La explotación pericial de cerca de 15 celulares pertenecientes a Leandro Norero, quien antes de su muerte el 3 octubre de 2022 eras investigado por varios delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos, le han permitido a la Fiscalía General del Estado ir dibujando una trama de corrupción que es calificada como una “empresa criminal” que para alcanzar sus metas ilícitas tuvo que contaminar a jueces, fiscales, peritos, funcionarios penitenciarios, abogados, entre otros.

La fiscal general Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos, afirmaba que Norero “como un buen criminal” registraba todas las negociaciones que hacía a través de sus teléfonos celulares. Una particularidad de ese hecho es que les exigía a los miembros de su cúpula: los abogados Helive A., alias Estimado o Larry, y a Alexander N., alias Novi o Novita, que eliminen los mensajes de la aplicación, pero él mantenía guardada toda esa evidencia.

Los celulares que mantenía alias El Patrón, como le conocían a Norero, habrían servido para él desde la cárcel monte un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad. “El privado ve la libertad manteniendo comunicación con toda su trama de delincuencia”, explicaba Salazar, al tiempo que aseguraba que la organización había unido para concretar sus delictivos fines dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada.

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Tanto alias Estimado como alias Novita tenían, entre otras funciones, buscar a jueces de distintos niveles que podía dar paso a los recursos penales (apelaciones, cambios de delito, ...) y acciones constitucionales (Habeas corpus, acciones de protección, ...) que necesitaba algún miembro de la organización o la familia de Norero.

A los jueces que eran contactados y estaban dispuestos a cumplir con las órdenes del Patrón, a recibir dineros o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos los llamaban “los suicidas” . ¿Y por qué eran los suicidas? Preguntaba en la Sala Salazar. La respuesta: porque tenían la amenaza de la persecución penal de la titular de la acción penal, es decir, la Fiscalía.”Por eso dicen que perseguimos a los funcionarios judiciales, por su corrupción”, refería.

De los chats encontrados en los celulares se desprende información, por ejemplo, una captura de una videollamada en la que Norero, “un privado de la libertad, un narcotraficante, un lavador de activos le marcaba las pautas al juez a través del secretario. Él disponía, convirtiendo a los operadores judiciales en simples alfiles del mal, servidores de rodillas por el dinero”.

“No es posible que los funcionarios judiciales en lugar de tener contacto con la ciudadanía que busca atención, un servicio ágil, estuvieran al servicio de un privado de la libertad”. “Ahora se entiende por qué esas causas judiciales únicamente recaen sobre estos jueces que ahora están privados de la libertad y que les daba la libertad a los narcos y a los sentenciados”. “Por eso se explica las mansiones en las que vive el señor juez, porque la función pública no da para vivir de esa manera”. “El juez se convirtió en el asesor del defensor de Leandro Norero, del narcotraficante”.

Esas eran las frases con las que la fiscal Salazar resumía el comportamiento de al menos ocho “jueces suicidas” y dos funcioanrios judiciales que están siendo procesados hasta el momento por ser parte de esta organización delictiva que trató de cubrir las espaldas de Leando Norero desde lo judicial.

Ocho ‘jueces suicidas’ y dos funcionarios judiciales parte de la organización

Ronald Xavier G. C., alias La Momia, juez de garantías penitenciarias del Guayas, quien en dicha posición conoció la sustanciación del caso principal de lavado de activos de Leandro Norero y sus familiares. Su importancia radicaba en emitir resoluciones judiciales en beneficio de los procesados, a cambio de sobornos entregados por el narcotráfico y Leandro Norero. La planificación iba de la mano de los miembros de la cúpula de la organización criminal: los abogados Helive A., alias Estimado o Larry, y Xavier N., alias Novi o Novita.

El juez Ronald G. habría recibido altas cantidades de dinero, por ejemplo, 30K ($ 30.000) a recibir por parte de Xavier N., aunque la pretensión final era recibir $ 300.000 a cambio del de un sobreseimiento. A favor de Ronald G. también se habrían dado beneficios patrimoniales en la negociación de los sobornos. Por ejemplo, planificaba la adquisición de un departamento frente a la playa y el entonces juez incluso asesoró sobre estrategias procesales a Leandro Norero.

Adolfo Richard G. G., juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Habría brindado su colaboración gracias a su posición en la función judicial al haber formado parte del Tribunal que conoció el recurso de apelación de la prisión preventiva del hermano de Leandro Norero, Israel Norero. Este rol de facilitación que desempeñó fue a cambio de beneficios económicos como $ 5.000 entregados por gente de confianza de Leandro Norero. Su rol de contribución en la organización no se agotaría con dicho pago, pues existe evidencia suficiente, dijo Salazar. que da cuenta que Adolfo G., lejos de honrar a su función de juzgador, se proyectaba seguir vendiendo resoluciones para el beneficio de Leandro Norero y su familia.

Jhoan Gustavo M. M., alias Puma, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, quien conjuntamente con Adolfo G. formaron parte del Tribunal de la referida apelación a la prisión preventiva de Israel Norero. Su colaboración tiene la misma naturaleza que la de Adolfo G., existiendo incluso evidencia que determina la recepción completa de los sobornos a cambio de la venta de decisiones judiciales cuyo monto radicó en $ 70.000 por cada miembro de la familia Norero.

Glenda Elizabeth O. M., jueza de la Unidad Judicial de Samborondón que ingresa en la esfera de colaboración gracias a que el proceso por el delito de tráfico ilegal de armas que se desprendió a consecuencia del allanamiento a la casa de Leandro Norero dentro del caso de lavado de activos recayó en su conocimiento. Dicha posición privilegiada de jueza sustanciadora en la administración de justicia permitió condicionar su decisión de sustituir la medida de prisión preventiva que pesaba en contra de Leandro Norero. Todo se dio siguiendo la dinámica del caso, es decir, a cambio de beneficios económicos. Su participación se proyectó incluso a emitir posteriores beneficios en pro del grupo criminal organizado.

Cristian Gabriel S. C., alias CR7, secretario judicial del entonces juez Ronald G. Su rol giraba en torno a viabilizar las decisiones de su superior jerárquico que ya se encontraban condicionadas bajo la recepción o promesa de pagos económicos. A su cargo se encontraba la coordinación y preparación de arraigos conjuntamente con el abogado alias Novi o Novita de cara a la audiencia de revisión de medidas de los procesados en el caso de lavado de activos, llegando inclusive a tener contacto directo con Leandro Norero quien desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi le daba instrucciones respecto a cómo debía proceder en el cierre de la instrucción fiscal.

Mayra Carolina S. M., funcionaria judicial de la provincia del Guayas, quien mantenía contacto directo con Leandro Norero. Su rol de colaboración se efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal, eso comprendía identificar a jueces dispuestos a “suicidarse”. Así llaman a los jueces que apoyan la delincuencia, el suicida. Y que no son otros que los que estaban dispuestos a recibir dineros o dádivas indebidas a cambio de emitir sus fallos.

Esta procesada es investigada por negociar de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Morero, pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi y además habría manipulado el sistema de sorteo para que caigan donde los jueces suicidas, que no eran otros que los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi. Mayra S. desvió la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal.

Todo esto, como es propio de esta estructura criminal, a cambio de dádivas y beneficios de orden material. Existirían depósitos realizados en la cuenta de Mayra S. y también la entrega de objetos como un computador. Estas prácticas de corrupción le eran muy comunes para Mayra Salazar, pues el propio Daniel Salcedo da cuenta de esta dinámica delictiva en los sorteos de las causas judiciales seguidas en su contra.

Santiago Paul Z. S., juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi que brindó su colaboración gracias a su posición en la función judicial. Formó parte del Tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Leandro Norero. Rol de facilitación que desempeñó a cambio de beneficios económicos como los $6,000 y $8,000 que le fueron entregados a través de Sofía G. y César A., respectivamente. Su rol de contribución para la organización no se habría agotado con dicho pago, pues existiría evidencia que incluso asesoraba sobre la línea de defensa que el equipo jurídico de Leandro Norero debía argumentar en la audiencia respectiva para que su decisión, comprada obviamente, cuente con una apariencia de legitimidad.

José Luis S. D., juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, quien conjuntamente con el juez Santiago Z. formaron parte del tribunal del referido habeas corpus de la hermana de Leandro Norero. Su colaboración tiene, por ende, la misma naturaleza que la de Santiago Z., existiendo incluso evidencia que determina la recepción completa de los sobornos a cambio de la venta de sus decisiones en la función judicial, cuyo monto radicó en $14.000.

Emerson Giovanni C. U., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, a cargo de procesos judiciales de alias Cuyuyui y alias Madrid, individuos que conformaban el brazo armado de Leandro Norero. Estos se beneficiaron de la libertad que les pagó su jefe para que salgan a asesinar a gente en las calles. Alias Madrid fue asesinado después. El rol de colaboración del juez radicó en la concesión de la libertad de los dos ciudadanos a través de acciones legales por medio de la planificación directa ejecutada por Cristian R., al ser el abogado de la organización criminal, quien afirma mantener todo controlado en el sistema de justicia en la provincia de Santo Domingo.

Dichas decisiones judiciales, a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales, representaron un incremento ilegítimo al patrimonio del juez Emerson C. como consecuencia de la venta de su sentencia.

Ángel Harry L. V., juez de la unidad Multicompetente del cantón de La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas. A la fecha de los hechos conoció la acción de protección dentro de una causa que la organización criminal interpuso a través del abogado Kevin P., con la finalidad de levantar las medidas cautelares reales que pesaban sobre los bienes de Leandro Norero, a raíz de las incautaciones y prohibiciones. El proceso penal radicó su competencia en Guayaquil, sin embargo consiguieron a Ángel L., calificado de un juez suicida, para que libere esos bienes, de forma ilegítima y obviamente a cambio de dinero.

Como era propia la dinámica de este grupo estructurado, la decisión judicial de esta garantía constitucional fue vendida por parte del juez Ángel L., conforme se puede evidenciar en las conversaciones de chats entre Leandro Norero, por ejemplo, con Helive A., alias El Estimado, y el abogado Christian R., en donde claramente menciona que Leandro Norero solicita que se apoye al juez en los temas disciplinarios que le ocasionó su decisión ilegal y comprada. (I)