La solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Administración Pública y de Gabinete Presidencial Sebastián Corral fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), cuya resolución será notificada a la Comisión de Fiscalización para el trámite correspondiendo, respetando el orden de presentación y calificación.

El CAL tiene previsto reunirse este lunes 15 de abril para conocer cinco solicitudes de juicio político en contra de tres exsecretarios del gobierno de Guillermo Lasso, planteados por asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional y dos pedido de juicio propuestos desde el bloque de la Revolución Ciudadana en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia y de la canciller, Gabriela Sommerfeld, ambas acusadas de supuesto incumplimiento de funciones en la incursión registrada el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito.

Lluvia de juicios políticos en la Asamblea Nacional tras detención de Jorge Glas en la Embajada de México

Respecto al juicio político planteado en contra de Sebastián Corral, este fue motivado por la asambleísta Patricia Núñez, de la bancada la Revolución Ciudadana, y se suma a la lista de procesos que están pendientes de trámite en la Comisión de Fiscalización, pues se tiene que agotar primero un proceso para dar paso a uno nuevo, pues la normativa no permite tramitar dos solicitudes de juicio al mismo tiempo.

Publicidad

Según el orden de presentación y calificación de los pedidos de juicio, para que el juicio a Corral se inicie en la mesa de Fiscalización se deben evacuar al menos cuatro solicitudes de interpelación.

El primer proceso que debería concluirse, en esta semana, es el referente al pedido de juicio al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en la crisis energética en el gobierno de Guillermo Lasso, esta interpelación fue motivada por la asambleísta de gobierno Nicole Saca (ADN). Solo falta aprobar el informe final recomendando o no el juicio en el pleno de la Asamblea Nacional.

Posterior a este proceso se tendrá que tramitar la solicitud de juicio planteada en contra del exministro del Interior Juan Zapata y motivada por el legislador del PSC Carlos Vera Mora, quien acusa al exfuncionario de incumplimiento de funciones y afirma que desde el 26 de septiembre de 2022, cuando fue nombrado ministro del Interior, la inseguridad en todo el territorio nacional aumentó y se agravó, sin que se hayan ejecutado medidas para combatir la delincuencia y retomar el control de la seguridad interna del país.

Publicidad

Luego, la Comisión de Fiscalización presidida por la asambleísta Pamela Aguirre tendrá que conocer la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, propuesto por la asambleísta Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien cuestiona a la funcionaria de incumplir funciones en el contexto de inseguridad que vive el país, pues señala que la Fiscalía no acciona para evitar que los delincuentes atrapados por la Policía Nacional vuelvan a las calles a delinquir. Además cuestiona la poca agilidad en las indagaciones en varios procesos penales que involucraban al anterior gobierno.

El siguiente juicio es el presentado por el asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y los vocales de la judicatura Maribel Barreno y Xavier Muñoz, acusados de incumplir funciones y vulnerar el sistema de votación en el Consejo de la Judicatura, irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del juez Walter Macías, extensión arbitraria de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso previo, irregularidades dentro del concurso de oposición y méritos de selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia e inobservar resoluciones del 2021, cuando se destituyó a Solanda Vera Cevallos, jueza provincial de Pichincha, con sentencia por error inexcusable.

Publicidad

Acusaciones a Corral

El 9 de febrero de 2023, el ex presidente Guillermo Lasso, posesionó a Sebastian Corral, como Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Foto Archivo Cortesía Foto: Bolivar Parra

Sebastián Corral Bustamante, como exsecretario general de la Administración Pública y Gabinete Presidencial, está acusado por la legisladora Patricia Núñez (RC) por un supuesto incumplimiento sistemático de funciones al ocupar el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso cuando ostentaba la calidad de accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.

Sebastián Corral enfrentaría juicio político por incumplimiento sistemático de funciones

Esta solicitud cuenta con 41 firmas de apoyo y fue calificada por el CAL. Según la acusación, Sebastián Corral no podía ejercer el cargo por sus vínculos empresariales con compañías de comunicación, y además por poseer bienes en paraísos fiscales siendo funcionario público. Con ello, según la acusadora, cometió un desacato directo de su inhabilidad reconocida por la Contraloría General del Estado.

En el expediente de este juicio se señala que el exsecretario de la Administración Pública desde el primer momento cometió un deliberado, consciente y público incumplimiento de múltiples funciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de su cargo.

Solicitudes pendientes

El Consejo de Administración Legislativa está convocado para este lunes a las 15:00 para conocer cinco peticiones de juicio político presentadas por legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional y de la Revolución Ciudadana.

Publicidad

De este grupo de pedidos de juicio solo dos se refieren a los acontecimientos suscitados en la misión diplomática mexicana y son en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, por supuesto incumplimiento de funciones en los hechos registrados el pasado 5 de abril pasado.

Pero estas solicitudes se presentaron antes tres pedidos que hizo el bloque de gobierno, pues se adelantó por minutos, esto como parte de una estrategia para dilatar la interpelación a dos ministras de Estado clave en el operativo del pasado 5 de abril.

Los tres juicios presentados por los asambleístas de gobierno son en contra de la exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Andrea Montalvo Chedraui, motivado por la legisladora María Fernanda Araujo (ADN), la legisladora Lucía Jaramillo (antes del PSC y ahora ADN), presentó un pedido de juicio en contra de la exsecretaria de Política de Anticorrupción Ana Belén Cordero; y el tercer juicio lo presentó la legisladora Inés Alarcón (ADN) en contra del exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena. (I)