Marcelo Espinel es abogado y obtuvo un máster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona (España).

Se desempeña como subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es una entidad que funciona desde el año 2009.

La organización promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana como estrategias para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Ecuador.

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Además es el capítulo de Transparencia Internacional en el país.

A su criterio, ¿qué revela el caso Purga?

En los últimos meses hemos evidenciado el deterioro sistemático de las instituciones del Estado, la penetración del crimen organizado, así como también la práctica de actos corruptos a distinto nivel, y que al fin se están trasladando en acciones judiciales que podrían dar como resultado la sentencia de personas involucradas en esta vulneración a la independencia de justicia, a la legalidad.

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El caso Purga no es aislado, el caso Metástasis, sino que nosotros estamos viendo pequeñas muestras de estos problemas estructurales que atraviesa el sector justicia desde hace muchísimos años y que ya habían sido denunciados; es decir, esto a la larga era un secreto a voces: la compra de sentencias, la influencia del poder político en, precisamente, las sentencias judiciales.

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¿De qué manera se podría recuperar la confianza en el sistema judicial?

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Es necesario pensar en una reforma profunda. Esto no se puede dar con soluciones parche. La salida de uno, dos, diez jueces no va a cambiar este problema que ya está enquistado en el Estado.

Creo que es importante pensar: ¿por qué está sucediendo esto? Estamos frente a procesos de designación, evaluación de jueces que no son transparentes, que responden más bien a prácticas clientelares.

El único responsable en este momento es el Consejo de la Judicatura. Es una institución que no funciona, que no está cumpliendo con su razón de ser. Entonces, debemos pensar en cómo se modifica esto. Por otro lado, la carrera judicial en Ecuador no funciona en absoluto.

Tenemos a operadores de justicia en distintos niveles que, en lugar de tener un comportamiento ético y cumplir adecuadamente sus obligaciones, lo que hacen es responder a intereses político-partidistas e incluso ahora al crimen organizado. Y, finalmente, otras de las razones que estamos evidenciando como causas de este problema estructural son la debilidad de los partidos políticos, el incumplimiento de las entidades de control al respecto de tanto el financiamiento de la política como la selección de sus candidatos y la penetración del crimen organizado en el financiamiento de la política.

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Eso hace que aquellos individuos que logran tener una candidatura y después un cargo busquen la devolución del favor del financista ilegal, en este caso, a través de la influencia en las resoluciones del sistema judicial, como lo estamos viendo en el caso del exasambleísta (Pablo) M.

Tenemos que repensar el funcionamiento del Estado respecto del orden jurisdiccional y el sistema democrático electoral.

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Usted se refiere a una reforma profunda. ¿Qué alcances tendría? ¿Una nueva Constitución?

Yo no soy enemigo de que se piense en una reforma constitucional que nos haga rediseñar el Estado ecuatoriano, y es claro que instituciones como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral no están cumpliendo, y aquí tenemos dos posibilidades: o cambiamos estas facultades o, en su defecto, se exige a las instituciones de control que cumplan su labor.

La Contraloría debería estar iniciando (...) procesos en contra del Consejo de la Judicatura por estos procesos disciplinarios que probablemente no están siendo realizados de forma correcta. La misma Contraloría, así como la UAFE y la Fiscalía, deberían estar iniciando procesos de investigación y posible sanción sobre cómo se está financiando la política en el país.

La Asamblea tiene una obligación de fiscalizar este tipo de hechos del Consejo de la Judicatura, así como de otras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral. Tienen que ser fiscalizados, pero no se hace de forma responsable.

¿Cuál es la reforma profunda?

Procesos de designación, evaluación y destitución de jueces que sean transparentes y que respondan a parámetros objetivos. Es necesario hacer una evaluación de todo el sistema judicial. Una reforma profunda al sistema de partidos políticos y a nuestro sistema electoral.

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¿Estos procesos de designación estarían a cargo de la Judicatura?

Tiene como facultad. El problema es que esos procesos están siendo llevados por una institución que tiene una integración basada únicamente en suplentes.

Una integración que hace un par de semanas estaba integrada por vocales cuestionados por la misma justicia. ¿Quiénes son los responsables de tener ese tipo de representantes? El Consejo de Participación Ciudadana; y, si regresamos a ver un poco más atrás, son las instituciones que mandan las ternas para poder integrar el Consejo de la Judicatura: la Presidencia de la República, la Defensoría Pública, la misma Corte Nacional de Justicia. Entonces, el problema que atraviesa nuestro país es estructural, grave; es profundo.

El problema viene desde muchísimo tiempo atrás. Es algo que siempre se ha venido advirtiendo: que el esquema actual del Ecuador, su modelo institucional no funciona, y que termina siendo permeable a la corrupción y a intereses político-partidistas de turno.

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¿Habría que cambiar el modelo institucional?

Es pertinente discutir cuál es el modelo institucional ecuatoriano. No está en duda el catálogo de derechos. Nuestra Constitución tiene dos partes: dogmática y cuál es el diseño institucional; tiene que evaluarse. Va de la mano de analizar cómo se integra el Consejo de Participación y sus facultades, y si tiene que existir o no hasta cómo se están financiando las campañas políticas.

En el momento en que nosotros queremos modificar la estructura del Estado tenemos que ir a una Asamblea Constituyente, y existe la posibilidad de que, o las cosas mejoren, o empeoren. (I)