Este martes 13 de julio no se instaló por segunda ocasión consecutiva la sesión de Concejo Metropolitano convocada por Jorge Yunda. Seis concejales asistieron a la sala de reuniones del Concejo, por lo que no hubo el quorum reglamentario para su instalación.

Varios ediles habían mencionado que no asistirían a esta convocatoria por su ilegalidad, tomando en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la remoción del alcalde y ha ejecutoriado su decisión.

Los concejales que asistieron a esta sesión fueron: Soledad Benítez, Marcia Méndez (alterna de Luis Robles), Blanca Paucar y Luis Reina, de Compromiso Social (correísmo). También estuvieron presentes Alicia Molina (alterna de Orlando Núñez - independiente) y Marco Collaguazo, de Unión Ecuatoriana.

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Los concejales de oposición a Yunda acudieron a la Unidad Judicial Norte, con el fin de solicitar celeridad en la revocatoria de las medidas cautelares que se concedieron a favor de Yunda el pasado 7 de julio.

El concejal Luis Reina, de Compromiso Social, hizo un llamado a rectores de las universidades de Quito para que se conviertan en mediadores por la institucionalidad de Quito. “Esto no depende del Concejo y peor cuando no se responde a las convocatorias”, mencionó, refiriéndose a los ediles que no estuvieron presentes.

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“Siendo las 09:25 no se instala la sesión, gracias”, dijo Jorge Yunda y abandonó la sala de sesiones.

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Después de esto, la procuradora Metropolitana, Gabriela Obando, dio una rueda de prensa. En esta dijo que la situación jurídica del alcalde es en funciones y que se está desinformando por ciertos medios de comunicación que han llamado como exalcalde a Jorge Yunda.

También llamó a acudir a sus lugares de trabajo a varios funcionarios del Municipio de Quito que no estarían asistiendo.

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Obando también señaló que si los concejales incurren en una tercera falta, a las sesiones del Concejo, se establecerá la normativa del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para incurrir en sanciones administrativas y posibles casos de destitución de su cargo.

Por su parte, el concejal Fernando Morales llamó de “artimañas jurídicas” a las declaraciones de la procuradora. “No entiende que no es abogada particular del alcalde, que es abogada del Distrito Metropolitano, por lo tanto no puede dar ese tipo de declaraciones”.

Además, con referencia a las sanciones, enfatizó que “la convocatoria es ilegal porque ya no es alcalde y puede caer en un delito de usurpación” (I)