La Cámara de Minería del Ecuador, a través de su presidenta, María Eulalia Silva, “felicitó” al Gobierno nacional por declarar a la minería ilegal como una amenaza en contra de la seguridad del Estado.

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La ejecutiva, que brindó una rueda de prensa la tarde de este 26 de enero, también exhortó a la Función Judicial a unirse a la “cruzada contra la minería ilegal”.

“Se deben establecer zonas de seguridad cerca de los distritos mineros. Esto no significa que se violarán derechos humanos, sino que se protegerá a las comunidades de estas áreas. Tampoco significa que la policía se convierta en empresas de seguridad para las empresas mineras legales”, indicó.

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Afirmó que los recursos del subsuelo son del Estado ecuatoriano y es este quien debe administrarlos. Esto lo dijo en relación con las declaraciones de dirigentes de la Conaie y del Frente Nacional Antiminero que anunciaron acciones para contrarrestar la presencia de la fuerza pública estatal en sus territorios en los que hay presencia de proyectos mineros legales.

“Estos recursos se convierten en bienestar, en impuestos y al ser explotados ilegalmente se los están robando al Estado, a todos los ecuatorianos. La minería ilegal opera sin ningún tipo de licencia social o ambiental. La minería ilegal está creando pasivos ambientales enormes”, añadió.

Además, defendió a la minería legal y afirmó que las cifras macroeconómicas ya están demostrando los beneficios de este sector: “Desde hace dos años, 13 de cada 100 zamoranos han salido de la pobreza gracias a la minería industrial. Zamora Chinchipe, que alberga minas industriales, ha reducido la pobreza en trece puntos. Desde que la minería formal entró en operación ha generado cerca de $ 6.000 millones en exportaciones”.

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Indicó que la minería ilegal también afecta a su sector de forma directa debido a los pasivos ambientales que deja y que están siendo imputados a las empresas formales. “En un país donde la minería ilegal es nueva hay mucho desconocimiento. Los recursos minerales van a ser explotados, la pregunta es ¿cómo queremos que sean explotados?”.

Este 26 de enero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resolvió declarar la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado y “respaldará” la minería legal.

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El titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, anunció que esta declaratoria se viabilizará con acciones que serán implementadas en un decreto ejecutivo que suscribirá el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Reconoció que esta decisión busca evitar que “personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten al desarrollo del país”. (I)