Empresas grandes, firmas con ‘suerte’, asociaciones y personas naturales están entre los proveedores del Municipio de Quito

Para pagar a los dueños de los terrenos donde se construirá el nuevo complejo ambiental sanitario en el sector El Inga, el Municipio de Quito destinó $ 14,2 millones de sus recursos en el 2023. La mayor parte, $ 11,9 millones, se asignó a José Salazar y otros, mientras que $ 1,1 millones se dieron a la empresa Interaseo Ecuador, firma que además fue contratada para construir el último cubeto y piscina de almacenamiento de lixiviados ($ 4,9 millones), en octubre del año pasado.

Esta empresa, que entre 2010 y 2015 realizó obras en este mismo relleno sanitario por más de $ 24 millones y que desde 2020 no registra operaciones económicas, figura en el listado de los 1.528 proveedores que durante el primer año de gestión del alcalde Pabel Muñoz han participado de las obras públicas en la capital. En total, las 20 entidades que conforman la administración de Quito suman 6.700 contratos por $ 333,7 millones, según los registros del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

De los 1.528 contratistas, 48 concentraron adjudicaciones por más de un millón de dólares, que bordean los $ 120 millones, es decir, el 36 % de los recursos invertidos hasta el 30 de abril de este año 2024. Entre ellos se encuentran empresas grandes, locales e internacionales, como ElectrónicaGoia, Construcciones Ulloa, Omnibus BB Transportes, GPS Global Protection Security, Iturri, Quimpac, Seguros Alianza, Danton y Sefiem.

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Entre los contratistas también figuran al menos dos casos de proveedores que mantienen relaciones comerciales con otros contratistas municipales. Naranjo López Constructores y tres de sus clientes, por ejemplo, obtuvieron ocho contratos por $ 3,5 millones.

Dos de estas compras, por $ 1,6 millones, las recibió Naranjo Constructores de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para rehabilitar las calles Hernando Chica, Leonardo Murialdo y Diego de Almagro, y proveer de mezcla bituminosa para el plan de repavimentación.

Esta empresa familiar, de $ 1,3 millones de capital e ingresos por casi $ 6 millones (2023), tiene como negocio ‘medular’ la venta de mezcla asfáltica. Entre sus principales compradores, según su último reporte financiero (2023), están la Epmmop, la compañía Corporación H2R y los contratistas Marco Peralta y Édison Erazo.

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Dos de estos tres últimos contratistas también recibieron obras de la Epmmop. La Corporación H2R, que tuvo ingresos totales por $ 165.315 en 2022, fue elegida para la rehabilitación vial y reparación de calzada por $ 901.667; mientras que el ingeniero civil Marco Peralta fue seleccionado para el mismo trabajo en la zona de Tumbaco por $ 638.385.

En cambio, Édison Erazo recibió tres contratos de otras empresas municipales: la Epmaps, Rastro y Municipio de Quito, para hacer reparaciones de edificio, adecuaciones de seguridad industrial e instalación de piso sintético en una cancha de índor por $ 384.760. “Los tres (procesos) fueron por la metodología de menor cuantía de obras, que adjudica los procesos mediante sorteo, una vez que se hayan cumplido los requerimientos”, afirma Erazo y asegura que en el contrato de la Epmaps, por ejemplo, hubo 204 proveedores que aceptaron participar, pero apenas unos 40 presentaron su oferta y solo trece fueron habilitados: “De esos trece, mediante sorteo, el sistema del Sercop adjudica a una persona. En este caso, me adjudicaron a mí”.

Esas tres obras, aclara, no requerían asfalto. Ese material le compró a Naranjo López Constructores, agrega, para una rehabilitación vial que hizo en 2022 para la Epmmop. “Les conocí exclusivamente para ese proceso, hablamos por teléfono y los plazos que me daba para entregar el material eran adecuados a lo que yo necesitaba”, apunta Erazo.

Otro caso de proveedores relacionados comercialmente lo conforman Intecco y los ingenieros civiles Iván Fernández y Luis Espinoza, que en conjunto recibieron $ 2,6 millones.

Intecco y Fernández se unieron a un tercer participante para formar el consorcio Confescor San Juan de Calderón, el cual recibió $ 1,9 millones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua (Epmaps) para culminar el proyecto de agua potable para la parroquia San Juan Calderón, que está en fase de construcción y se tiene previsto entregar en agosto próximo.

Con capital de $ 400 y sin ventas en su último informe financiero (2022), Intecco fue elegida -como parte de otro consorcio- por la misma empresa municipal por $ 385.886 para elaborar los diseños de un colector de alivio en la quebrada San Vicente. En tanto que a Espinoza, socio de Fernández en otra compañía, lo seleccionó la Epmaps para dotar de válvulas a la Epmaps por $ 297.100.

“Con la Empresa de Agua (Epmaps) creo que he ganado, tal vez, unos siete, ocho procesos en quince años y todos han sido así, con la propuesta más baja. Nunca nadie me ha dicho ‘oiga, sabe qué, deme para las colas o alguna cosita’, nunca”, refiere Espinoza, quien durante esos quince años de experiencia como proveedor público -de tuberías y válvulas- también vende sus insumos a privados, como Fernández, a quien considera su amigo: “Les he vendido para algunos proyectos, en Cuenca y Quito, desde hace unos años”.

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En el listado de contratistas municipales también figura la compañía Gonarmi Seguridad Privada, creada en 2018 y representada por la enfermera Gladys Armijo. Con $ 10.000 de capital e ingresos por $ 572.764 (en 2022), esta firma obtuvo un contrato -adjudicado en octubre de 2023- para dar el servicio de vigilancia a las oficinas de la Epmmop por $ 2,9 millones.

La contratación de esta empresa se realizó a través de catálogo electrónico, mecanismo de compras que no permite acceso abierto a los documentos del procesos en la plataforma del Sercop. ”Fue por suerte, el algoritmo del Sercop determina la suerte y en esta ocasión nos tocó a nosotros”, dice Stalin González, vocero de Gonarmi, quien asegura que este procedimiento da oportunidad a pequeños y medianos negocios: “Si ganabas un contrato por subasta le llamaban a pedir algo, en cualquier parte. Con el catálogo se eliminó mucho eso, sí lo hay todavía, pero en menor magnitud. Y por parte del Municipio, por lo menos, no hemos recibido llamadas de nadie a pedir nada”.

El contrato de seguridad de Gonarmi finaliza en cinco meses, lapso en el que la empresa dará el servicio de vigilancia a los parques quiteños con más de 300 guardias, personal que fue ‘heredado’ de la contratista anterior. “No es que en ese momento contratamos los 340, lo que se cambia son los procedimientos, los procesos operativos, los uniformes y se verifica que el personal cumpla con los requisitos mínimos, entrenamiento, credenciales, certificado de antecedentes penales”, refiere González.

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Asimismo, a través de catálogo electrónico, el cabildo quiteño y sus entidades públicas asignaron $ 70,2 millones en más de 5.100 procesos. Entre ellos figuran decenas de asociaciones, proveedores que concentraron casi $ 24 millones en mantenimiento de áreas verdes, limpieza de inmuebles, alimentación, adecuaciones y remodelaciones, confección de prendas de vestir, entre otros servicios.

En ese grupo están Asocolimpio, organización que entre julio y marzo de 2024 fue contratada por la Epmmop para dar mantenimiento de jardines, parques y plazas por $ 3 millones; Asoerle, elegida por la Epmmop y el cabildo para labores de limpieza por $ 1,7 millones; y Asosermague, también seleccionada por la Epmmop para mantener los espacios verdes por $ 1,4 millones.

Otros recursos municipales, que suman $ 89 millones, fueron destinados a 2.100 personas naturales. Entre ellos, Luis Santamaría, a quien la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP) le compró en diciembre pasado cuatro tipos de químicos para tratar los lixiviados del relleno sanitario por $ 2,1 millones, el doble de lo que propuso Quimpac, cuyo gerente Mauricio Miño señaló que la propuesta elegida por la Emgirs-EP “tiene más de $ 1,5 millones de incremento” e “inconsistencias” en la calificación del VAE (Valor Agregado Ecuatoriano).

El proveedor Santamaría negó ante el Sercop dichas inconsistencias y explicó que cuando los otros participantes bajaron su oferta, a la que calificó de ‘ínfimas’ respecto al mercado, también se les redujo la puntuación del VAE.

En este caso, el Sercop suspendió el proceso, revisó el caso y más tarde levantó la medida para que la entidad continúe con la sesión de negociación con el contratista, lo que se dio el 4 de diciembre de 2023. En dicha reunión, la Emgirs-EP acordó con Santamaría una reducción del 29,7 % del presupuesto. El contrato se adjudicó el 11 de diciembre con un plazo de nueve meses.

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Otro de los contratistas naturales es José Naranjo, quien recibió del Cuerpo de Bomberos un contrato por $ 367.701 para proveerles de diez kits de bombas de alta presión para equipar camionetas para controlar incendios forestales.

Naranjo, hijo de una exfuncionaria de Quito Honesto que registró su ingreso a una dirección en la Epmmop en septiembre pasado, fue escogido en la puja por su oferta más baja. Y al no requerir experiencia general ni específica, su propuesta la hizo a través de su RUC, cuya actividad es “venta al por menor de bebidas no alcohólicas” desde 2017. También tiene otros dos establecimientos, entre ellos, SmartGo, local dedicado a dar servicio técnico, de accesorios, tecnología y repuestos. (I)