Alí Lozada, titular de la Corte Constitucional: La independencia es algo en lo que vamos a bregar. No hay alternativa, o somos independientes o ya no somos jueces

Alí Lozada Prado, de 47 años, sucedió a Hernán Salgado Pesantes en la presidencia de la Corte Constitucional (CC) al producirse la primera renovación parcial. Su designación se dio por unanimidad en una plenaria del 10 de febrero pasado. “Sí, me sorprendió”, cuenta Lozada, quien llegó a este organismo en el concurso que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición en el 2019. Su “escuela”, en la práctica del derecho, fue la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción, de la que él resalta su composición con “personas probas” en donde primaba el “sentido de unidad con fines institucionales”. “Fue una escuela muy formativa. Ese proyecto quedó frustrado en el tiempo y lo remplazaron por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora sueño que el proyecto de Corte se consolide en el país”, revela. Lozada cuenta que cuando conoce un caso no lo hace con el “sombrero de progresista o conservador”, sino que busca resolver “cuál es la respuesta correcta, escucho a mis colegas, cambio de opinión las veces que sean necesarias y llego a un convencimiento”. Su reto como titular del máximo organismo de control constitucional, reconoce Lozada, es mantener la independencia de sus nueve miembros, porque si se quiebra “nadie la compondrá”.

Ha sido parte de la CC en los últimos tres años y pocos días como presidente. ¿Cómo recibió la institución?

Conozco cómo se ha desenvuelto la Corte en lo jurisdiccional y también en lo administrativo. La actual composición ha decidido ratificar los cuatro ejes de trabajo que son los pilares o faros de la institución. La primera, la independencia, sin la cual una Corte no es Corte y un juez no es juez. La cero corrupción, por la que hemos hecho una institución en la que reine la honestidad y la transparencia. La celeridad, para despachar con agilidad las causas. El pilar que seguiremos honrando es el de producir sentencias de calidad. Un quinto que hemos sumado es el fortalecimiento institucional, que lo añadimos porque nos sentimos herederos de una Corte de los últimos tres años independiente, proba y con buenas prácticas.

¿Cómo llevará a la práctica este fortalecimiento?

Eso es algo en lo que nosotros vamos a bregar. No hay alternativa a la independencia: o somos independientes o ya no somos jueces. Es algo en que estamos absolutamente comprometidos. En lo que se va a manifestar este fortalecimiento es en el respeto al estado de derecho y la separación de funciones. La Corte tiene que cumplir su papel de ser el máximo intérprete de la Constitución y el guardián último de los derechos fundamentales, pero eso no significa que se puede suplantar el rol que tienen otras instituciones. La Corte tiene que jugar su rol específico en la construcción del Estado constitucional.

Jueces que con sus fallos pusieron en debate temas polémicos se mantendrán en la Corte Constitucional

Hay una crisis institucional en el país, provocada por el Consejo de Participación Ciudadana y conflictos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo cumplir esta independencia si estos actores buscarán en la Corte que dirima sus conflictos políticos?

La Corte tiene sus competencias y para legitimarse necesita cumplirlas a cabalidad. Es necesario que no ejerza más competencias que la Constitución le da. De manera que el país puede tener la certeza de que si para resolver una crisis institucional, es preciso que la Corte se pronuncie o se le solicite un pronunciamiento, si está en sus competencias decidir y zanjar esa disputa lo va a hacer con la máxima valentía y respeto a la Constitución. Pero, si no es nuestra competencia, sabrá reconocer sus límites a fin de no invadir la esfera de otras entidades.

Cómo llevar a cabo estos propósitos con una nueva conformación de la que se habla que hay jueces progresistas y conservadores.

Todo juez está comprometido con la defensa de los derechos; ahora, saber el alcance de un derecho que tiene la Constitución es algo que no siempre es pacífico, en el sentido de que no siempre todos estamos de acuerdo. Una Corte plural, como la actual, también tiene desacuerdos. A partir de esas divergencias, la opinión pública suele identificar a ciertos jueces como conservadores y otros como progresistas. Los jueces, no por eso, dejamos de tener nuestro compromiso con la Constitución. Otra cosa es que discrepemos acerca de cuál es la interpretación más adecuada de esos derechos. En la composición anterior detectamos que en el 92 % de los casos los fallos fueron por unanimidad. Es decir, en el 8 % hemos tenido disidencias. Se habla de que un juez es conservador otro progresista, pero eso no vuelve partidistas a los jueces. Eso es lo importante, de lo contrario, perderían su independencia.

Se hablaba de que al haber una mayoría de cinco juezas, una sería la presidenta. ¿Le sorprendió ser elegido presidente?

Sí me sorprendió, no lo esperaba y fue un honor el tener la confianza de mis compañeros. Un criterio razonable y que yo mismo auspiciaba era que fuera una mujer la presidenta. Pero los compañeros deliberaron y por unanimidad me eligieron y a Carmen Corral como vicepresidenta.

Será un reto de su administración sostener la independencia de los jueces, pues si se quiebran será un golpe a la institucionalidad.

Un convencimiento que tenemos los nueve jueces es que debemos garantizar al país una continuidad institucional. Tenemos una sola oportunidad, no nos podemos quebrar porque nadie la compone y somos conscientes de eso y por eso la delicadeza de nuestro encargo. Queremos cumplir con la fase que viene pensando en que la construcción de una Corte es una obra de largo plazo. Con el juez Hernán Salgado se pusieron bases sólidas, ahora queremos cumplir con nuestro siguiente tramo y mantener esa independencia.

Apreciamos la confianza que se ha suscitado a la Corte. Pero hay que comprender que es una institución que tiene competencias y unos límites. Si actuara por fuera de estas, por más que en el corto plazo resulte beneficioso para solucionar un conflicto en el país, lo que estaría la Corte haciendo es socavar en el largo plazo su propia legitimidad y la institucionalidad. Necesitamos construir institucionalidad y eso se logra tomando decisiones pensando en el largo plazo, no en la coyuntura.

Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional

Se los critica porque se tardan hasta años en el trámite de causas. ¿Cómo establecen la prioridad en ciertos casos?

Hay inconformidad y es comprensible. La Corte que se instaló en el 2019 heredó un rezago procesal gigante: más de 10.000 causas y adoptamos un criterio para evacuarlas que es la cronología. Hubo salvedades para determinados casos en los que se justificaba la priorización. Hemos roto el criterio cronológico en aquellos casos en donde nos ha parecido que alguna razón de justicia estaba por encima, como cuando se trata de casos de personas con enfermedades terminales o las emergencias institucionales, como en un estado de excepción que la Corte no puede esperar. Se debe comprender que evacuar todo el rezago que heredamos no es una cuestión que resulta fácil para un tribunal compuesto por nueve jueces.

¿En cuánto han podido disminuir el tratamiento de los miles de causas rezagadas?

Creemos que en seis u ocho meses habremos despachado todo lo que quedó rezagado hasta el 2018. Esas causas fueron admitidas. Revisamos el filtro de admisión, especialmente en causas como las acciones extraordinarias de protección, pues nos parecía que tenía elementos de arbitrariedad en el pasado. Había poca racionalidad y eso hacía que se acumulen, que se admitan causas que no debían admitirse y eso represaba. Entonces, construimos un sistema de criterios que sirvan como filtros y lo aplicamos en estos tres años con parámetros más racionales y razonables. Cuando nos toque entrar en esas causas, que será en seis u ocho meses, serán aquellas que tengan más mérito para ser admitidas, porque lo que nos ahogado es tener que resolver hojarasca, causas de la jurisdicción ordinaria que nunca debieron llegar a la Corte.

Qué debería pasar en la justicia ordinaria para que ese tipo de casos no lleguen a la Corte.

El esfuerzo hecho en estos tres años ha sido jurisprudencial con estos filtros de contención a partir de los criterios que establece la ley. Es posible que en el futuro haga falta incluso una reforma legal para evitar que se sature a la Corte de manera fácil.

En varios fallos se ha dispuesto a la Asamblea Nacional o al Ejecutivo que cumplan ciertos aspectos del marco legislativo, pero no se acatan. Por ejemplo, las observaciones que hicieron a la Ley de Educación Intercultural, que ahora el Ministerio de Finanzas dice que no hay presupuesto para incrementar los salarios de los maestros, entonces no podrán cumplirse las consideraciones de su fallo. ¿Volverá esto a la Corte para su resolución?

Dependiendo del caso, la Corte establece tareas u obligaciones a distintas instituciones, una de esas es la Asamblea. Cuando se ha emitido esas obligaciones podría en el futuro la Corte tener que pronunciarse sobre si ha sido o no cumplida la decisión impuesta. Eso se puede hacer de oficio a través de un procedimiento de supervisión del cumplimiento de sentencia; o puede hacerlo por una demanda que puede presentar una parte interesada para que se juzgue el incumplimiento. Cuando se dan estas circunstancias, la Corte debería volver a pronunciarse sobre aquello que ordenó y que tiene que constatar si se ha cumplido o no. La Corte cumplirá su rol de hacer cumplir sus sentencias.

Hernán Salgado, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva dejan la Corte Constitucional, al cumplirse la primera renovación parcial

Otro caso es la despenalización del aborto en casos de violación. La Asamblea Nacional aprobó los plazos para ese efecto, pero el Ejecutivo no descarta un veto. La inconformidad ciudadana hará que esto vuelva a su resolución.

La Corte hizo lo que corresponde. Se pronunció sobre la constitucionalidad del delito de aborto por causa de una violación y se dijo que esa penalización era inconstitucional. Hasta ahí ejerció sus competencias. La Corte reconoció sus límites y estableció que ciertos aspectos debían ser desarrollados por la Asamblea y luego por el presidente de la República. Es una materia delicada, difícil, pero la Corte entendió que no está en capacidad de hacer el trabajo que corresponde a otros órganos. No sabemos si deberemos pronunciarnos, de ser el caso, ajustada a sus competencias enfrentará la decisión. No corresponde tener un pronunciamiento sobre el proceso político.

Las garantías jurisdiccionales son susceptibles de ser usadas de manera abusiva y a la Corte le corresponde, dentro de sus fases de revisión, corregir esas anomalías. Pero esto no debe significar una estigmatización de las garantías; que se utilicen mal, no quiere decir que las garantías sean malas. La Corte está para que esas garantías se utilicen para el objetivo central que es tutelar los derechos.

Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional

¿Es posible que en sus fallos, se regule el uso que se da a las medidas cautelares o acciones de protección por ciertos actores que las usan en pugnas políticas?

Las garantías jurisdiccionales son susceptibles de ser usadas de manera abusiva y a la Corte le corresponde, dentro de sus fases de revisión, corregir esas anomalías. Pero esto no debe significar una estigmatización de las garantías; que se utilicen mal, no quiere decir que las garantías sean malas. La Corte está para que esas garantías se utilicen para el objetivo central que es tutelar los derechos. Se tiene una labor importante que hacer y cuando hay esas quejas de que las garantías son mal utilizadas, la Corte no lo va a corregir a través de una ley, lo hace a lo largo de muchos fallos. No expedimos reformas al diseño de las garantías. En el Ecuador no ha habido mucha cultura judicial, no se comprende el rol de una judicatura, que no es el de un órgano político. (I)