En casi un año y medio desde que llegó a la Presidencia de Perú, Pedro Castillo acumuló varias investigaciones preliminares con la Fiscalía, que lo acusó de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

La institución emitió una denuncia formal en contra del mandatario, por el delito de crear una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, algo que el ahora expresidente había negado durante varios meses.

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La fiscal general del Estado, Patricia Benavides, presentó el martes una acusación constitucional ante el Congreso de Perú, que lo citó este miércoles para tratar su destitución. Castillo respondió disolviendo el Congreso temporalmente e instaurando un gobierno de emergencia nacional.

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“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, dijo Castillo el martes en la noche. “Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al ministerio público políticamente y hacer creer al país que mi persona lidera una red criminal a la cual la rechazo rotundamente”. Y él, en un torpe accionar, porque analistas peruanos dicen que no existían los votos para destituirlo, dictó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, lo que precipitó la respuesta de los asambleístas quienes votaron por la vacancia del cargo presidencial. En resumen, en menos de cuatro horas este miércoles, se desarrolló un autogolpe de Estado, la detención del exmandatario y la sucesión presidencial en quien era hasta hoy su vicepresidenta.

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¿De qué se acusa a Pedro Castillo?

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones en contra del mandatario demostraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno.

La Fiscalía incluso requisó las casas de los familiares de Castillo, algo de lo que el presidente se quejó en redes sociales. Dos de sus sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, están prófugos de la justicia y con una orden de búsqueda y captura por su supuesta pertenencia a la red del mandatario.

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Ministerio del Interior

Una de las aristas de las investigaciones enfoca al Ministerio de Transportes y su exministro Juan Silva. Según la Fiscalía, Castillo y Silva favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal

Para Geiner Alvarado, otro exministro de Transportes, se pidió un impedimento de salida del país por pertenecer supuestamente a la red de corrupción.

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Benavides explica que la organización criminal que lidera el presidente está “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.

“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime, porque solo así la inmunidad no será impunidad”, aseguró la funcionaria.

La entidad afirma que hubo lucro con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en la provincia natal de Castillo, Chota.

Su cuñada, Yenifer Paredes, fue a prisión tras ser vista en una grabación difundida por el programa Cuarto poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

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Varios congresistas del partido Acción Popular también han sido identificados como parte de la banda criminal. Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza son algunos del grupo.

Se sabe que la Fiscalía además investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El presidente fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar. (I)