Un buen día de trabajo para Raúl Manzano en su puesto de lustrado de zapatos significa un ingreso de 15 dólares, sin embargo, a causa de las constantes movilizaciones sociales ha pasado días que no ha producido dinero “ni para comer (…) solo necesitamos que nos dejen trabajar”, pidió el ciudadano proveniente de Guangaje que trabaja en la Plaza de la Independencia hace tres meses.

La misma realidad afronta Miguel Almache, quien tiene un puesto de bebidas, tabacos y golosinas en la Plaza Grande aproximadamente por 15 años. “Nosotros sacamos aquí para el día a día, cuando cierran las calles no vendemos absolutamente nada y así nos vamos”, aseveró el ciudadano de 74 años de edad.

El miércoles 1 de septiembre ingresó a la Defensoría del Pueblo una queja del colectivo Centro Histórico sobre el presunto incumplimiento de Jorge Yunda a una resolución que establece tiempos de entrega para planes a favor del casco antiguo.

Según la denuncia, el alcalde de Quito habría incumplido en la resolución C071-2020 aprobada por el Concejo Metropolitano el pasado 26 de agosto de 2020.

En dicho documento los ediles solicitan al alcalde que “adopte medidas encaminadas a atender las necesidades emergentes y prioritarias de la Zona Especial Turística Centro Histórico”. También exhortan a Jorge Yunda para que junto a las entidades de seguridad planteen un plan de acción emergente para combatir la inseguridad.

Finalmente dicen que el alcalde pida al Gobierno Nacional que retire las vallas metálicas de vías aledañas para una reactivación económica.

Johnny Núñez, representante del colectivo Centro Histórico, afirma que las pérdidas económicas de los locales de esta zona ascienden al 40 %, aproximadamente. Incluso, algunos han llegado al cierre definitivo a causa de los recurrentes cierres de las vías aledañas al edificio del Municipio.

Por su parte, el alcalde Jorge Yunda respondió que la disposición de colocar las vallas alrededor de la Plaza de la Independencia no nace desde la Municipalidad. Sin embargo, ofreció buscar otras alternativas para pedir que se retiren las vallas y que se reactiven las actividades económicas del sector.

Con la denuncia esperan que la Defensoría del Pueblo emita una respuesta sobre la recomendación o sanción correspondiente según informaron los representantes del colectivo. (I)