El excandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas espera con premura que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Guillermo Ortega fije la audiencia para exponer las pruebas sobre una supuesta infracción electoral que habrían cometido el entonces candidato Alembert Vera y la máxima dirigente del movimiento Revolución Ciudadana Marcela Aguiñaga.

La denuncia presentada por Guarderas volvió a ser parte de la agenda del TCE, una vez que el pasado 29 de mayo el pleno aceptó la apelación y con ello, el expediente regresó a conocimiento del juez Ortega, quien deber preparar un proyecto de resolución en el que se defina si se cumplió o no con los requisitos.

TCE deja sin efecto archivo de denuncia en contra de Alembert Vera, presidente del CPCCS, por infracción electoral

La denuncia de Guarderas fue interpuesta el 6 de abril con base en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, el cual establece que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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En la denuncia se habla de que dirigentes del correísmo como Marcela Aguiñaga y el exmandatario Rafael Correa promocionaron la candidatura de Alembert Vera y otros postulantes, lo cual sería una infracción electoral muy grave que podría llevar a perder el cargo de elección popular.

Según Juan Esteban Guarderas, sería irregular si el juez Ortega nuevamente pide completar o aclarar la información, porque ya lo hizo, y lo único que debe hacer el juez es convocar a audiencia para exponer las evidencias de la campaña proselitista. “Para el país es importante que haya ese momento institucional en donde se analizan las evidencias presentadas”, anotó.

Advirtió que el trámite de esta denuncia traerá algunas consecuencias jurídicas, pues si no admiten la denuncia marcaría el precedente de que para futuras elecciones de los integrantes del CPCCS no importa su promoción electoral desde un partido u organización política; con ello, se estaría legalizando la campaña proselitista para designar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Recordó que en esta acción constitucional se está enjuiciando no solo a Alembert Vera, sino también a la representante del partido o movimiento RC, Marcela Aguiñaga, que también podría llegar a la destitución como prefecta del Guayas.

Este tipo de acciones fueron presentadas también por excandidatos como Santiago Becdach, pero su denuncia fue archivada, aunque sus acciones estaban enfocadas en exigir que se haga cumplir la normativa que prohíbe a los candidatos a consejeros del CPCCS ser promocionados por un partido u organización política. Becdach dijo que seguirá observando cada una de las actuaciones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. (I)