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Capacitación, entrenamiento y regulaciones internas requerirán las Fuerzas Armadas si asumen nuevo rol para el combate al crimen organizado

La Asamblea Nacional recibió el proyecto de reforma constitucional para su trámite, una vez que la Corte Constitucional aprobó el mecanismo.

Las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la Policía en el combate al crimen organizado en estados de excepción. Foto de Archivo. Foto: EFE

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La propuesta de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas participen en las tareas de lucha contra el crimen organizado requeriría elementos que complementen y regulen su presencia en estas acciones, incluso en materia de derechos humanos.

La Corte Constitucional (CC) no se pronunció sobre el fondo de la iniciativa planteada por el presidente de la República, Guillermo Lasso; no obstante, concluyó que la vía para efectuar este cambio al artículo 158 de la Constitución, que propone asignar una nueva función a las Fuerzas Armadas, es la reforma parcial.

Con ello, el mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 615 este 7 de diciembre, en el que detalla el contenido de la propuesta, y lo entregó a la Asamblea Nacional para que lo tramite en dos debates, de acuerdo con el artículo 442 de la carta política.

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De aprobarse en el pleno legislativo, se convocaría a un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie por si está “de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado”.

Junto con la pregunta se modificaría el artículo 158 de la norma suprema, con la inclusión de un inciso que diría: “(…) Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.

El Ejecutivo reconoce que no existe una lista taxativa de los delitos que comprende el crimen organizado, pero están el narcotráfico, participación en un grupo delictivo organizado, blanqueo del producto del delito, corrupción, obstrucción de la justicia, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de armas.

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Justifica la necesidad del apoyo militar en que, en los últimos cinco años, el crimen organizado se “ha tornado más grave”; porque subió la tasa de homicidios; que los grupos “más poderosos del Ecuador usan armas sofisticadas y explosivos”; así como que el mercado ilícito del país y el “más grande es el tráfico de armas, superando incluso al narcotráfico”.

El régimen alega que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha considerado que la amenaza delincuencial puede constituir una razón para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, siempre que ocurra de manera complementaria, extraordinaria y regulada.

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QUITO (07-12-2022).- El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso (d), le entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el proyecto de reformas a la Constitución que permite la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de combate al crimen organizado. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Pero la misma Corte, en el dictamen que declaró que esta pregunta no era viable para tratarla mediante una enmienda constitucional, como lo propuso en un inicio Lasso, alertó de que traería una “potencial incidencia en las obligaciones internacionales del Estado”.

Esencialmente, por una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Ecuador (Corte IDH) en el caso Zambrano Vélez y Otros, cuando en 1993, en un operativo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas, en el “Barrio Batallón”, en Guayaquil, militares utilizaron explosivos para abrir las puertas de casas y fallecieron tres hombres.

Por ese caso, la Corte IDH pidió extremo cuidado a los Estados al utilizar a las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. “Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

En ese contexto, el general en servicio pasivo (s. p.) Wagner Bravo cree que la actual actividad delincuencial es similar a una fuerza paramilitar, por como operan y el armamento que utilizan, lo que ha hecho que la Policía Nacional esté “sobrepasada”.

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Calificó de positiva la propuesta reformatoria y apuntó que su objetivo no estaría en utilizar a la institución para la seguridad ciudadana, sino para el crimen organizado. “No se piense que van a estar en los estadios, mítines, cuidando embajadas, presos… Aunque hay un pequeño umbral entre el crimen organizado y la delincuencia”, reconoció.

Por ello, cree que, de aprobarse esta reforma, incluso en referéndum, se deberán implementar procedimientos, normas, una ley o reglamentos que se manejen en el interior de la fuerza pública “para que no haya excesos”.

“Las Fuerzas Armadas hacen operaciones militares de las que se obtiene información que se vuelve inteligencia. Se monta un proceso de conducción de operaciones, cursos de acción, y de estos se ve cuál es el más adecuado; y, al emplearse, es el que menos daño cause a la población civil. Las operaciones se aplican bajo una orden y un mando correspondiente. Hay límites: no es que las Fuerzas Armadas deben estar en las calles ‘sin ton ni son’”, aclaró.

Adicionalmente, propone que el Estado debe montar y fortalecer los sistemas de inteligencia para obtener información que evite que se “malgasten” los recursos del Estado y que los militares “salgan a ciegas a tratar de buscar a los delincuentes”.

Para el exministro de Defensa Luis Hernández, el tema va más allá de aumentar la presencia en las calles de militares o policías: lo que se requiere es determinar cuáles son los factores estructurales que están promoviendo el crimen organizado.

En una entrevista en radio Única, este 8 de diciembre, consideró que la reforma busca dar un “amparo legal, un paraguas más amplio” a la institución castrense, frente a los estados de excepción o controles de armas en los que participan en determinados momentos.

Sin embargo, “no hay que perder de vista que el problema va más allá que usar a las instituciones. Se trata de ver los factores que contribuyen a ello, porque este es un problema grave, y aumentar policías o militares no es la solución; ayuda, pero la solución es estructural y global”, aseveró.

Además, sugirió la inversión en equipamiento militar que proteja a los efectivos de sumarse a estas labores; y recordó que, cuando era ministro de Defensa, incluso pidió que se dejaran de lado otros ámbitos de la formación militar para que se invirtiera en equipamiento, que le hace falta a la entidad.

“La reforma es un paso que debe permitir un debate sensato, pensando a futuro, porque las Fuerzas Armadas no pueden descuidar su tarea fundamental. Pero cuando contribuyan a este anhelo, con un amparo legal más consistente, hay que ver la Asamblea cómo va a atendiendo este pedido”, añadió Hernández.

El coronel (s. p.) Mario Pazmiño lamenta que este propósito no haya podido ser tramitado por la vía de enmienda, pues en el Legislativo tomará un tiempo su debate, a lo que suma que el régimen “no tiene los votos para afianzar esta postura”.

El efecto de este proceso legal es que “el Gobierno tendrá que seguir usando los estados de excepción para apoyar a la Policía, institución que ha sido desbordada desde algunos años atrás por el crimen organizado y el narcotráfico”, comentó.

Para Pazmiño, las Fuerzas Armadas tendrían que someterse a entrenamientos para acoplarse a los procedimientos policiales; y, aunque sus tareas tienen planificación y entrenamiento, sí se necesita equipamiento adicional.

Explicó que, si la institución militar asumiera este nuevo rol, las acciones para combatir el crimen organizado contemplarían la conformación de las denominadas “fuerzas de tarea”, que se encargan de planificar y ejecutar las operaciones de seguridad. (I)

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