Cuatro líderes de la ‘organización criminal’ y 35 colaboradores aún siguen en la lista de Metástasis a la espera de una audiencia preparatoria de juicio

Falta por resolverse el procedimiento abreviado en el caso Metástasis de Daniel Salcedo, el próximo martes 30 de julio a las 14:00, y con ello únicamente quedarán 39 personas por enfrentar una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada. Con Salcedo serían diez los sentenciados, quienes, a través de un juicio rápido, obtuvieron una pena reducida en esta causa al haber reconocido su participación en la organización criminal que infiltró a parte del sistema de justicia ecuatoriano para el beneficio del narcotraficante Leandro Norero.

Otros tres investigados en esta causa, dos que eran parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y un publicista de origen colombiano, recibieron un dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía, al no encontrarse elementos de convicción que revelen su participación en los hechos analizados. Finalmente, de un total de 52 procesados dentro de una instrucción fiscal de 120 días, solo 39 quedan por saber si serán o no llamados a juicio.

En la lista de personas que esperan se defina por tercera ocasión una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva están al menos cuatro procesados a los que la Fiscalía les ubica en la cúpula de la “organización criminal”: Fabián Yilmar C. B., alias Yanqui; Christian Giovanni R. M., alias Globalpax; Javier Edmundo J. M., y Javier Alexander N. A., alias Novita o Novi.

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La fiscal general, Diana Salazar, así como el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en su momento, han señalado que esta causa penal partió a raíz del asesinato de Leandro Norero en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga. Dentro de esas investigaciones emprendidas por Fiscalía se obtuvieron varias evidencias, entre las cuales se encontraban los dispositivos celulares con los que Norero habría montado su aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar la justicia.

Lo que habría dado inicio al proceso penal de Metástasis, según Salazar, fue la información que se desprendió de la explotación de los referidos celulares, información que habría dado cuenta que desde el CPL de Cotopaxi esta “empresa criminal” se gestó el 25 de mayo de 2022, fecha en la que Leandro Norero, sus hermanos Israel y Johanna, y su esposa, Lina Romero, fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de una investigación por lavado de activos que tenía como origen el narcotráfico.

“A partir de este suceso, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y la impunidad se convirtieron en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero. Metas que eran imposibles sin la integración de un grupo estructurado que concierte estos fines, uniendo para ello dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada, esta última conformada por varios frentes, como el financiamiento, la dirección y la planificación”, sostuvo la fiscal Salazar.

La Fiscalía asegura que Fabián Yilmar C. B.; el abogado de Norero, Christian Giovanni R. M.; el empresario Xavier Edmundo J. M. y el abogado Javier Alexander N. A., hicieron intervenciones principales dentro del propósito de conquistar varios territorios para conseguir no solo beneficios económicos, sino beneficios de seguridad en la cárcel, la libertad y sobre todo impunidad de Leandro Norero y sus familiares.

Pero como en todo grupo criminal organizado, refirió la representante del ente acusador, los líderes no pueden realizar todas las acciones, no puede la estructura funcionar únicamente con los aportes o con la guía de la cúpula, para ejecutar lo planificado requieren de operadores, de la intervención de colaboradores que faciliten la ejecución de los actos direccionados por esta “cabeza criminal” desde aristas como la función pública y privada.

En el nivel de colaboradores quedarían, según la teoría del caso, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, alias Ruso; el expresidente del CJ y exjuez de la CNJ Wilman Terán, conocido con el alias de Diablo; siete jueces y exjueces: Ronald Xavier G. C., alias Momia; Johann Gustavo M. M., alias Puma; Glenda Elizabeth O. M.; Adolfo Richard G. G.; Santiago Paul Z. S.; José Luis S. D., y Carlos Alfredo Z. N., alias Presi, quien fue presidente de la Corte de Manabí.

También son vistos por Fiscalía como autores materiales en el nivel de colaboración María José A. C., agente de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de Samborondón (Fedoti-Guayas); John Fernando C. F., agente fiscal de Fedoti y en su momento fiscal asignado a la unidad de delincuencia organizada del Guayaquil; Víctor Hugo A. B., alias Pillo Buena Gente, exfuncionario de la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas; y María Yanina V., exfiscal provincial del Guayas.

Por otra parte, además de los tres policías ya condenados por procedimiento abreviado, colaboraron con la estructura del narcotraficante otros siete agentes policiales: el cabo segundo Eddin Alexander I. C., Cristian Reinaldo Ch. Ch. (agente investigador con el alias Daniel López), Ángel Danilo L. P. (agente investigador de la Dinased), el mayor Armando Heriberto R. T., el cabo primero Fernando Andrés G. A., la oficial de la Dilat Doris Soraya O. y el expolicía Ángel Eduardo L.

Los abogados en libre ejercicio Armando Vicente F. I., Kevin Alexander P. V., Sofía Natalia G. M., César Manuel A. y Romel David T. se suman a la lista de colaboradores; así como también cinco personas particulares: Braulio Gabriel M. O., alias Rayo; Jairo Marcel Adrián L., alias Joyero, quien fungió como operador económico de la cúpula y planificó fraudes procesales; Eduardo Alejandro R., quien colaboró en los procesos de financiamiento que la cúpula requería; Elio Ernesto A., quien se benefició de los recursos de la organización criminal; y Fernando V. M.

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El número de 39 procesados que restan por llegar a la etapa preparatoria de juicio se completa con los funcionarios del sistema penitenciario Pablo Ramírez, general retirado de la Policía y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), y los guías penitenciarios Carlos Xavier M. y Katherine Pilar G.; y finalmente con las exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles Myrian Alejandra D. y la colombiana Claudia Milena G.

De aquí en más ya no se escucharán penas de cárcel de 40 meses o 15 meses de prisión, como las que recibieron quienes se acogieron al procedimiento abreviado o a quienes a la reducción de la pena por procedimiento abreviado se les sumó la cooperación eficaz, respectivamente.

Ahora las personas que restan por ser procesadas primero deberán sobrepasar una audiencia preparatoria de juicio y una de juzgamiento para enfrentar penas de entre cinco y diez años de cárcel por el delito de delincuencia organizada. (I)