La noche del 14 de diciembre pasado, la fiscal general, Diana Salazar, previo a iniciar su relato de lo encontrado dentro del caso Metástasis, dejaba sentado ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, que en esa audiencia únicamente va a referirse a las 31 personas que se encontraban en la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada y que más adelante se realizará la vinculación de aquellos que fugaron al ser alertados, por ejemplo, por mensajes publicados en redes sociales.

Esa hora llegó a pocos días de haberse abierto una instrucción fiscal definida para 90 días. La Fiscalía General del Estado habría solicitado formalmente al juez a cargo de la causa, el pasado 19 de diciembre, la vinculación de siete personas más al proceso penal abierto el 15 de diciembre último. Los nombres de quienes se busca vincular al caso Metástasis forman parte de la lista inicial de 38 personas contra quienes el 13 de diciembre pasado se solicitó que sean detenidos con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos.

Estos son los chats del caso Metástasis en PDF

Entre estos nombres figuran el de Christian R., abogado del narcotraficante Leandro Norero; Daniel Salcedo Bonilla, quien ha sido sentenciado por actos de corrupción en la venta de medicinas durante la pandemia; Carlos Z., expresidente de la Corte de Manabí a quien lo ubicaban dentro de la organización con el alias de Presi; Víctor A., exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas; Gilmar C., señalado dentro de la estructura con el alias de Yankee; Fernando G. y Jairo V.

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Quienes serán vinculados aparecen nombrados en conversaciones que fueron encontradas como información en 15 teléfonos celulares que eran de propiedad de Leandro Norero, quien se mantuvo en la cárcel al ser procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Salazar aspira a que se determinen medidas de privación de la libertad para así contar con todos los vinculados en el procesamiento.

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Tras el asesinato de Norero en el interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen, se generó la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban los celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

Según la Fiscalía, la delincuencia organizada que se investiga operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, dos de sus hermanos y su esposa.

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“La información que se desprendió de la explotación de los referidos celulares dan cuenta de que, desde el CPL de Cotopaxi, esta empresa criminal se gestó desde el 25 de mayo de 2020, el mismo día en que Leandro Norero Tigua, sus hermanos Israel y Johanna, y su esposa Lina Romero, fueron detenidos en un operativo a consecuencia de una gran investigación por lavado de activos que fue en conjunto con el Gobierno norteamericano”, sostuvo Salazar.

La operación simultánea para allanar y detener en este caso se dio entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador. Horas antes, el expresidente Rafael Correa en su cuenta personal de la red X escribió: “Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande, contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo está dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”.

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Otros siete sospechosos

Eso ha sido entendido por la fiscal Salazar como un intento de obstruir que se concreten las detenciones en el caso Metástasis, pero al ser consultada si procesará a quienes sirvieron de “campana” para que investigados se pongan a buen recaudo luego de la advertencia, la titular de la Fiscalía ha respondido que en este momento están concentrados en lo importante y no en las “campanas”. ”Estamos concentrados en llegar a los líderes, a las cabezas de esta organización”.

Una vez que se concrete la vinculación de estos siete sospechosos, a la etapa de instrucción fiscal deberán sumarse 30 días más, es decir, en total serán 120 días de instrucción fiscal en los que la Fiscalía podrá recolectar más elementos que sustenten su teoría en este caso. Lo que resta es que el juez Córdova defina día y hora para la diligencia. “El caso Metástasis es una radiografía de cómo la narcopolítica se ha introducido en las instituciones públicas. Por ejemplo, la muestra está en la Corte Nacional de Justicia, en Cortes Provinciales, la Fiscalía General como institución, la Policía Nacional y el SNAI (Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad)”, explicó la titular de la Fiscalía.

Ocho ‘jueces suicidas’, por el momento, son ubicados dentro de la organización criminal del caso Metástasis

Propuesta de procedimiento abreviado

Respecto a una de las personas que se piensa vincular, el abogado Christian R., la fiscal Salazar informó que este se ha contactado con la Fiscalía para plantear someterse a la figura del procedimiento abreviado, es decir, va a asumir su responsabilidad.

“Desde ya le envío este mensaje al señor Christian R., que está en calidad de prófugo, la Fiscalía no se va a someter a sus condiciones. Ha venido a pedir 20 meses y estar en la Cárcel 4. Por Dios, los procesados, los delincuentes no vienen a someter a la justicia. Él tendrá que someterse a las condiciones que la Fiscalía establezca y que la ciudadanía también conozca toda la verdad de lo que se ha tejido, porque no es solamente este caso, no son varios que han sido manejados por esta organización, por esta estructura de abogados, por esta estructura de jueces”, aseguró Salazar en una entrevista en radio Democracia.

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En su momento, José Moreno Arévalo, defensa de Christian R. y Daniel S., reconoció que existió la orden de detención contra sus dos clientes, pero que ninguno de los dos fue detenido. Pese a ello, a ambos se les habrían allanado sus casas y les hicieron incautaciones del caso. “Serán los exámenes periciales los que establezcan si esos indicios tienen o no conexión con los hechos que son materia de investigación”.

Moreno sostuvo que en el desarrollo de la investigación previa ninguno de sus dos representados fueron contactados para que por lo menos ejercieran su derecho a la defensa. (I)