Análisis: penas de 13 años de cárcel para jueces y fiscales por prevaricato, ¿reforma necesaria o populismo penal?

Penas de cárcel que van de siete a trece años para jueces y fiscales que cometan prevaricato y la inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de cargos públicos por el doble de la condena recibida es lo que plantea la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada en la Asamblea Nacional el 24 de junio con 84 votos.La Ley, que fue publicada este 26 de junio en el Registro Oficial, dispone reformar el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) estableciendo un nuevo texto en el que, entre varios puntos, se menciona que la sanción aplicará si el prevaricato ha beneficiado a integrantes de un grupo de delincuencia organizada y se comete “en procesos de delitos contra la eficiencia de la administración pública, en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno”. Estas sanciones dividen las opiniones entre juristas, exfiscales y exmagistrados consultados por este Diario. Para unos, representan un avance en el combate a la corrupción dentro del sistema judicial al incluir también a los fiscales en la sanción por prevaricato; pero para otros, son una medida populista que no resolverá los problemas estructurales de la justicia y que incluso podría abrir la puerta a abusos, inconstitucionalidades y a una justicia manipulada desde el poder político.Pablo Encalada, abogado penalista, explica que el prevaricato siempre ha sido sancionado con cárcel en Ecuador y que se configura cuando un juez falla en contra de ley expresa para favorecer a una de las partes. “Lo que están haciendo ahora es ampliando las penas e incorporando también a los fiscales, porque hasta ahora solo eran los jueces los que tenían esta sanción. En principio me parece correcto, luego cualquier aumento de penas es una medida placebo. Nadie va a dejar de cometer un sicariato, por ejemplo, o un prevaricato porque la ley diga que la pena es más alta", refiere. Mauro Terán, exjuez de la Corte Suprema de Justicia, califica a las medidas de la nueva Ley como “soluciones parches que apuntan a una nueva metida de mano a la justicia con operadores nombrados a dedo, para tener una justicia a la medida del gobernante de turno”. “El sueño es tener jueces y fiscales probos e independientes, es realizable estructuralmente, no con parches totalitarios”, dice y recuerda que cuando el prevaricato es reiterativo se convierte en un hábito corrupto que debe cortarse radicalmente. El jurista Paúl Ocaña Merino, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, dice que reformas como estas son parte de dejarse llevar por el “populismo penal” y cree que “por incrementar penas o poner nuevos tipos penales o sanciones eso va a disminuir la delincuencia, lo cual no es cierto”.“No lo digo yo, hay estudios sobre el tema que dicen que no está comprobado criminológicamente que mientras más se suba una pena, menos delincuencia hay”, sostiene. A su vez, Ocaña considera que la reforma representa una doble sanción “no solo en el caso del delito” con la pena establecida, sino también con la inhabilitación del ejercicio profesional para la que se aplicará el doble de la pena, según consta en la norma. “Esto implica que se está afectando el derecho al trabajo como garantía constitucional. Considero que están yendo más allá y cometiendo inconstitucionalidades”, apunta. El exfiscal de Pichincha Fabián Salazar coincide también en que esta reforma es “parte del populismo penal”. Lo ideal no es tener un lindo proceso, “ sino tener un mecanismo de seguridad y de baja criminalidad donde se evitaría un montón de estas circunstancias y realmente escogeríamos a las personas idóneas técnicamente, humanamente y que realmente no persigan la estructuración de la corrupción que se ha formado a nivel nacional”, agrega. Para Salazar, lo complejo de este cambio radicará en poder entender un tipo penal demasiado técnico y que no sea mal utilizado o derive en que se convierta en un recurso más para que procesados dilaten la administración de justicia iniciando acusaciones por este delito contra jueces y fiscales si no están conformes con el proceso que enfrentaron y sus fallos. “El fiscal es el que investiga y sustenta la imputación, es decir, es el que subsume la conducta en una tipología penal. Lo que yo quiero entender es si esa subsunción de las conductas penales va a tener este rango de prevaricato (...); el prevaricato radica en actuar contra lo dispuesto, contra lo establecido en norma. Es decir, cómo el fiscal va a tener una mala apreciación o el fiscal va a tener una mala acusación (...), entonces posiblemente el fiscal va a abstenerse de acusar si no logra configurar todos los elementos que exige un tipo penal, porque no va a tener la certeza, y eso nos llevaría a poner en riesgo o a debilitar mucho más allá la compleja función del fiscal”, subraya. Encalada difiere y dice que no considera que estas nuevas sanciones puedan derivar en más procesos legales ni en que las investigaciones, por parte de los fiscales, se desarrollen con menos efectividad, y más bien relaciona lo que dispone la Ley con la idea de los políticos de que con reformas legales se va a reducir la criminalidad. “Eso no funciona así. El problema del sistema de justicia es de gestión, de eficiencia. Si alguien cree que cambiando las penas, creando delitos va a tener un sistema más eficiente está totalmente equivocado. Hay que hacerlo más eficiente desde la gestión y no desde la norma. Al final lo que va a pasar es que la gente va a ver que las cosas no van a cambiar y entonces tiene una sensación de defraudación con las reformas legislativas y eso es lo que nos ha pasado todo el tiempo", menciona. Para Terán, el cometimiento de este delito “denota la baja calidad de operadores de justicia designados en procesos politizados como sucedió en el correísmo, que nombró a dedo a la mayoría de los operadores de justicia que continúan como nefasta herencia del correísmo”. “La estructura de la Función Judicial, con el Consejo de la Judicatura como cabeza, es nefasta. Debería volverse al esquema de Corte Suprema como estableció la Constitución de 1998 y que funcionó hasta 2007″, subraya. La Ley de Integridad Pública dispone reemplazar el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el siguiente texto: “Art. 268.- Prevaricato de las o los jueces, árbitros y fiscales.- Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho y los fiscales que resuelvan, dictaminen o fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.Si se ha beneficiado a integrantes de un grupo de delincuencia organizada, se cometiere en procesos de delitos contra delitos contra la eficiencia de la administración pública, de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario durante conflicto armado interno, los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno y conexos, o en perjuicio de grupos de atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años. Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán inhabilitadas o inhabilitados para el desempeño de la profesión de abogado y para el ejercicio de un cargo público por el doble de la pena impuesta". (I)

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