“Cada vez que me levanto, grito al darme cuenta de que no puedo ver”. Un perdigón cegó a Francisco Tapia

Por Carolina Loza León, especial para EL UNIVERSO

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Francisco Tapia saca de un envase de plástico una minúscula pepita gris y la tiene entre sus manos. Es uno de los perdigones que le entregaron en el hospital, uno de las cuatro que impactaron su cara y cuello durante las manifestaciones de octubre de 2019 en Ecuador. Dos fueron a sus pómulos, uno al cuello y el cuarto se quedó alojado en su ojo derecho. No solo perdió la visión de ese ojo, sino que vive con el miedo que el metal llegue a causarle convulsiones.

“En realidad es un metal y se va oxidando”, explicó Francisco a EL UNIVERSO cuando nos recibió en su casa, en un barrio popular al sur de Quito. Su madre, Lucía Vega, que estaba ese día visitando a su hijo, describió el perdigón como “un enemigo chiquito que se tiene adentro”. La entrevista hace parte de la investigación transnacional El Negocio de la Represión realizada en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y nueve medios más del continente.

Francisco es quiteño y tiene 26 años. Desde el inicio de las protestas de octubre de 2019, por el aumento del precio de los combustibles, salió a manifestar a la plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, sin mayores contratiempos. Tiene afinidad política con grupos de izquierda y ya había participado en otras movilizaciones. Cuando su tía y él se enteraron de que habría una concentración de indígenas el 12 de octubre en el Parque de El Arbolito, al norte de la capital, acudieron a ayudar. Llevaron un arroz relleno que habían cocinado, recogieron mantas y una chaqueta para entregárselos.

Tapia tiene dolores de cabeza frecuentes, malestar y calambres desde este incidente. Mientras juega con su hija de cuatro años, recuerda su ataque de pánico reciente. Es habitual para él, levantarse en medio de la noche gritando al darse cuenta de que no cuenta con su visión de manera completa. Su pareja e hija han sido un apoyo: “Me dicen que están allí, que debo estar tranquilo y me abrazan. Así, cada vez que me levanto y grito al darme cuenta de que no puedo ver”.

“Frente al Hospital Eugenio Espejo podía ver policías claramente sobre los edificios, pero no me percaté al ser una zona de paz”, relata Tapia. Se refiere a las zonas de acopio de víveres y puestos de atención médica que se encontraban en la zona del parque La Alameda durante las protestas. Lo siguiente que recuerda era que mientras la gente recogía el arroz y la cobija, sintió el impacto en su cara. “Mi mano estaba llena de sangre y pensé en mi ojo”.

Un paramédico cercano a él lo acompañó al hospital más cercano, Sintió pánico ver tanta sangre en sus manos. En el hospital Eugenio Espejo, le dieron su diagnóstico: impacto de perdigones en la cara, cuello y un perdigón alojado en el nervio óptico de su ojo derecho.

Una vez en el Eugenio Espejo, sus familiares presionaron a los doctores para que lo atendieran rápidamente pues había muchos heridos. Les preocupaba el ojo. Aun así, lo operaron dos o tres días después del impacto. “El tiempo apremiaba. En algo podría haber recuperado la vista, de pronto, del cero al diez por ciento”, señala.

El joven recuerda que cuando estaba en el piso de Oftalmología escuchó los disturbios que se mantenían en los alrededores y conoció a varias personas afectadas. “Ahí me hice amigo de un señor, que a él sí le evisceraron (cirugía oftalmológica que consiste en vaciar el globo ocular,) el ojito y le reconstruyeron esta parte de aquí porque una bomba le había dado”, recuerda mostrando sus propios ojos.

Francisco recuenta que desde el inicio de las protestas vio crecer la violencia y que ciertas personas, que no lograba identificar, eran más agresivas que otras. “Había grupos y grupos, verdad, grupos que sí iban, arremetían (…) Digamos que había una valla, se daba una avanzada (de estos grupos), ellos arremetían contra la policía. La policía retrocedía, pero la policía ya cogía disparaba los gases lacrimógenos al pueblo, no solo a esos grupos, entonces ya se calmaban y ellos (los violentos) se iban, se dispersaban”, relata.

Lucía, la madre de Francisco se pregunta quién fue responsable de actos como la quema de la Contraloría General del Estado y señala que la mayoría de manifestantes, como su hijo, no estaba en esos grupos violentos.

Los amigos de Francisco encontraron los cartuchos de los perdigones, pero no los recogieron por el miedo a represalias o a que alguien les preguntara “¿Usted qué hace con eso?”. Entonces solamente tomaron fotos y borraron todo. Hasta ahora no tiene idea del origen ni del tipo de perdigón que le extrajeron del cuello y que guarda cuidadosamente.

“En el cuartel enseñaban esas reglas básicas de armas”, explica Francisco, que hizo servicio militar a los 18 años. Se pregunta por qué no se siguieron esas normas durante las protestas de octubre de 2019. “Si disparan así recto es para causar daño. Es una fuerza tremenda y eso es lo que usted vio ahí, le pega directo al cuerpo”.

Ni él ni su familia conocían de procedimientos legales y no sabían que tenían que denunciar el ataque. Cuando se enteraron, ya había pasado demasiado tiempo. Eso les responden las autoridades como argumento para no investigar: que no hay denuncia original.

“La Fiscalía tiene la obligación de recibir este tipo de denuncias y darle la tramitología respectiva”, aseguró Luisa María Villacís, representante legal de la organización Inredh, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.

Sin embargo, Lucía, la madre de Francisco, relató a la Comisión de la Verdad y Justicia en noviembre de 2019, que los funcionarios de Fiscalía solo sacaron copias a la documentación de su hijo, sin recibir una denuncia.

A pesar de todo, Francisco es optimista. No necesitó traqueotomía por el perdigón que tenía en el cuello y los perdigones de los pómulos no le causaron mayor daño. Pero es difícil seguir la vida sin su ojo derecho. no logra conseguir un trabajo que lo afilie al Seguro Social ni puede cubrir las necesidades básicas para él y su familia.

“Es complicado, antes jugaba voleibol y ahora no puedo hacerlo. No puedo agitarme mucho, no puede recibir viento, no quiero, pues ya que me discriminen y no no sentirme así, humillado, entonces la gente es bien mala en ese aspecto”.

El joven manejaba una camioneta para venta de productos, trabajo que tuvo que dejar. Ha tratado de obtener el carné del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Conadis, sin resultados. Lucía y Francisco mencionaron no se ha reconocido su discapacidad ya que en la evaluación, las autoridades indicaron que la pérdida parcial de la vista no es suficiente para obtener el carné. Solo con ese documento podría acceder a una reducción de pagos en servicios básicos, rebajas en impuestos y devolución del IVA, entre otros beneficios. Tampoco han recibido ningún tipo de ayuda.

Mientras Francisco relata su historia, recibe un mensaje de otra víctima que, como él, perdió su ojo. Le preguntaba si habría una nueva reunión de la Asociación de Víctimas, que está liderada por la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Las víctimas ni sus familiares han podido avanzar en las demandas legales de manera colectiva. “Solo tuvimos una reunión en la cual solamente se eligió la directiva y se estableció un chat de WhatsApp. Se ha dicho, por favor, reunámonos ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene tiempo? Nadie (…) luego vino la pandemia y atrasó todo”.

Luisa Lozano, dirigente de mujeres de la Conaie, estuvo a cargo de la Asociación cuando se conformó. Ella menciona que se realizaron más de dos reuniones; sin embargo, la pandemia contribuyó al estancamiento de todos los procesos. “Hay que entender que, claro, en la Asociación hubo un desgaste tanto político y también un desgaste de que mucha gente se cogió la lucha social para fines políticos y eso también fue desgastando poco a poco”, dijo. Desde entonces también que se han conformado otros grupos de víctimas, señaló.

“Mucha gente espera que nosotros (Conaie) reparemos los daños, nos piden apoyo, pero son cosas que no están en nuestras manos”, recalca Lozano, quien menciona que desde Conaie se ha priorizado el trabajo en el campo legal, al presentar denuncias y buscar instancias internacionales para presentarlas.

Francisco salió a protestar pese a no tener una afiliación política. Al hacerlo solo, siente que enfrenta las consecuencias solo. Actualmente no tiene un un medio de vida estable ni apoyo en cuanto a su salud.

Tampoco contó con un debido proceso y seguridad jurídica pese a ser afectado de manera permanente. Él es parte de un grupo de al menos 25 personas nombradas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia (CEVJ) por haber sufrido lesiones físicas permanentes y de largo plazo, provocadas por municiones no letales, como perdigones.

La mayoría de estas personas, cuyos casos se verificaron, perdió un ojo, quedó ciega o tuvo fracturas del cráneo que les provocaron algún tipo de discapacidad. El principal apoyo de Francisco son otras víctimas que también salieron a protestar y se encuentran en una situación similar a la de él.

Su madre Lucía, constantemente pregunta por alternativas para recaudar fondos para los gastos médicos que implica el perdigón en el ojo de su hijo. Ni Lucía ni Francisco contemplan un proceso legal; su energía está volcada en encontrar una manera de que Francisco cubra sus gastos mes a mes y pueda llevar una vida lo más cercana a la que tenía, antes de octubre de 2019. (I)