Cuando María Cantos inició el proceso de pedir un crédito educativo en 2021, el asesor del banco le dijo que lo más difícil iba a ser lograr que su universidad entregue de forma ágil y precisa los documentos requeridos.

Sin embargo, eso no fue lo que le dio problemas. Fue el requerimiento de un garante lo que le imposibilitó acceder a financiamiento para seguir cursando Medicina en una institución privada. Uno tras otro, los candidatos a garantes que llevó María a su banco fueron rechazados.

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“Yo apliqué pospandemia. Mis garantes en esa época se habían atrasado en pagos, habían caído en mora, cosas así. A la final me di por vencida. Había llevado a todos los garantes que pude”, indica la joven, de 25 años de edad.

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La cartera de crédito educativo en el país ha ido cayendo desde 2019, según información de Datalab, plataforma de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) que utiliza datos oficiales de la Superintendencia de Bancos.

En diciembre de 2019, la cartera de créditos educativos, es decir el saldo de la deuda acumulada, fue de $ 400 millones. Para febrero de 2024, esa cifra ha caído a $ 244 millones, una reducción del 39 %.

A su vez, el volumen de créditos educativos también ha disminuido, pasando de $ 42 millones en 2019 a poco más de $ 15 millones en 2023, una disminución del 64 %.

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El banco con más volumen de créditos educativos en 2019 fue el Pacífico, que acogió la cartera del desaparecido Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, entidad del sector público que daba estos créditos.

En 2023, el Banco Pichincha tomó su lugar al convertirse en el que más créditos otorgó. No todas las instituciones financieras dan este tipo de préstamos.

El listado incluye a los bancos:

  • Pichincha
  • Pacífico
  • Loja Bolivariano
  • Guayaquil
  • Produbanco
  • Machala
  • Procredit

Incertidumbre económica y morosidad influyen en caída de créditos

El desfile de garantes rechazados que María llevó a su banco encapsula lo que Doménica Negrete, docente de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Casa Grande, cree que influye en que haya menos financiamiento para créditos educativos.

“Siempre les digo a mis estudiantes que hay un mundo que existió antes del 2020 y otro después de eso, en muchos sentidos, que subió los componentes del crédito: la incertidumbre y el riesgo”, explica.

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Los indicadores económicos también influyen en que la banca privada “sea más renuente” a dar créditos educativos. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de febrero de 2024 ponen el desempleo en jóvenes de entre 18 y 29 años en 10,7 %, cifra más alta que la de agosto de 2022, cuando llegó a 9,9 %.

Los sueldos, además, tampoco son suficientes para cubrir los intereses de un crédito: el ingreso laboral promedio de jóvenes de 18 a 29 años fue de $ 385,2 en febrero pasado, según el INEC.

Todo esto contribuye a la alta morosidad de los créditos educativos en la banca privada, que pasó de un promedio de 0,67 % en febrero de 2019 a 6,24 % en el mismo mes de 2023, según Datalab.

Para febrero de 2024 la morosidad se ubica en 4,70 %. Sin embargo, esto es menos que los segmentos de microcrédito y consumo, que presentan tasas de morosidad de 7,28 % y 5,22 % para el mismo periodo de este año, respectivamente.

La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, vigente desde diciembre de 2023, incluyó una forma de alivio para los deudores de créditos educativos, como las 6.254 personas que pidieron créditos a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

La ley explica que los jóvenes pueden acogerse a una remisión de intereses y recargos generados, a 12 meses de gracia y a 150 días más para cancelar el 50 % del capital. Esto aplica para “cualquier institución pública”, incluyendo al IECE y el Instituto de Fomento al Talento Humano, ambos extintos, además de la Senescyt.

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Los factores socioeconómicos también varían entre provincias, demostrado por el rango de porcentajes de morosidad en los diferentes territorios del país.

la provincia de Los Ríos tiene la tasa de morosidad más alta del país, con 18 %. Sigue Pastaza (17,1 %) y Esmeraldas (14,5 %). Las que registren una menor morosidad en el país, en cambio, son Cotopaxi, Napo y Azuay, con 2,0 %, 2,2 % y 3,0 %, respectivamente.

Según la encuesta anual de desempleo del INEC, Napo tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país con 0,8 %. Esmeraldas, en cambio, tiene la más alta, con el 9 % sin empleo.

Para Negrete, parte del motivo de las cifras de desempleo es que los empleadores no apuestan por los jóvenes profesionales ecuatorianos “por un tema de experiencia”, y que deberían ser el sector privado tanto como público los que den esa experiencia.

“Si las empresas no contratan a jóvenes, los bancos no van a apostar por ellos tampoco”, indica la experta. “Si el histórico dice que no se se están pagando los créditos educativos, por supuesto que no van a apostar por ellos”.

Esto, explica, podría resultar en un círculo vicioso donde jóvenes, sin encontrar financiamiento para sus estudios, deciden trabajar primero y luego costearse sus estudios, “aumentando la brecha en la formación profesional ecuatoriana”.

La falta de financiamiento ha obligado a muchas instituciones educativas a ofrecer planes de pago, descuentos, becas y demás instrumentos a los alumnos que no pueden solventar el gasto en educación.

Milton Paredes, coordinador del Decanato de Posgrados de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), explica que existe un cambio en el perfil de aquellos que buscan realizar estudios de posgrado.

Antes de la pandemia, explica, se trataba de profesionales con cierta trayectoria, mayores de 35 años, que buscaban consolidarse en sus respectivos campos. Ahora el aspirante típico acaba de completar su pregrado y lo más probable es que esté financiando su maestría con ingresos de su primer trabajo.

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“Muchos de ellos ni siquiera tienen un perfil crediticio formado. Me imagino que, si revisáramos su historial en algún buró de crédito, saldrían perfiles vírgenes”, expone. “A partir de ese perfil, estas personas posiblemente no tengan un garante, un credit score atractivo para los bancos, ni acceso a tarjetas de crédito”.

Esto ha obligado a las universidades, agrega, a buscar otras opciones, como las ya mencionadas becas y descuentos, además de pagos diferidos con o sin intereses, créditos directos sin intereses.

Aunque Paredes menciona que la Espol sí ha tenido “acercamientos con bancos para ofrecer el tema de créditos”, la mayoría de candidatos “casi siempre se va por la opción propia, sin interés, en comparación con la que sí les genera un recargo”.

La flexibilización en los pagos también responde a que el campo de las maestrías sea más competitivo a partir de las reformas educativas implantadas en 2019, añade. (I)