Caso Isspol: inasistencia de abogados de Jorge Chérrez impide que se instale la jornada final de la audiencia preparatoria de juicio

La inasistencia injustificada de los abogados del procesado Jorge Chérrez, empresario ubicado como uno de los principales asesores en temas de inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), impidió, la mañana de este viernes 10 de noviembre, que la jueza de Pichincha Irene Pérez reinstale la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Isspol, en el que se analiza el delito de peculado.

En la audiencia de hoy lo que restaba es que se traten acuerdos y exclusiones probatorias, pues en tres días, el lunes, martes y jueves pasados, las defensas de los diez procesados respondieron el dictamen acusatorio emitido por el fiscal de Pichincha Álex Castillo y anunciaron los elementos de prueba que presentarán si Pérez decidía emitir un auto de llamamiento a juicio contra todos o algunos de los sospechosos.

Ante la falta de asistencia de los abogados de Chérrez, incluso por no contestar sus celulares para hablar con ellos, la jueza Pérez ordenó que se les imponga a cada uno de los defensores registrados una multa de dos salarios básicos unificados, es decir $ 900, y se remitió el expediente al Consejo de la Judicatura para que se abra un expediente administrativo-disciplinario. Aún no se define la fecha en la que se dará continuidad a la diligencia.

Fiscalía asegura que acusados dentro del caso Isspol - Bonos pretenden deslindar su responsabilidad en el delito de peculado

Si se lograba instalar esta audiencia, lo que podía ocurrir es que la jueza de Pichincha actuante suspenda la diligencia para entrar en una fase de deliberación, en la que analice los argumentos presentados desde enero pasado que se instaló la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Luego de la deliberación lo que debía darse es una nueva convocatoria para escuchar la decisión de la jueza sobre si llama o no a juicio a los diez implicados en el delito de peculado investigado.

Los alegatos de los acusados se centraron en desestimar su responsabilidad en el manejo de las inversiones “riesgosas” dadas para con fondos del Isspol, pues, dijeron, las mismas se realizaron en periodos que no habrían ejercido sus cargos.

La defensa de Chérrez apuntó que las operaciones no fueron bursátiles sino de naturaleza privada y justificó que los bonos no fueron registrados en el catastro público porque dejó de ser una exigencia desde el 2015. Mientras tanto, Ramiro Román, abogado de Luis Domínguez, sostiene que no hay delito en este caso y recuerda que en audiencia se presentaron pericias contables que evidenciarían que no existe ningún perjuicio al Isspol.

Castillo acusó a los diez procesados por un peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Isspol. Según el fiscal, el monto total del perjuicio que se ha establecido, de acuerdo con la pericia contable, sería superior a los $ 188 millones, con corte al 6 de abril de 2021. “Claramente esto podría incrementarse porque eran vencimientos que se iban dando de acuerdo al periodo de recompra que se debía dar para cada uno”, anotó.

Castillo fundamentó su dictamen en calidad de autores contra Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

También presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox.

Seis exdirectores del Isspol y el empresario Jorge Chérrez, entre los acusados como autores del delito de peculado en el caso Isspol-Bonos

Los diez, para la Fiscalía, intervinieron en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

El actual director del Isspol, coronel Renato González, dijo que esta desleal actuación genera indignación en las autoridades del Isspol y en las más de 90.000 familias que hacen parte de la institución. “La prensa ha sido testigo directo de la serie de argucias que se han planteado en este tiempo de audiencia”.

González criticó los argumentos de las defensas de los procesados, pues lo que estarían diciendo es que ahora nadie conoce nada, que nadie firmó nada, que ‘pasaron en el Isspol consumiendo los sueldos sin saber de qué se trataba lo que hacían’. Según la acusación de Fiscalía, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía. (I)