El Objetivo 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Este objetivo busca ir más allá de la cobertura y asegurar calidad.

Sin embargo, en Ecuador, la educación ha sufrido importantes reveses derivados de la pandemia, pues entre 2020 y 2021 miles de niños y jóvenes quedaron fuera del sistema, por problemas de conectividad en sus territorios, falta de dispositivos electrónicos, limitada preparación de docentes, analfabetismo digital de los estudiantes, entre otros factores que sin duda hipotecaron las oportunidades presentes y futuras de una generación.

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De ahí que, según Jorge Calderón Salazar, rector del Tecnológico Universitario Argos, la política pública debe facilitar no solo el acceso a la matrícula en todos los niveles educativos, sino también la permanencia en el sistema, de cara a que adquiera las competencias necesarias para mejorar su capacidad de adaptabilidad ante los desafíos que enfrentará. ”Es fundamental la articulación de la política pública en todos los niveles de Gobierno, así como también mejorar la coordinación con los diversos actores de la sociedad civil para garantizar mejores resultados hacia una educación inclusiva de calidad”, sostiene Calderón, experto en economía y administración de empresas.

En tanto, Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Espol, coincide en que se necesita mayor integración entre los actores, además de incentivos para que se den estas alianzas y poder ofertar educación inclusiva, equitativa y pertinente. Considera, además, que en nuestro país no existe una política pública clara que promueva la calidad, particularmente en educación superior.

Y aunque se necesita que las universidades ofrezcan más cupos para que los jóvenes puedan acceder, si esto último se hace sin la calidad suficiente, los graduados difícilmente podrán acceder a un empleo adecuado y a otras oportunidades que agreguen valor a la sociedad, y finalmente tengan un impacto en el desarrollo del país.

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Según cifras del INEC, el presupuesto para educación en el periodo 2021-2022 fue de $ 2.956,81 millones. “Si bien se ha asignado un mayor presupuesto en el 2023, la fórmula de distribución de estos recursos premia la oferta de cupos sin una adecuada valoración de la calidad de dichas ofertas”, añade Verduga.

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Para garantizar una educación que cumpla con los estándares requeridos en el ODS 4, Calderón menciona, varios aspectos. Entre estos, la movilización de recursos que permitan el desarrollo de actividades que potencien el aprendizaje de tecnologías de información, lenguas extranjeras, habilidades blandas y más.

También, desarrollar procesos de educación continua que faciliten la actualización de conocimientos de los directivos y docentes, especialmente para reforzar la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza; potenciar las diversas modalidades de educación (presencial, a distancia, online, virtual, híbrida, etc.) para garantizar el acceso de todos los grupos poblacionales.

Hay además que actualizar constantemente los programas académicos para garantizar mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes, dice Calderón.

Por su parte, Paredes Verduga sugiere promover el trabajo con planes de desarrollo de los territorios, en donde la academia sería quien provea los programas de formación para soportar estos planes.

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Para esto último, agrega la experta, se requiere que el Gobierno establezca incentivos como becas, y también que invierta en ciencia y tecnología.

“El conocimiento es dinámico, y si no se invierte quedamos condenados a enseñar solo lo que los libros dicen, sin tomar en cuenta la experiencia científica alineada a las realidades locales”, manifiesta la rectora.

Datos

La tasa de matrícula neta en el país es del 95,64 % en EGB y el 63,36 % en bachillerato.

Las provincias con más analfabetismo son Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Cañar. (I)