Como parte de las investigaciones en el caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado convocó —y por segunda ocasión— a rendir versión a cuatro sospechosos de presunta delincuencia organizada, de forma paralela a instalarse la audiencia de vinculación.

A las instalaciones de la Fiscalía en Quito están convocados a rendir versión este martes, 2 de enero, desde las 09:00 en adelante, cuatro personas mencionadas en chats de quince teléfonos celulares que eran propiedad del narcotraficante Leandro Norero, conocido como alias el Patrón, asesinado en octubre del 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (Cotopaxi), en medio de un motín.

La Fiscalía permitirá que puedan conectarse a través de una plataforma virtual para que asistan al cumplimiento de estas diligencias. Entre los llamados están:

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  • El abogado de Norero, Christian R. M., para las 09:00.
  • Daniel S. B., que fue sentenciado por peculado en la venta de medicinas en la emergencia sanitaria del COVID-19, para las 10:00.
  • Xavier J. M., quien, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, administraba los bienes de Norero y mantendría los alias de Dady Yanky, Ravioli, Marido y Po, para las 11:00.
  • Fabián C. B., quien habría sido hombre de confianza de Norero.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía convoca a estas cuatro personas a dar su versión.

La operación Metástasis se ejecutó a la madrugada del 13 de diciembre de 2023, en la que se realizaron 75 allanamientos simultáneos en siete provincias del país, en los que se detuvo a 31 sospechosos de incurrir en delincuencia organizada.

En un inicio eran 38 personas las que debían ser detenidas, pero una fuga de información alertó de los operativos y siete personas huyeron, entre estas Daniel S. B., Christian R. M. y Fabián C. B.

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Xavier J. M. se encontraría en los Estados Unidos. La institución fiscal lo conminó a informar su domicilio judicial y que designe su defensa técnica con abogados acreditados en el Ecuador.

El sospechoso Daniel S. B. había ingresado un escrito reclamando que había “animadversión” en su contra. Sin embargo, la Fiscalía le respondió que, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, es la encargada de llevar a cabo las investigaciones cumpliendo las garantías del debido proceso.

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De forma paralela, para este 3 de enero a las 10:50 está previsto que se instale la audiencia de vinculación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a cargo del juez nacional Felipe Córdova, en la que la Fiscalía expondrá los elementos de convicción para procesar a los cuatro sospechosos mencionados y otros cuatro más: Carlos Z. N., expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, a quien ubicaban en esta organización con el alias de Presi; Víctor A. B., exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas; Fernando G. A. y Jairo V. M.

QUITO (19-12-2023).- En el caso Metástasis, el involucrado expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán solicitó el 'habeas corpus'. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Entre el 14 y 15 de diciembre de 2023, y por más de 20 horas, el juez Felipe Córdova presidió la audiencia de formulación de cargos en contra de los 31 detenidos en los allanamientos, con base en los elementos hallados por la Fiscalía y descritos por su titular, Diana Salazar Méndez.

El proceso se sustancia en la CNJ debido a que varios de los implicados gozan de fuero de Corte, como el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán Carrillo y varios jueces provinciales.

El magistrado dictó medida de prisión preventiva en contra de 16 procesados, entre ellos Wilman Terán, que está recluido en la cárcel 4 de Quito desde el 16 de diciembre.

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En contra de otras catorce personas se ordenó presentación periódica y, en un caso, arresto domiciliario, debido a que el sospechoso es de la tercera edad.

El caso Metástasis se originó tras analizar los teléfonos celulares hallados en la celda de Leandro Norero, de los que se desprendió información que permitió a la Fiscalía concluir que se estructuró una “empresa criminal” que buscaba garantizar, mediante actos de corrupción, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para mantener la integridad personal del procesado y sus familiares. (I)