Bancadas legislativas, molestas por la advertencia de llamar a una consulta popular si no se consideran propuestas del Gobierno

En varias bancadas de la Asamblea Nacional hay molestia por la alerta de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de que si no se llega a acuerdos para aprobar leyes de interés acudirán a los mecanismos de democracia directa, como un llamado a una consulta popular.

La primera en reaccionar fue la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), que en un comunicado mencionó la declaración de Vela, “recurriremos a la democracia directa”, y en respuesta la desafían: “¡Háganlo! Defenderemos nuestros criterios y a nuestros conciudadanos en cualquier consulta. Solo los que no son pueblo le tienen miedo al pueblo”.

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El PSC discrepa de que exista un “bloqueo” en el Legislativo para dar paso a la discusión y aprobación de leyes. “Es público que nosotros hemos presentado varios proyectos de ley que responden a nuestros compromisos de campaña (…). Cuando se traten y voten, veremos quién bloquea”, advirtieron.

El partido aclaró que votarán por lo que creen positivo para el pueblo y que seguirán “votando en contra de todo lo que los afecte”.

En actitud similar reaccionó el movimiento político Pachakutik (PK) y su bancada legislativa, donde hay indignación por los cuestionamientos de que habría legisladores que estarían gestionando cargos. Creen que es una forma de deslegitimar su accionar y tomar “el control del Parlamento”.

Dirigentes y asambleístas de PK convocaron a una rueda de prensa este 1 de septiembre para reprochar al gobierno de Guillermo Lasso que se busca “terminar” con la Asamblea, aplicando una estrategia de deslegitimación con las denuncias de la gestión de cargos públicos, que está prohibido por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El coordinador del movimiento, Marlon Santi, advirtió que no van a aceptar que se intente desestabilizar el trabajo del bloque legislativo y que por “ningún voto” de sus asambleístas van a “aceptar puestos”.

Anticipó que las propuestas que vengan desde el Ejecutivo y que sean lesivos de derechos “no pasarán en la Asamblea”.

Con esto se resquebrajan los acuerdos entre CREO, PK y los independientes que llevaron, por ejemplo, a que Guadalupe Llori sea elegida presidenta de la legislatura al inicio de este periodo, así como en la conformación de las quince comisiones especializadas.

Según Santi, no hay un acuerdo programático con CREO para debatir las normas, sino solo con la Izquierda Democrática (ID).

El asambleísta Salvador Quishpe denunció que el objetivo es terminar con la Asamblea para que “nadie diga nada” sobre las decisiones que está tomando el régimen. “El Gobierno quiere terminar con la Asamblea porque no les a va a dar paso a sus apetitos políticos. Está bien claro que el Gobierno quiere terminar con la Asamblea”, insistió.

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Advirtió que el régimen recurrirá a la ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea Nacional) para “gobernar con decretos”.

A la par de estos anuncios, Pachakutik pidió oficialmente al jefe de Estado que les entregue información sobre la presunta gestión y entrega de cargos públicos.

En una carta remitida a Lasso, suscrita por Marlon Santi, le reclaman que hay acusaciones de que legisladores “han gestionado cargos con diversas instancias de su gobierno y han recibido comisiones o coimas en estas acciones. Este tipo de comportamiento implica una doble responsabilidad de quien gestiona y quien concede”.

En esa línea, quieren saber “cuáles asambleístas, qué cargos, qué personas y en qué instituciones se han gestionado y recibido puestos en el Gobierno”.

Se enfatizó en que esto no debe quedar solo en acusaciones genéricas de que hay asambleístas que han procedido incorrectamente, pues “eso mostraría la no intención de depurar la Asamblea para fortalecer su legitimidad, sino por el contrario, deslegitimarla, así como afectar el buen nombre de nuestro movimiento, que hoy tiene la responsabilidad de la Presidencia de la Asamblea para tomar el control del Parlamento”.

Le ratifican a Lasso que hay la disposición al diálogo, pero el “primer paso” es que se les entregue esta información.

La asambleísta de CREO Ana Belén Cordero desvirtuó estas acusaciones de PK y aclaró que “no es el Gobierno ni el movimiento oficialista quien está motivando estos descréditos. Son los propios asambleístas que con su actuar o con las presunciones que existen en su contra se arma o se mal maneja esta imagen y estos escándalos”.

Desde la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), uno de sus legisladores, Juan Cristóbal Lloret, cree que lo que ocurrió es que el Gobierno no logró “sostener la mayoría” con la que arrancó en mayo pasado.

“En el tablero electoral y de la Asamblea partieron con una mayoría y es por esos acuerdos y esa mayoría que se llevó adelante una serie de divisiones para la composición de las comisiones, por lo que se entendería que deberían tener esa misma proyección. Sin embargo, lo que no han logrado es sostener esa mayoría”, opinó.

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Criticó que desde el Ejecutivo no hay la iniciativa de “pasar los temas por el Legislativo”, y lo que está haciéndose es “gobernar por decretos”. Ejemplificó temas como el de “Seguros Sucre, que las gasolineras de Petroecuador pasen a manos privadas, que la Corporación Financiera nacional (CFN) sea banca de segundo piso...”.

Contó que hasta el momento, desde Carondelet no se ha entablado un acercamiento con UNES.

“Hay esa predisposición, pero ni siquiera eso han podido concretar. Hay una serie de anuncios de que van a conversar con los sectores, pero no han conversado con UNES”, dijo Lloret, pues desde su bancada hay interés por conocer cuáles son las propuestas legales que se quieren presentar y así definir cuáles son las “líneas rojas” que se marcarán o las que se podrían apoyar.

El legislador reconoció que el Gobierno tiene la potestad de convocar a mecanismos de democracia directa, pero “no han agotado la posibilidad de diálogo en la Asamblea”. (I)