Hasta el jueves próximo tienen las partes del denominado caso Flopec, entre ellos, la Procuraduría General del Estado (PGE), para pronunciarse sobre el archivo de la investigación previa que solicitó, la tarde del 21 de abril pasado, la fiscal general Diana Salazar. El pedido fue presentado ante la presidenta de la Sala Especializada de los Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.
En este caso se investigaba un posible peculado en el contrato firmado en diciembre de 2020 entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker. Pilar Ferri, exgerente de Flopec, el 17 de septiembre de 2021 presentó una denuncia en contra de Jaime Condoy Blacio, gerente de la Flota Petrolera durante el gobierno de Lenín Moreno, por presuntas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo y combustible, entre ellos, con Amazonas Tanker.
El 14 de abril de 2023, Ferri en su versión se ratificó en hechos que revelarían un posible peculado en Flopec, el cual estaría relacionado con un contrato con el pool internacional Amazonas Tanker, para transporte de crudo. Según la denunciante, en este caso existieron buques que fueron contratados con costos elevados para el Estado y el acuerdo con Amazonas Tanker no era favorable para los intereses de Flopec, sino más bien era un contrato lesivo.
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La entonces asambleísta del movimiento Pachakutik, hoy legisladora electa por el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Mireya Pazmiño, el 26 de abril de 2023, presentó una denuncia por peculado contra el a ese momento presidente de la República, Guillermo Lasso; Iván Correa, exsecretario de la Administración Pública del Gobierno de Lasso; Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario; Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Oswaldo Rosero, Oscar Panchi y Amazonas Tanker Pool, Company LLC.
🔴ATENCIÓN|| COMIENZA LA IMPUNIDAD DE LA DERECHA⁉️
— Washington Andrade Escobar (@Drwandradee) April 22, 2025
La Jueza Nacional Daniella Camacho (cuándo no) en tiempo récord, atiende el pedido de “ARCHIVO” de la Fiscal General Diana Salazar de la IP por el caso #PeculadoFLOPEC en favor del ex presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera,… pic.twitter.com/uA5aniK8Ok
Salazar fundamenta su solicitud de archivo en las competencias que tiene como titular de la Fiscalía, las cuales están registradas en el artículo 195 de la Constitución que habla de que la Fiscalía General dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los pirncipios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos derechos de las víctimas.
Se aclara en la Carta Magna que de hallar mérito acusará la Fiscalía a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.
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Washington Andrade, abogado de Pazmiño, adelantó que presentarán su oposición en el término concedido por la jueza nacional Camacho, de quien dijo atendió en “tiempo récord” el pedido de “archivo” de la investigación previa.
“Concede tres días a la partes para que se pronuncien, entre ellos, al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, quien también se desempeñó como abogado y empleado en el Banco de Guayaquil, de quienes hoy debe pronunciarse por la oposición al archivo, en un claro conflicto de intereses por los antecedentes de amistad y subordinación. ¿Como abogado del Estado será que se opone? Recordemos (...) la Asamblea Nacional emitió una resolución de censura a Guillermo Lasso y dispuso se remita el expediente a la FGE para que se adelante una investigación por estos mismos presuntos delitos; sin embargo, hoy, tras la dudosa victoria electoral y en medio de las críticas y denuncias contra el actual presidente Daniel Noboa por un presunto megafraude coincidencialmente se apresuran y solicitan este archivo, con inmotivado dictamen”, sostuvo Andrade.
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Una vez la jueza cuente con el pronunciamiento de los sujetos procesales respecto al archivo solicitado por la fiscal Salazar, al no haber encontrado elementos contundentes que revelen el delito y la intervención en el mismo de los investigados, deberá emitir su pronunciamiento sobre el archivo. (I)