Pablo Muentes habría usado ‘cuentas troll’ contra María Josefa Coronel por no entregarle un contrato de limpieza para dependencias judiciales en Guayas

Aunque el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes no es uno de los 52 procesados en el caso Metástasis, la comunicadora Mayra Salazar en su testimonio anticipado dentro de esta causa relató los supuestos negociados en contratos de limpieza para dependencias judiciales en Guayaquil y en la provincia del Guayas que mantenía el entonces legislador, los cuales al ser retirados por María Josefa Coronel, en ese momento directora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, generó “diferencias” y ataques.

Este episodio fue parte del segundo tema tocado en el testimonio rendido por Mayra Salazar, entre la mañana y la tarde del jueves 28 de marzo último, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante el juez Felipe Córdova.

El testimonio anticipado fue solicitado por la propia fiscal general, Diana Salazar, no solo para preservar la información que la relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas tenía, sino también para garantizar la seguridad de quien ya hace parte del Programa de Víctimas y Testigos.

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Según Salazar, existía un grupo de cuentas troll controladas por ella que servían para la defensa de Pablo Muentes, en ataque a todas las personas con las que tenía problemas. Entre ellas, señaló, al abogado del Banco del Pacífico, Ricardo Noboa Bejarano, en su momento a María Josefa Coronel o el periodista Guillermo Lizarzaburu.

A Muentes en el teléfono celular de la procesada Salazar se lo podía encontrar registrado en contactos con el nombre Pablito más un emoticón de una casa; pero también, para la aplicación Signal, se podía ubicar un segundo contacto registrado con el nombre de Geremy Morton New.

Salazar explicó que en estas “idas y venidas a la casa de Pablo Muentes”, que era donde ellos se reunían siempre, el hoy exlegislador le contó que era beneficiario de los contratos de servicio de limpieza del Consejo de la Judicatura a través de asociaciones vinculadas a él. Muentes es uno de los doce procesados penalmente por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga. Al él se lo ubica como uno de los tres líderes de una estructura delictiva que usó a funcionarios del sistema de justicia del Guayas para hacerse de fallos judiciales y cambios administrativos de jueces que beneficiaban sus intereses.

“Los contratos estaban divididos en dos: contrato de servicio de limpieza para las dependencias de la ciudad de Guayaquil y contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia de Guayas. Valores que superan el $ 1′400.000 por año. Pero, señor juez, usted más que nadie debe conocer por qué utilizar asociaciones y no compañías. En temas de contratación pública, las asociaciones gozan de una mayor puntuación y gozan de otros beneficios. Aunque realmente esto para Pablo Muentes no era un problema, porque tenía internamente a la persona que realizaba dicha compra”, aseguró la comunicadora de 35 años.

En ese momento, a la menoría de Mayra Salazar vino el evento que originó la fricción y el ataque contra Coronel y en el que se usaron cuentas troll para desprestigiarla y contradecir sus actuaciones como directora provincial del Guayas de la Judicatura en el ámbito administrativo. La abogada y periodista fue posesionada en el cargo el 9 de septiembre de 2021, cuando presidía el pleno del CJ María del Carmen Maldonado, y renunció el 26 de enero de 2023.

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Mayra Salazar indicó que el único año que Pablo Muentes no fue beneficiario del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de Guayaquil fue en el año en el que María Josefa Coronel era directora provincial del Consejo de la Judicatura encargada. “Ahí nacen sus diferencias”, apuntó.

Para la procesada en el caso Metástasis, no solamente el problema estaba en que Pablo Muentes se adjudicaba los contratos de servicio de limpieza, sino en que este servicio no era ofrecido, pues muchas veces eran las personas que internamente trabajaban en el sistema las que tenían que comprar insumos de limpieza, afectando, dijo, no solo a los funcionarios judiciales, sino a todos los usuarios del servicio de justicia.

“Es del conocimiento público que las dependencias judiciales del Guayas han estado abandonadas por muchos años; que, si hoy en día nos ponemos a compararlas con un mercado, el mercado sigue siendo más limpio que las dependencias judiciales. Señor juez, también debo manifestar que estas compañías, o estas asociaciones, será tan fácil corroborar la información solicitándole al CJ otorgue la información de los contratos que fueron asignados en los últimos años”, precisó.

Mediante ese ejercicio de corroboración, refirió Salazar, se podrá comprobar que dichas asociaciones también fueron utilizadas en contrataciones del Municipio de Guayaquil. En ese punto, la comunicadora hizo referencia a un caso que fue público: “Cuando cambia de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración, estos contratos duplican su valor prestando el mismo servicio”.

A decir de Salazar, sobre estos contratos en algún momento se inició una investigación en la provincia del Guayas, pero “misteriosamente”, sostiene, fueron trasladados por la fiscal provincial del Guayas a Babahoyo (Los Ríos), pese a que el problema estaba en Guayas. “Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esa investigación. Sería bueno que la Fiscalía investigue qué pasó con esa investigación que ya estaba abierta y que hoy se encuentra en Babahoyo. Lo que comprueba que la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, nunca se iba a meter con Pablo Muentes”. (I)