Casos Purga y Metástasis dejan procesados a 43 profesionales del derecho por sus participaciones en dos ‘estructuras criminales’ investigadas

Compra de jueces, direccionamiento de sentencias, venta de fallos, cambio de audiencias y traslados de cárceles por dinero u otros beneficios, venta de información privilegiada, manejo de recursos constitucionales a conveniencia, abogados intentando comprar jueces, fiscales, peritos, tarifarios con costos para ilegalidades en el sistema de justicia... son, entre otros, los temas que los casos Metástasis y Purga han sacado a la luz pública en estos últimos meses, dejando de ser un rumor para hoy ser una realidad que enfrenta el país.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, durante la audiencia de vinculación de trece personas al caso Purga, el pasado 4 de junio, señalaba que en los últimos meses Ecuador ha ingresado en un tratamiento intensivo por la “metástasis” que atraviesan las instituciones, sobre todo —decía— las del sistema de justicia, las cuales necesitan a toda costa recuperarse.

“Esta intervención demanda la desarticulación de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de nuestra justicia y han trascendido a lo largo de la historia del país gracias al ambiente de impunidad dominante, que les ha permitido fortalecerse y enquistarse en nuestra sociedad, atentando inclusive a los intereses directos de todos los ecuatorianos. Estas actuaciones, como nos ha enseñado el caso Metástasis, surgen de la unión de dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada”, anotó Toainga.

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Las cifras de procesados en estos dos casos dan la visión de un importante engranaje que pudo hacer posible el objetivo que tenían los ubicados como líderes de las dos “organizaciones criminales” investigadas por la fiscal general, Diana Salazar: profesionales del derecho relacionados con la Función Judicial y en el libre ejercicio.

Para la Fiscalía, en Metástasis el narcotraficante asesinado en 2022 Leandro Norero era quien estaba en la parte alta de la “empresa criminal” que intentó manejar, en unos casos, y manejó, en otros, a su conveniencia casos en las jurisdicciones de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Pichincha; mientras que el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes era quien dirigía el “grupo delictual” analizado en Purga y que infiltró la justicia en la provincia del Guayas.

43 profesionales del derecho procesados en los casos Metástasis y Purga

Los números son claros: de los 52 procesados en Metástasis, al menos 23 son profesionales relacionados con el derecho (doctores o abogados), con cargos de jueces o exjueces provinciales y uno nacional, funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio; en cambio, en Purga, de los 25 sospechosos hoy procesados por delincuencia organizada, 20 son jueces y exjueces, funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio profesional.

Tanto el fiscal Toainga como la fiscal general, Diana Salazar, en sus intervenciones en estos casos han hablado de que las cúpulas de estas organizaciones necesitaban colaboradores que puedan materializar sus ilícitos fines, como el cambio de cárceles, beneficios penitenciarios, sentencias a medida, cambios de jueces que “no copiaban” a la organización...

Por ejemplo, la fiscal Salazar, de Christian Geovanny R. M., abogado al que se ubica en la investigación de Metástasis con el alias de Globalpax y que representó en varios casos a Norero y su familia, dijo que él era un abogado en libre ejercicio que no estaba ejerciendo su profesión, “sino que era un planificador y gestor de delitos en contra de la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la administración pública”.

“Lo que él realizaba no es una defensa técnica, sino fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias, cohecho y hasta instigación para que asesinen o atenten en contra de la vida de quienes estaban investigando, por ejemplo, la fiscal Lidia Sarabia”, refería Diana Salazar, de quien aseguró intervenía de manera directa en los procesos judiciales como abogado de Norero para dotar de legitimidad a las resoluciones que ya habían sido acordadas previamente a cambio no de su defensa técnica, sino de los sobornos pagados y pactados con los administradores de justicia y sus colaboradores.

El abogado Felipe L. es un penalista que por seguridad prefiere que no se conozca su apellido. Él constantemente va a litigar en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y cree que la realidad que Metástasis y Purga han expuesto al país no es nada nuevo, aunque aclara que ahora las presiones económicas y amenazas dejaron de venir de grupos de poder tradicionales y ahora se ubican en grupos criminales que tienen relación con el narcotráfico, el crimen organizado, y cuentan con recursos ilimitados tanto materiales y humanos como financieros.

A las pocas semanas de iniciado Metástasis, al presidente temporal del Consejo de la Judicatura(CJ), Álvaro Román, se le consultaba cuál era su parecer sobre esta infiltración del sistema de justicia por parte de grupos que han buscado sus objetivos torciendo leyes y funcionarios y a los profesionales que, en teoría, estaban encargados de velar por su cumplimiento.

Los criterios respecto a la situación actual

Román señalaba, en primer lugar, que desde la Judicatura se debía trabajar en una permanente capacitación de los funcionarios judiciales a través de la Escuela Judicial, para fortalecer la cuestión ética en el desarrollo de las funciones de quienes hacen parte del sistema de justicia. Lo segundo sería —dijo— la investigación, es decir, colaborar con la Fiscalía y que la Fiscalía colabore con el Consejo de la Judicatura cuando hagan investigaciones de transparencia.

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El titular de la Judicatura refería que quieren fortalecer la Unidad de Transparencia del CJ y que Transparencia tenga vínculos con otros organismos para que sea más eficiente y efectiva la cuestión de transparencia. Esta situación, según Román, permitiría descubrir, anticiparse o lograr que las denuncias que son presentadas en el Consejo de la Judicatura tengan resultados más eficientes y efectivos sobre la corrupción.

Como profesional de derecho, más allá de ser el presidente actual del CJ, Román reconoce que recibió con tristeza todo lo que se ha descubierto, por ejemplo, en Metástasis, caso en el que está siendo procesado su antecesor en el CJ: Wilman Terán.

“Yo he sido abogado, mi papá fue juez, yo fui juez, y da tristeza. A pesar de que no he sido parte de la Función Judicial permanentemente, pero al ser abogado y ejercer la profesión de forma digna, recta, también afecta. Usted ve que todo es una cadena. Abogados en libre ejercicio que confunden la ética. Como mi papá decía: cuando tú como abogado te dejas mandar por el cliente, tú eres empleado, no abogado. El abogado tiene que decir al cliente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. (...) El abogado no puede hacer cosas incorrectas, pero cuando entran en el sistema como empleado, se ve el ejemplo: ‘Jefe, ¿qué quiere que haga?’”, explicó Román.

De su parte, el secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y director del Colegio de Abogados de Pichincha, Ciro Guzmán, reconoce que el sistema de justicia ha entrado a un nivel de crisis tan profundo que pensaban incluso que ya había tocado fondo; pero —afirma— eso es lo más alejado de la realidad, porque cada vez el país es sorprendido con nuevos hechos y cada vez más escandalosos.

Entre las cosas que lamenta el integrante de la Federación Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha es que en estos niveles de corrupción, los cuales refiere que están asociados a la narcopolítica, al narcotráfico en general, también han involucrado a algunos abogados en libre ejercicio.

Guzmán tiene claro que este sistema de corrupción implantado que se ha insertado en la justicia en el país tiene que ser depurado, lo que significa —apunta— depurar, por un lado, a los funcionarios judiciales que han ocupado los cargos en los que se cometió el delito, procesarlos penalmente y que dentro de un proceso sean sentenciados como corresponde, si son culpables; pero, por otro, también procesar judicialmente a los abogados que se encuentran en ese problema.

Además, refiere, las instancias a las que pertenece piensan que es necesario que se les devuelva a los colegios de abogados del país las facultades disciplinarias que tenían antes a través de los tribunales de honor. Ciro Guzmán recuerda que, cuando eso existía, los tribunales de honor juzgaban, procesaban a aquellos abogados que incurrían en faltas disciplinarias, que incurrían en un ejercicio indebido de la profesión, no ético, no probo.

“Lastimosamente, esa facultad la entregaron al CJ a través del Código Orgánico de la Función Judicial desde el año 2010 en adelante. Y es obvio que en esas circunstancias un CJ que no solo no ha cumplido sus funciones, sino que ha sido el principal protagonista de estos hechos de corrupción, no podía, no tenía ni la calidad ética ni la intención de perseguir este tipo de acciones irregulares de algunos abogados que lamentablemente denigran nuestra profesión y le hacen mucho daño al gremio de profesionales del derecho”, indicó Guzmán.

Según el dirigente de los abogados del Ecuador consultado, se ha incluso presentado ya hace algunos meses un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, una de las cuales sería que se devuelva la facultad disciplinaria, sancionatoria a los abogados del libre ejercicio, a los colegios de abogados. (I)