Una consulta popular en los primeros 90 días de mandato es lo que dice el plan de gobierno del presidente electo, Daniel Noboa, quien sin muchos detalles ha manifestado que ese es el camino para visibilizar “el cambio que necesita el Ecuador”.
“Trasladaremos las propuestas al colectivo social, quienes decidirán la viabilidad del cambio en materia de seguridad, institucionalidad, terrorismo, económico y salud. Ante problemas reales, necesitamos soluciones reales en estricta observancia y cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República y demás preceptos normativos conexos”, resume el plan.
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Noboa, hace unas semanas, resaltó este mecanismo de participación que, a su juicio, es un diálogo directo con el pueblo, “sin una Asamblea que ponga trabas”. Y anticipó que tendría entre diez y doce preguntas.
De hecho, el pasado 15 de octubre la vicepresidenta electa, Verónica Abad, mencionó que Noboa está listo para impulsar la consulta popular en siete temas: recobrar la institucionalidad, endurecer penas, segmentar cárceles, introducir jueces sin rostro, jurados independientes, eliminar la tabla de consumo de drogas y temas tributarios.
“El primer paso es la consulta popular, que nos va a llevar, sin duda alguna, a poder cumplir lo que en este momento al ecuatoriano le hemos puesto sobre la mesa: empleo y la seguridad”, señaló Abad.
Jorge Calderón, analista económico, indicó que algunos de los temas planteados por el nuevo mandatario son de manera general y, sobre todo, en el empleo. Considera que podría enfocarse en otro Código Laboral.
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“Dada la situación de la falta de acuerdos en relación con una reforma laboral, que es compleja, porque cada sector quiere llevar agua para su molino. Entonces, les preguntaría a los ciudadanos si les parecería bien otro Código Orgánico Laboral. Tener dos a la vez, ¿qué significa esto?, que el primero, que está vigente, sigue estando el que quiere quedarse en ese modelo. El segundo es para los jóvenes, que al momento de encontrar un trabajo pasen automáticamente a ese nuevo y aquellos que están en el anterior y quieran pasarse (al nuevo) lo puedan hacer. Esto significa que va a haber una vulneración de derecho, la idea es que se mantengan por lo menos los derechos fundamentales”, opinó Calderón.
De lo contrario, dijo Calderón que si se recurre a los sindicatos o empresarios y no a una consulta popular, no habrá cambios: “Nunca va a pasar y pensemos por todo esto que llegase a suceder. Esa situación de llevarla a la Asamblea, se va a transformar (la reforma) y al final no va a conseguir el objetivo deseado”.
Ese planteamiento del analista económico se escuchó en el gobierno de Guillermo Lasso en agosto de 2021. En ese entonces el ministro Patricio Donoso aseguró que con la Ley de Oportunidades Laborales, denominada en ese momento, se mantendrían los derechos como décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, afiliación a la seguridad social, entre otros. Y que el Código del Trabajo vigente seguiría igual y que la nueva ley sería opcional para quienes consigan empleo. Ese proyecto fue archivado y meses después se aplicó la muerte cruzada.
Calderón intuye que lo mejor es lanzar la consulta popular de inicio. “Porque si espera que se dilate, entran en conflictos sociales, que fue lo que le pasó al presidente Guillermo Lasso, quien tuvo su momento más exitoso”, apunta el analista.
Tabla de consumo de drogas
La eliminación de la tabla de consumo de drogas es una de las propuestas que más ha enfatizado el presidente electo, Daniel Noboa. Esta tabla fue creada en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, como una herramienta para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga.
Se establecieron gramajes máximos que puede portar una persona consumidora de sustancias estupefacientes, sin que se la considere traficante.
Gabriela León, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, dijo que es un error eliminarla porque es un asunto de salud pública, no un problema de seguridad.
“Se está enfocando el consumo mínimo desde un punto de vista delictivo cuando es un problema de salud pública. Obviamente nosotros no podemos negar la influencia que tiene el microtráfico en todo el círculo de violencia criminal. Lo que se hace es penalizar un problema de salud, no son traficantes, ni microtraficantes, sino consumidores”, mencionó León.
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La catedrática dijo que este tema hay que verlo como las bebidas alcohólicas. “Es una droga permitida, es tan dañino como las drogas, sin embargo está socialmente aceptado y es un negocio que produce una cantidad enorme de utilidades. Entonces, quitar la tabla produce un montón de efectos adversos”, aseguró y añadió como la competencia entre las organizaciones criminales y aumento de disputas.
“El país necesita sincerar una serie de políticas públicas que deben tomarse en serio, la política de prevención de consumo de drogas debe tener un fortalecimiento desde la primera etapa educativa, no empezar con el tema de difundir lo malo que son las drogas cuando los chicos están en la enseñanza media. Muchas de las personas que consumen han crecido en ambientes en los que se lo hace habitualmente. Entonces, se quiere atacar un problema como si solamente se tratara de seguridad y es transversal”, apuntó León.
También indicó que se llenarían las cárceles de consumidores y ese es no es el mejor panorama.
Definir temas y ajustar tiempos
El constitucionalista André Benavides explicó que para llevar a cabo una consulta popular se requiere de fases. Primero, definir si es plebiscito o referéndum; segundo, enviar la propuesta a la Corte Constitucional (CC).
“Ahí es el filtro más importante en el cual se va a dar viabilidad o no a esta propuesta, el trámite se demorará al menos un mes y en lo que tiene que ver el referéndum unos dos o tres meses, y ahí ya el trámite del Consejo Nacional Electoral (CNE), estamos hablando unos tres o cuatro meses adicionales. Entonces, más o menos el procedimiento para llevar a cabo una consulta popular desde la presentación en la CC hasta llegar a las urnas será más o menos de unos seis o siete meses”, expuso Benavides.
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La titular del organismo electoral, Diana Atamaint, había manifestado que el CNE estaría listo para llevar a cabo la propuesta presidencial, aunque estará sujeta al cumplimiento de plazos y la disponibilidad de recursos.
“El CNE tiene la misión y obligación de organizar elecciones. Estamos preparados, es una carga extraordinaria, pero la capacidad técnica y operativa del CNE está ahí, con un factor fundamental que es el presupuesto”, aclaró Atamaint.
Benavides justamente resalta eso: el capital. “Yo creo que eso va a costar entre $ 60 y $ 80 millones. No sé si en las arcas fiscales existe ese dinero. Una referéndum, aunque tenga que ver con la modificación de un cuerpo legal, necesita previamente la negativa de la Asamblea Nacional, entonces no sería procedente al menos en el ámbito jurídico el procedimiento”, afirmó el constitucionalista. (I)
