Un presupuesto para todo el año que esté acorde con la realidad de la que califican como la otra pandemia: la violencia de género; protocolos y procedimientos funcionales y claros donde la agredida no sea revictimizada; atención prioritaria y servicios suficientes, fortalecimientos de espacios de articulación y, sobre todo, menos discursos y más acciones piden representantes de organismos defensores de los derechos humanos, de la mujer y de la familia.

Esto tras el anuncio presidencial de la activación inmediata del llamado Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, que se dio el 27 de septiembre último y que incluye también la puesta en marcha, en el plazo de un año, del denominado Registro Único de Violencia (RUV). Ese día, el mandatario, Guillermo Lasso, habló de que 6 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido algún tipo de agresión en Ecuador.

La creación de aquel registro (RUV) constaba desde febrero del 2018 en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, pero no se cumplió.

Ahora se busca llegar a ‘femicidio cero’ y tener el “mejor registro de Sudamérica”, según las expresiones de Lasso.

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Pero además de la habilitación de este sistema que ven como un avance -siempre y cuando se cumpla- grupos y representantes de derechos humanos y de género consideran vital resolver prioridades como tener y destinar el presupuesto adecuado para atender esta problemática, coinciden Billy Navarrete, Geraldine Guerra, Annabelle Arévalo y Verónica Valdez, de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan de lleno en estos temas.

“Queremos que no se quede en los discursos (la activación del sistema de protección) y para que esa voluntad política se concrete en todos los territorios, tanto urbanos como rurales, se requiere que se entregue financiamiento eficiente y suficiente a los territorios, porque la prevención de la violencia no solamente son palabras, son acciones concretas, y las acciones concretas se realizan con presupuesto”, expone Geraldine Guerra, de la Red Nacional de Casas de Acogida para las mujeres (y sus hijos) víctimas de la violencia, una iniciativa que nació de la sociedad civil y que hoy cuenta con ocho casas en Ecuador.

Guerra asegura que una casa de acogida requiere más de $ 300.000 y $ 400.000 al año para poder sostener el servicio, considerando que se da las 24 horas del día, durante todo el año. En estos espacios, las mujeres tienen lo que necesitan “para la vida y se les hace un acompañamiento integral e interdisciplinario” para ayudarlas a salir de la violencia, agrega.

A las ocho casas de este grupo se suman cinco de la red de la Secretaría de Derechos Humanos (entidad del Estado) y otras de pequeños gobiernos locales o provinciales. Pero estas últimas no invierten en todos los servicios por falta de recursos económicos. Por eso, dice, es fundamental la alianza entre el Estado y la sociedad civil, para complementar la ayuda. “El Estado tiene que cumplir fortaleciendo esos servicios y entregando el presupuesto a tiempo, suficiente, y para los 12 meses del año”, refiere.

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En este 2021, y solo hasta el 20 de septiembre, iban 142 femicidios (la violencia más extrema) en el país, según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador. Se trata de la cifra más alta que tienen desde el 2017 cuando empezaron a graficar este registro. Por eso, y ante la escalada de violencia y asesinatos de mujeres, sus integrantes piensan en declarar la alerta roja, pues sostienen que es urgente trabajar en la prevención, ya que la muerte de la víctima es el último escalón al que no se debe llegar.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cuenta que, además del presupuesto y de la disponibilidad de las casas de acogidas que son necesidades urgentes por cubrir, está la violencia sexual hacia las niñas.

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“Es un tema muy serio, poco tratado, y con mucha resistencia por parte del Estado, me refiero al aborto por violación, que son fenómenos que ocurren al interior de las casas donde se ha concentrado la violencia no por circunstancias personales… Las violencias son expresiones de problemas estructurales… y ahí hay otros temas que tiene que ver con la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”, manifiesta Navarrete.

Otro tema prioritario, agrega, es fortalecer los espacios de articulación interinstitucional, tanto de las entidades públicas como de las de la sociedad civil, que podrían articular mejor el trabajo.

“Debe de existir una promoción de mesas interinstitucionales para que en cada localidad, incluso en cada barrio, a través de, por ejemplo, la policía comunitaria, pueda convocarse a las entidades que están en cada sector y poner esto por delante, cada sector tiene sus particularidades, sus modos, y eso tiene que considerarse. No puede haber mucha distancia en los tomadores de decisiones con relación a las realidades cotidianas, ahí hay una tarea que se tiene que dar y eso es bastante en realidad”, explica Navarrete.

Annabelle Arévalo, psicóloga clínica del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), menciona que el registro que se piensa hacer, el RUV, como parte del sistema, no funcionaría por sí solo para lograr la erradicación de la violencia basada en género, pues se requiere que todas las instituciones, públicas y privadas, así como la sociedad en general se activen ante cualquier caso de violencia, así sea un solo caso.

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“Todo (debe ser) sincronizado para prevenir, atender y reparar a las sobrevivientes de la violencia. Se requieren procedimientos claros; protocolos específicos; recurso humano suficiente; acceso a la justicia desde la denuncia, donde haya un abordaje sensibilizado y todos los cuidados necesarios para no revictimizar, hasta la etapa de la sanción; acompañamiento especializado para su reparación y restauración del daño ocasionado en las sobrevivientes; trato en igualdad de oportunidades para su desarrollo y autonomía libre de violencia; apoyo para emprendimientos y así alejarse de los agresores; protección para la no repetición, además, considerar un abordaje personalizado dependiendo de las especificidades de cada sobreviviente”, detalla Arévalo.

Verónica Valdez, del grupo Disidentes Violetas, que trabajan con víctimas y ayudan a dar alertas ante agresiones, menciona que desde que se anuló el presupuesto para prevenir esta problemática a inicios del 2020, por la pandemia del COVID-19, las cifras de violencia se han triplicado. Y si bien, agrega, debe existir un registro con cifras reales sobre la violencia de género, estos ya los tienen y exponen las fundaciones y grupos que llevan estas estadísticas y que hacen seguimientos de estas.

Para el grupo es vital que se realicen protocolos funcionales y que permanezcan activos en “pro de reeducar en enfoque de género, tanto a la sociedad como al Estado, ya que estos al manejarse con estructuras heteropatriarcales y colonialistas revictimizan, desprotegen y favorecen la desigualdad hacia las figuras feminizadas, además de la autonomía de las mismas sobre sus cuerpos, economía y educación”, dice Valdez.

Uno de los mayores problemas por resolver, asegura, es el considerado “cero enfoque de género” en servicios públicos y también en los judiciales, que lleva a la deserción de denuncias o a la ausencia de estas. Cree que los procesos deben ser inmediatos. “Hay cientos de casos de femicidios y violencia, tanto física como psicológica, que se han quedado rezagos sin respuesta alguna. Debemos exigir y cuestionar estos modelos de protección, cuestionar si los protocolos activos son de libre acceso. Y las trabas que existen en estos (procesos hay que) visibilizarlas, corrigiéndolas con campañas afirmativas, asesoradas por fundaciones y organizaciones con perspectiva de género con el objetivo de educar y reeducar”, cita Valdez a nombre de este colectivo social. (I)