Pese a que la etapa de instrucción fiscal del caso Encuentro se cerró hace dos meses y medio y también ya pasaron los cuatro meses de instrucción fiscal, José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), continúa con el proceso para traer al país a Leonardo Héctor C. A., uno de los siete procesados en la causa de delincuencia organizada, y solicitó formalmente a la República de Panamá la extradición del ciudadano ecuatoriano.

A finales de abril pasado, agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) en Ecuador solicitaron al juez anticorrupción a cargo de Encuentro, Renán Andrade, que extienda una orden de detención con fines de extradición contra Leonardo C., quien es procesado penalmente junto con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

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La solicitud ingresó al proceso el 21 de abril pasado, acompañada de un parte policial en el que se señala que existe información emitida por la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Panamá, quienes a través del sistema 1-24/7 refirieron que Leonardo Héctor C. A., “quien mantiene una notificación roja de Interpol activa, con el número de control A-1810/2-2024″ y es requerido por autoridades judiciales de Ecuador, “en la actualidad es susceptible de ubicación en Panamá”.

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Con esos antecedentes se continuó el proceso de extradición desde la Corte Nacional, en donde la autoridad central para iniciar este tipo de procesos es el presidente del organismo, en este momento José Suing. En esa línea el titular encargado de la CNJ puso en conocimiento del juez Andrade, para los fines de ley respectivos, el auto dictado el 29 de mayo pasado dentro del expediente de extradición de Leonardo Héctor C. A., en el que se solicita formalmente a Panamá su extradición.

Se aclara en el documento que el objetivo de la acción es que Leonardo Héctor C. A. continúe el proceso penal instaurado en su contra por el delito de delincuencia organizada en Ecuador. En esta causa al momento se espera que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio convocada para el 26, 27 y 28 de junio próximos. El primer llamado fue hecho para el 16 y 17 de mayo pasado, pero la audiencia se difirió por un tema médico y el cruce con otras diligencias de abogados defensores.

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En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio convocada, la fiscal de la causa, Luzmila Lluglla, fundamentará su anunciado dictamen acusatorio para siete de los diez procesados en Encuentro. Leonardo Héctor C. A., Carrera, Luque Lecaro, Antonio Clemente I. M., exgerente de CNEL, Gabriel Naim M. V. y las empresarias Karen Leonor C. O. y Érika Tatiana F. M. son parte de la lista de personas que recibirán un dictamen acusatorio y sobre las que se solicitará que se las llame a juicio.

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La diligencia en la que se debatirá sobre la posible existencia de nulidades procesales y se escuchará la fundamentación del dictamen acusatorio de la fiscal Luzmila Lluglla se dará a casi tres meses de que concluyeran los 120 días de instrucción fiscal en el caso Encuentro.

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“Al no existir elementos precisos e inequívocos” que determinen la imputación respecto de los hechos investigados y basados en la realidad procesal únicamente para Julio César L., Jorge Richard O. y Roberto B., se emitió un dictamen abstentivo. “De los elementos obtenidos dentro de la investigación no se ha llegado a determinar con certeza y de manera concomitante su participación dentro de la estructura criminal, por lo que se procede a la abstención de los tres ciudadanos”, explicó Lluglla en el escrito, en el que habla del dictamen abstentivo.

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Dentro de este caso también se está a la espera de que la justicia argentina dé una resolución final al pedido de extradición de Hernán Luque Lecaro que hacen las autoridades ecuatorianas. En primera instancia, una jueza argentina concedió la extradición, pero el procesado en Encuentro apeló la decisión. Hasta el momento no se realiza la diligencia que podría generar que Luque Lecaro sea traído al país para que enfrente el proceso penal por delincuencia organizada. (I)