Por ‘obstrucción de la justicia’, el expresidente de la Judicatura Wilman Terán recibe una segunda orden de prisión preventiva

En menos de dos semanas, el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán recibe la segunda orden de prisión preventiva por supuestos hechos de corrupción cometidos al estar en funciones. En esta ocasión el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera le ordenó prisión preventiva dentro del caso conocido como Independencia Judicial, proceso penal en el que se investiga a Terán como autor directo del delito de obstrucción de la justicia.

Wilman Terán al momento se encuentra internado en la denominada Cárcel 4, en el norte de Quito, pues es procesado por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Metástasis. En esta causa se indaga a una “empresa criminal” que operó desde distintos estamentos del sistema de justicia, la Policía Nacional y el sistema penitenciario, para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios para el narcotraficante Leandro Norero y su familia.

Una medida similar de prisión preventiva fue ordenada contra el actual vocal de la Judicatura Xavier Muñoz, también visto como autor directo del ilícito que se analiza. En este caso, para Rivera, la medida de prisión preventiva en este momento resulta ser la idónea no solo para que comparezca al proceso, sino también para evitar que desde el cargo que actualmente ostenta en la Judicatura pueda ejercer influencia sobre quienes serían sus jerárquicos inferiores dentro de la Función Judicial.

El vocal Muñoz, al igual que Wilman Terán, se conectaron por vía telemática a la reinstalación de la audiencia que se dio en la Corte Nacional. Una vez que empezó oralmente a explicar el magistrado su decisión de ordenarles la prisión preventiva, Xavier Muñoz se desconectó, mientras que Terán se mantuvo en la diligencia. El juez nacional dispuso que se emitan las boletas de encarcelamiento para que los dos procesados sean ingresados en la Cárcel 4.

Desde este 28 de diciembre corren los 90 días que durará la etapa de instrucción fiscal por un delito que mantiene penas que van de cinco a siete años de cárcel.

También Rivera ordenó contra la exvocal del CJ Maribel Barreno y otras cuatro personas más, procesadas en el caso Independencia Judicial, las medidas cautelares de presentación cada semana ante la Sala Penal de la Corte Nacional, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.

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Básicamente, el juez Rivera dio paso a todo lo solicitado, entre la mañana y tarde del miércoles 27 de diciembre pasado, por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, funcionario que formuló cargo y expuso 47 elementos de convicción que mantiene la Fiscalía para asegurar que este caso gira en torno a un uso privativo y privilegiado del poder judicial pretendiendo con ello obstruir a la justicia.

Para Toainga, Terán, Muñoz y Barreno son autores directos del delito de obstrucción de la justicia. En cambio, Andrés J., secretario general (e) del CJ; Marcela V., subdirectora nacional de Control Disciplinario del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; y Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ, serían ubicados como cómplices del delito contenido en el artículo 279.1, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este caso se originó en mayo pasado cuando con solo dos votos, de Wilman Terán y Xavier Muñoz, se suspendió al juez de la CNJ Walter Macías y posteriormente lo destituyó bajo la misma fórmula: con los votos afirmativos de Terán y Muñoz y la abstención de Maribel Barreno. En esos momentos, Macías era el juez que dirigía el proceso penal por tráfico de influencias en el que finalmente fueron llamados a juicio Barreno, el ahora exvocal de la Judicatura Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhaya.

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Inicialmente fueron convocados ocho personas a esta diligencia que fue solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, hace ya cuatro meses, pero debido a que por el momento se han desvanecido los presupuestos con que se contaba para imputar cargos contra el exvocal Morillo, este quedó fuera de la lista. Aparentemente en esta última parte de la investigación existieron elementos de cargo y de descargo que desvanecieron las presunciones iniciales.

Para Toainga, entre las ilegalidades cometidas está el suspender al juez nacional Walter Macías con dos votos afirmativos versus dos abstenciones, actuando en contra del artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y 76.3 y 82 de la Constitución; tomar decisiones sin haberse informado por completo y adecuadamente de los expedientes disciplinarios; destituir a Macías con solo dos votos pese a que se encontraban cuatro vocales conectados en una sesión extraordinaria; subsumir la actuación del juez Walter Macías a una causal que nada tenía que ver con los hechos administrativos denunciados en el artículo 109, numeral 1, del COFJ.

El fiscal subrogante no dejó de mencionar que uno de los vocales que votaron a favor de la destitución de Walter Macías se encontraba aparentemente en estado etílico.

Para los siete sospechosos se ordenaron medidas de carácter real, como la retención de valores hasta un máximo de $ 18.000 para Terán, Muñoz y Barreno en cuentas, pólizas, entre otros títulos-valor que tengan en el sistema financiero local, mientras que para Andrés J., Marcela V., César G. y Katherine L., la retención y valores por $ 9.000. La medida cautelar de carácter real alcanzó a la prohibición de transferir o enajenar bienes de todos los ahora procesados.

Además, el juez Luis Rivera acogió las medidas de protección a favor del juez Walter Macías, quien sería una víctima indirecta en este caso; para la agente fiscal que está dentro de esta investigación, Alexandra Zurita, y para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

“Se prohíbe que los procesados y terceros, en este caso los miembros del Consejo de la Judicatura y todos aquellos funcionarios de nivel jerárquico de dicho organismo administrativo-disciplinario de la Función Judicial, ejerzan actos de persecución o intimidación a través del inicio, tramitación o sustanciación de procesos administrativos o disciplinarios que deriven en suspensiones, destituciones o en cualquier acto administrativo del órgano de gobierno con el cual busque separarlos del cargo actual, garantizando así la protección física, psicológica e incluso hasta la estabilidad-inamovilidad de los tres mencionados funcionarios”, aclaró Rivera. (I)