Más de 100 ajolotes, ranas albinas y un gecko fueron encontrados en Quito, tres personas fueron detenidas en allanamientos

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tres personas fueron aprehendidas por presuntos delitos contra la flora y fauna en varios puntos de Pichincha, los ciudadanos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Quito y en las próximas horas se definirá su estado legal.

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Según el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, son más de 100 especímenes, entre exóticos y nativos, que se pretendía comercializar de manera ilegal.

El primer allanamiento se realizó la madrugada de este martes 24 de octubre en el sector de Conocoto, en el suroriente de Quito.

En este lugar se aprehendió a un ciudadano que tenía once ajolotes adultos y cerca de cien ajolotes recién eclosionados, tres ranas albinas y un gecko (una especie de lagarto).

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En el lugar se levantaron todas las evidencias posibles para vincular al ciudadano en el presunto delito contra la flora y fauna.

Los animales fueron puestos a salvo y trasladados a patios de la Policía Nacional hasta definir su destino.

El segundo allanamiento realizado esta mañana se dio en el centro y sur de Quito. De estas operaciones se detuvo a dos personas y en el lugar encontraron 28 ajolotes y otros 52 indicios.

Personal especializado de la FGE y de Policía realizaron fotografías y demás peritajes que servirán de respaldo sobre las condiciones en las que encontraron a los animales.

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El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece la sanción para las personas que cometan delitos contra la flora y fauna:

“Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. (I)