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Consulta popular antiminera en Quito fue negada por la Corte Constitucional

El área de explotación minera incluye el Chocó Andino que fue declarado, por la Unesco, como parte de las Reservas de Biósfera

La zona del Chocó Andino, en el noroccidente de Pichincha, abarca aproximadamente 287.000 hectáreas de bosques, páramos y ríos. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSO

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Este miércoles, 30 de junio, la Corte Constitucional emitió su dictamen negando la consulta popular que buscaba detener la explotación minera en Quito. Entre las zonas que integran la Mancomunidad del Chocó Andino se encuentran las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.

En el dictamen se refiere a la propuesta de consulta popular como “improcedente”. El plebiscito buscaba prohibir la minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Este pedido fue ingresado por grupos ambientalistas en marzo de este año.

Sylvia Bonilla, abogada patrocinadora de la consulta, dijo que se presenta un “problema jurídico respecto de la valoración de la constitucionalidad de las preguntas, y este criterio que la Corte ha inventado respecto a la congruencia democrática”, motivo por el que se negó la consulta popular. “Se ha limitado y restringido el derecho a la participación contemplado en la Constitución”, añadió.

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Por su parte, el colectivo Quito Sin Minería, en rueda de prensa virtual la mañana de este jueves 1 de julio, rechazó la decisión de la Corte. Verónica Potes explicó que es la sexta vez que se intenta llegar a la consulta popular y se les sigue “poniendo cortapisas” a esta solicitud.

Dos áreas serían las intervenidas para evitar la explotación minera. La una es la correspondiente al Chocó Andino y la otra es el subsistema de áreas protegidas del Municipio de Quito. Ese habría sido uno de los motivos de la Corte para negar la petición de consulta. “La pregunta se vuelve compuesta”, agregó Potes.

Aunque existe un espacio donde se cruzan los dos espacios, la decisión de negar el plebiscito fue justificada por la Corte por ser ambigua y desleal con el elector.

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Sin embargo, la posibilidad de subsanar errores y presentar nuevamente la propuesta en la Corte está abierta.

Para Inty Arcos, miembro de la Mancomunidad y activista, se refirió a la necesidad de preservar las áreas protegidas para futuras generaciones. Aun así, dijo que es decepcionante el accionar de la Corte y se debería “respetar la Constitución”. Finalmente, añadió: “La resistencia continúa en las comunidades, en los territorios. Vamos a seguir tocando puertas”. (I)

Redacción
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