Investigaciones dentro del caso Confourtable, que incluye a dos juezas de la Corte Nacional, traen a debate el respeto a la ‘independencia de funciones’

Comunicados y escritos exigiendo respeto a la independencia de funciones es lo que generaron los allanamientos realizados por la Fiscalía entre la tarde y noche del viernes 16 de agosto pasado, en las oficinas de las juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Enma Tapia y Katherine Muñoz, como parte de una investigación previa por delito de cohecho, caso penal bautizado por la Fiscalía como Confourtable.

La investigación habría arrancado contra las magistradas luego que estas, mediante su voto de mayoría, aceptaron un habeas corpus presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la CNJ procesado en el caso Metástasis Wilman Terán, lo que significó su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hasta la conocida como Cárcel 4, en Quito.

La sentencia de Tapia y Muñoz, juezas de la Sala Laboral de la Corte Nacional, se dio porque definieron que se había “demostrado que en la cárcel La Roca ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes” Wilmán Terán, quien mantiene las órdenes de prisión preventiva por actos de corrupción en los casos Independencia Judicial y Metástasis. El 12 de agosto pasado fue aceptado por las magistradas el recurso de apelación al habeas corpus correctivo que en primera instancia fue negado.

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La respuesta de la jueza investigada

La primera en invocar el respeto a la independencia judicial y a las decisiones que toman los operadores de justicia fue Tapia, quien actualmente es la presidenta subrogante encargada de la CNJ. Para la jueza, la sentencia dictada en este caso está fundamentada en el principio inquebrantable de imparcialidad judicial, y cree que ninguna otra institución, poder o entidad debe tener la potestad de interferir o amedrentar al Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones.

“Solo así se puede lograr que las decisiones judiciales sean libres de cualquier influencia externa y se mantengan fieles al mandato constitucional. (...) Siempre lo he dicho: lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales”, anotó la magistrada que estaría siendo cuestionada.

En los allanamientos, en los que también se incluyó la vivienda de una de las dos juezas investigadas, la Fiscalía incautó dispositivos móviles, computadoras portátiles, un CPU, una agenda, un CD, recibos de transferencias bancarias y otra documentación relacionada con el hecho que se analiza.

Entre esa información se habrían encontrado acciones de personal del Consejo de la Judicatura relacionadas con un familiar de una de las juezas contra quienes se abrió la investigación previa, así como otros documentos que son analizados por la Fiscalía, porque irían dando respuestas a por qué se entregó la acción constitucional solicitada en la que también se dictaron medidas de reparación a favor de Terán que facilitan su acceso a aparatos electrónicos, internet, visitas sin restricciones de horario, tomar el sol en el patio por un mínimo de dos horas y atención médica, psicológica y psiquiátrica.

La Fiscalía defiende su potestad de ser la titular de la acción penal pública

En respuesta, la Fiscalía General, mediante un comunicado publicado en su cuenta de la red social, aclaró que las actuaciones autónomas y objetivas de la institución representan un elemento fundamental para los controles mutuos de los poderes distribuidos en la Constitución, característica que —aseguró— garantiza su independencia.

Defendió el hecho de que la Fiscalía, al ser la titular de la acción penal pública, cuenta con las facultades de emprender los actos investigativos que considere necesarios para el desarrollo de investigaciones penales que se adelantan sobre la base de indicios fundados de la comisión de actos delictivos y sobre la base de sus competencias. Afirmó que los allanamientos contaron con la autorización del juez competente, quien en uso de sus facultades autorizó la realización del operativo, una vez se verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto.

“Es importante señalar que la técnica de investigación de los allanamientos, cuya naturaleza comprende la obtención de elementos vinculados al hecho que se investiga, en donde su aplicación reviste mayor importancia frente a presuntos delitos de corrupción del alto impacto, ha posibilitado la obtención y preservación de información, a más de impedir su destrucción, que posteriormente ha aterrizado en casos sólidos que permiten combatir el evidente estado de descomposición institucional provocado por grandes redes de corrupción en todos los niveles y poderes del Estado”, apuntó la Fiscalía.

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En la lectura de la sentencia de primera instancia, la jueza nacional Ximena Velasteguí, ponente de la sala, destacó que la decisión de rechazar la garantía jurisdiccional solicitada por Terán fue unánime, al no haberse verificado la real existencia de violaciones de derechos. Según el tribunal, no se verificó la comisión necesaria para ser procedente el habeas corpus, esto es, la existencia de graves vulneraciones a la integridad personal, una afectación intensa y frecuente de derechos, debido a que las Fuerzas Armadas hicieron un operativo de control de objetos prohibidos por la ley y no usaron bombas lacrimógenas, como sostuvo el accionante.

La Corte Nacional pide respeto a las decisiones de los jueces

Desde la Corte Nacional de Justicia, el presidente encargado del organismo, José Suing, emitió un comunicado explicando que la independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas, son los pilares fundamentales de un Estado de derecho.

“Por el bien de la administración de Justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces y juezas, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura. (...) Pedimos que se respete, en todo momento, el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial”, sostuvo el titular de la CNJ.

De su parte, la jueza penal nacional Daniella Camacho usó su cuenta en X para referirse a los allanamientos y el accionar de la Fiscalía. La magistrada que fue una de las opciones para ser la nueva presidenta de la Corte Nacional cree que la independencia judicial debe respetarse y los jueces no deben permanecer en silencio ni ser perseguidos por decisiones respaldadas en la Constitución y la ley.

Refirió que la “dureza de la Fiscalía con sus allanamientos” debe estar respaldada en hechos absolutamente comprobables para que no se convierta en una persecución judicial.”No se puede criminalizar a los jueces del máximo tribunal por simples desacuerdos”, dijo.

La Aemaj y su ‘enérgico rechazo’

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) reaccionó con un “enérgico rechazo” ante los allanamientos realizados contra las dos juezas nacionales. Este organismo considera que estas acciones no solo son una afrenta directa a la independencia judicial, sino que además constituyen una amenaza a la correcta administración de justicia y al respeto por el Estado de derecho de nuestro país.

“Estos actos, que parecen responder a intereses ajenos y externos de la Función Judicial, ponen en peligro la integridad de los jueces y la legitimidad de sus decisiones. No podemos permitir que por razones políticas, intereses personales o presiones de terceros se vulneren los principios fundamentales que garantizan un sistema de justicia imparcial y autónomo”, resaltó en un comunicado la Aemaj.

Por el momento no ha trascendido mayor información de otras diligencias o de pericias que se hayan ordenado a los equipos que se incautaron en los tres allanamientos. Principalmente esto se daría porque la causa se mantiene en fase reservada de investigación. Tapia ha adelantado que está presta a defender con sustento técnico y jurídico sus decisiones, mientras que Muñoz no se ha pronunciado. (I)