Análisis: La pugna entre Daniel Noboa y Verónica Abad involucra a varias instituciones estatales

Al menos una docena de entidades del Estado ha resultado inmiscuida en el conflicto entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta, Verónica Abad. Un conflicto que se inició por cuestiones de índole personal y que ha trascendido al campo político y hasta jurídico.

El distanciamiento de los ahora mandatarios se hizo evidente desde que, como binomio de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), pasaron a la segunda vuelta en los comicios anticipados del 2023: él la mandó de gira al exterior para hacer campaña con los migrantes y regresó apenas unos días antes de las votaciones del 8 de octubre. Y se acentuó ya en el poder, cuando el mismo día de la posesión ella no asistió al almuerzo en Carondelet, pero se dejó ver en un mercado de la Capital. Luego Noboa la envió otra vez lejos como “embajadora de paz” a un país que vive en guerra desde hace décadas: Israel.

Del origen de esa pugna personal no se conocían mayores detalles, pero en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, contó el pasado viernes 14 de junio que varios empresarios denunciaron que ella les había pedido dinero tomándose el nombre de Noboa y su equipo de campaña. Algo que, enfatizó, nunca ha ocurrido ni ocurrirá.

Ello hizo que perdiera la confianza del mandatario, quien ahora quiere evitar a toda costa que Abad lo reemplace en el cargo cuando tenga que pedir licencia sin sueldo para la campaña de reelección, prevista para enero del 2025, tal como lo dispone la Constitución. Con ese fin hay varios frentes abiertos.

Así, en orden de aparición, la cuenta empieza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implementó la designación de Abad como embajadora de Israel; luego está el Ministerio del Trabajo, al que Noboa le dispuso realizar un proceso de reestructuración de la Vicepresidencia de la República para achicarla.

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Luego entró en escena la Fiscalía General del Estado, que a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició en marzo pasado una investigación por supuesta oferta de tráfico de influencias para cobrar dineros a cambio de puestos en la Vicepresidencia de la República, en contra de Francisco Sebastián B. A., hijo de la segunda mandataria, en el caso llamado Nene. La Fiscalía no depende del Ejecutivo.

Un juez especializado en corrupción y crimen organizado le dictó prisión preventiva y fue trasladado unos días a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, regentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El procesado pagó una fianza de $ 20.000 para defenderse en libertad.

A inicios de mayo, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juan Sebastián Guarderas planteó una queja contra Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta campaña anticipada cuando se postuló a la Alcaldía de Cuenca, en febrero del 2023. La querella aún está en trámite.

Ese mismo mes, Noboa elevó a la Procuraduría General del Estado una consulta respecto a si era necesario que él pidiera licencia durante la campaña considerando que al haber sido elegido para concluir el periodo 2021-2025, que quedó trunco por la muerte cruzada, no podría considerarse que va por la reelección.

La Procuraduría, a su vez, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un criterio jurídico al respecto; dicho organismo le respondió que no tenía competencia para interpretar la Constitución ni las leyes.

Hace pocos días, en tanto, el caso Nene pasó a la Unidad de Fuero de Corte de la Fiscalía General porque se hallaron indicios de la presunta participación de Abad, pero se le reformuló la acusación a concusión.

La fiscal general, Diana Salazar, pidió a la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho que se fije fecha y hora de la audiencia de vinculación y reformulación de cargos.

Esta solicitó a la Asamblea Nacional que autorice el inicio del proceso penal contra Abad, requisito que consta en la Carta Magna. Los legisladores rechazaron ese pedido con lo que la segunda mandataria no podrá ser vinculada por ahora, aunque la Fiscalía ha dicho que lo hará cuando termine su periodo.

Alberto Feijoó, docente de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que lo que está ocurriendo es un reflejo de la debilidad institucional del país y de los efectos del hiperpresidencialismo.

Lo cual parte, a su criterio, de la propia figura del vicepresidente, cuya única función constitucional es reemplazar al mandatario y así “garantizar” la estabilidad democrática. Pero este espacio también podría ser contaminado por los intereses personales y políticos de quien ostenta el cargo.

“Lo que vemos es que estos actores no están actuando desde la razón de ser política de sus cargos, sino desde las posibilidades de arreglos políticos y capacidades de potenciar los recursos que tienen a su disposición. Esto es bastante grave porque todo se está movilizando alrededor de ellos, prácticamente todo el Estado se ha puesto a la orden de las rencillas personales... Todas las funciones y poderes se mueven (desde el Ejecutivo) para cancelar la posibilidad de que la vicepresidenta pueda asumir la Presidencia en caso de que Noboa pida licencia, y también que ella -y aquí viene el interés de Abad de mantenerse- genere una plataforma política, y si tengo buena llegada, abrir mis propios caminos”, reflexiona.

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Sobre esto último, Feijoó cita como ejemplo a Otto Sonnenholzner, quien luego de ser vicepresidente con Lenín Moreno fue candidato a la Presidencia de la República.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que este problema privado de los mandatarios, que ha alcanzado la esfera pública, debe resolverse entre ellos, “puertas adentro”, con transparencia, simplemente aplicando la Constitución y la ley.

“No debería recurrirse, de forma baja, a pedir intervenciones de otras instituciones del Estado, incluso podría caerse en una ruptura de la independencia de los poderes del Estado”, advierte.

Alarcón dice que, con todo lo que ha pasado en los últimos días, queda la duda de las actuaciones de la Fiscalía y de la Asamblea Nacional.

En tanto que la analista política Tatiana Quinga sostiene que Noboa tiene mucho más aparataje estatal y político (su bancada y ahora su movimiento) para presionar a Abad.

A su criterio, el mandatario se ha apalancado, asimismo, en las vocerías de funcionarios como el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, o la asesora presidencial Diana Jácome, quienes han construido toda una historia en contra de su vicepresidenta y las supuestas consecuencias negativas de que llegue al poder. “Tienen líneas de tiempo claras, imagen, discurso...”.

En cambio, Abad ha respondido de manera “reactiva” y “con cautela” solo cuando la tocan. Y no tiene, aparentemente, un partido político que la respalde. Aunque esto podría cambiar si logra entablar relaciones con el correísmo o los socialcristianos. (I)