Por unanimidad, la Asamblea Nacional tramitó la objeción parcial del Ejecutivo por inconstitucionalidad del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que permite la regulación de las plataformas tecnológicas por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y por los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.