La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) exige a los actores de oposición de la Asamblea Nacional cumplir la disposición judicial de reactivar tres juicios políticos de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza que fueron archivados porque se retiraron las firmas que los respaldaban.

Este jueves, 22 de agosto de 2024, el juez de la Unidad de Garantías Penales de Quito Édgar Romero Salazar acogió una acción de protección planteada por la legisladora de ADN Inés Alarcón Bueno en contra de la Comisión de Fiscalización, de mayoría del correísmo en la Revolución Ciudadana (RC), que resolvió archivar tres interpelaciones planteadas en contra de los exministros de la gestión de Lasso, el exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral Bustamante, la exsecretaria de la Senescyt Andrea Montalvo Chedraui y del exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena Marriot.

El fallo escrito aún no se difunde en el portal de la Función Judicial, ya que la decisión de Romero se dictó de forma oral en la diligencia del jueves.

Publicidad

Sin embargo, ADN y el Gobierno de Daniel Noboa informaron que el juez ordenó a la Comisión de Fiscalización reactivar los tres procesos políticos que se archivaron el 1 de julio pasado.

La bancada oficialista, en un comunicado, exclama que la Asamblea Nacional debe «acatar» las sentencias judiciales y que en la administración de Noboa «la transparencia y la justicia se respetan».

«La vieja política prefiere ver a nuestro país arder con tal de reinar sobre sus cenizas. (…) Dieron de baja tres juicios políticos contra ministros del gobierno anterior, quienes deben responder ante los ecuatorianos por las irregularidades en su gestión. Ahora intentan desconocer una sentencia que obliga a la reactivación de dichos procesos, vulnerando todos los principios constitucionales y legales de colaboración de la Función Judicial», recoge la misiva.

Publicidad

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en un video difundido en las redes sociales exaltó el pronunciamiento de Romero y criticó a los políticos del «viejo Ecuador» por retirar las firmas.

«¿Con qué fin?», se preguntó. «¿Se pusieron de acuerdo para no tener obstáculos? ¿Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del presidente Noboa? ¿O esto es un show en el contexto electoral? Esta sentencia hará que se respete el orden de tratamiento de los juicios políticos... Esto no es venganza: es cuestión de hacer respetar los procesos», comentó en la videograbación.

Publicidad

De su lado, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, subrayó que no acatarán lo resuelto por el juez Romero y que lo denunciarán por presunto prevaricato.

En medio de la vacancia legislativa, que concluirá el 2 de septiembre, Muñoz —en representación de la Función Legislativa— aseguró que «no acatarán esta sentencia espúrea».

«El país ha sido testigo de una nueva metida de mano a la justicia en una acción de protección. Un juez ha emitido una sentencia absolutamente arbitraria, espúrea y corrupta, vulnerando la facultad de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional«, opinó en un video difundido en sus redes sociales. (I)