por cobrar a corto plazo.
  • Explicó que los socios de interés laboral de la empresa están siendo notificados de este incumplimiento legal por parte del Gobierno.
  • New Stratus presentará una demanda legal contra el Gobierno bajo arbitraje Internacional. La Corporación se compromete a ejercer sus derechos legales y contractuales con una mínima dilución de efectivo para los accionistas.
  • La Corporación se compromete a ser un administrador de su capital restante a medida que busca nuevas oportunidades.
  • La Corporación mantiene una alianza estratégica con Baker Hughes que, en el corto plazo, se traducirá en nuevas oportunidades de negocios fuera del Ecuador.

La empresa dijo: “Nos entristece profundamente compartir esta noticia con nuestros accionistas de confianza”. Agregó que el desarrollo de las reservas restantes de los bloques 16 y 67 requirió inversiones adicionales y experiencia técnica que la Corporación está bien posicionada para brindar”. El plan de desarrollo propuesto por la Corporación habría producido beneficios significativos para el Ecuador y la nacionalidad waorani en términos de ingresos, empleo y beneficios sociales.

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Voceros de la empresa han indicado, en declaraciones anteriores, que la demanda arbitral podría ser por $ 260 millones.

Redacción
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