Trabajo de inteligencia de la Policía Nacional llevó a un allanamiento dentro de un domicilio ubicado en Cumbayá, parroquia del nororiente de Quito. En la vivienda se encontraron 108 armas entre cortas y largas, con más de 4.000 municiones de distinto calibre.

El operativo llamado Arsenal se desarrolló la madrugada del miércoles 17 de enero.

José E. fue detenido y trasladado hasta la Unidad de Flagrancias para que sea procesado por el presunto delito de tráfico de armas. En el lugar también encontraron una prensa que sirve para recargar cartuchos y pólvora.

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Desde la Policía aseguraron que este operativo se dio en el contexto del conflicto armado interno que afronta el país y que se evitó que se comercialicen armas a los grupos de delincuencia organizada.

Sin embargo, la defensa legal del ciudadano detenido habría presentado el argumento de que esas armas forman parte de una colección privada.

Teodoro Coronel, abogado defensor del ciudadano procesado, señaló a este Diario que su cliente tiene 63 años, posee una enfermedad catastrófica, está impedido de levantarse de la cama, tiene asistencia de oxígeno y que por eso la autoridad le dio arresto domiciliario.

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Además, precisó que en el momento en que se realizó el allanamiento los policías señalaron que él sería un comerciante de armas para grupos de crimen organizado, pero que después se demostró que no tiene nexos con ninguna banda ni es comerciante de armas, por lo que se decidió procesar por presunto tráfico ilícito de armas.

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Coronel agregó que, de las 108 armas, el 85 % cuenta con un registro ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque aceptó que están caducados por el estado de salud de su defendido.

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Finalmente, explicó que entre este lote están armas de colección, de cacería, deportivas, un arma a compresión de aire y una tipo Glock que es para defensa personal, pero que todas cuentan con la documentación de quienes le vendieron las armas. También que varias de estas armas no han sido ni siquiera disparadas por el valor que tienen en el mercado debido a su historia.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, César Zapata, puntualizó que toda la evidencia y operativo se ha pasado a través de un parte policial y a través de un análisis pericial, se ha enviado ya a la Fiscalía para el trámite correspondiente.

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“Ahí sabrán determinar por qué actuó Policía Nacional, porque la persona no tenía ningún permiso de posesión de esas armas, no tenía ningún tipo de autorización; entonces, todo eso tendrá que ir ventilándose en la Fiscalía y llegar a determinar por qué tenía esa cantidad de armas y para qué es lo que ellos iban a utilizar”, enfatizó.

Según el comandante, el procedimiento realizado por los agentes estuvo amparado en la parte legal, y ahora todo está en manos de la Fiscalía, entidad que tiene 30 días de instrucción fiscal para encontrar elementos sobre este proceso. (I)

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