Mercedes Leonor Villarreal, ex directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura (CJ), sigue manteniendo en lo penal un llamado a juicio en suspenso en el caso Purga y un proceso de extradición por concretarse desde España, pero en lo administrativo, por su paso por la Judicatura en Guayas, su situación sigue agravándose.
Hace poco el nuevo pleno del CJ, integrado por los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco, Fabián Fabara y el presidente del organismo, Mario Godoy, decidió imponer la sanción pecuniaria del 10 % de la remuneración mensual que recibió como exdirectora Villarreal. La multa impuesta tiene que ver con errores cometidos por la entonces funcionaria judicial en la tramitación de un proceso disciplinario con un juez de jurisdicción del Guayas.
Con esta multa, Villarreal suma nueve sanciones por diferentes infracciones tipificadas en el Código Orgánico de la Función Judicial: cuatro de las sanciones tienen que ver con la destitución del cargo, tres más están relacionadas con suspensiones y dos sanciones han sido pecuniarias.
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A finales de julio de 2024, la exdirectora Mercedes Villarreal fue detenida en España por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) como parte del caso Purga. En relación con esa detención la Policía ecuatoriana refirió que, mediante el intercambio de información y cooperación internacional con su similar en España e Interpol, se detuvo a la exfuncionaria judicial del Guayas, la cual mantenía una boleta de captura y notificación roja.
Desde ese momento se iniciaron los trámites legales pertinentes para su extradición a Ecuador, aunque la procesada quedó en libertad bajo el cumplimiento de medidas cautelares como la presentación periódica. El 2 de junio pasado se realizó ante jueces de la Audiencia Nacional de España una diligencia dentro del pedido de extradición hecho por la justicia ecuatoriana.
En esa diligencia, Mercedes Villarreal no aceptó ser extraditada a Ecuador, pues asegura que tiene temor de su vida, ya que se califica como una ‘perseguida política’ del Gobierno de Ecuador. Cuando se inició el proceso penal denominado caso Purga estaba como presidente de la República Guillermo Lasso, mientras que cuando se le llamó a juicio el primer mandatario era Daniel Noboa.
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La exfuncionaria judicial, quien ocupó el cargo de directora en la Judicatura en Guayas entre febrero y diciembre de 2023, no pudo ser detenida dentro de los allanamientos realizados como parte del caso Purga, el 4 de marzo de 2023 en las provincias de Guayas y Pichincha. Un informe de la Unidad de Investigaciones con la Fiscalía (UNIT) reveló que Villarreal dejó el Ecuador por vía aérea a las 18:27 del domingo 3 de marzo de 2023, horas antes de que la Fiscalía obtuviera las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener inicialmente a trece personas.
Los allanamientos llegaron al domicilio de Mercedes Villarreal la madrugada del 4 de marzo pasado, pero ella ya no estaba ahí. En el vuelo 755 de la aerolínea KLM la exfuncionaria judicial había dejado el país y su rumbo era Barcelona, España.
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El 23 de enero pasado, el juez De la Cadena decidió llamar a juicio por el delito de delincuencia organizada a Villarreal, así como al exlegislador Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, al exjuez penal del Guayas, Johann Marfetán, así como a otros abogados, jueces y funcionarios judiciales.
Una vez que se llamó a juicio a Villarreal, el magistrado penal de la CNJ confirmó las medidas cautelares personales y reales impuestas en el momento que se le formularon cargos y la vinculó a la instrucción fiscal de Purga. Una de esas medidas es la orden de prisión preventiva, la cual hasta el momento no ha cumplido la acusada de ser parte de una red de corrupción que manipuló la justicia de la provincia del Guayas para obtener fallos favorables, impunidad y réditos económicos.
La Fiscalía para acusar a Villarreal presentó 22 elementos de convicción. Según la acusación, la exdirectora del CJ en Guayas es una de las cuatro personas que lideraban la “organización criminal” investigada, junto con Muentes, Gallardo y Marfetán. La exdirectora es señalada de usar su cargo para cambiar jueces en tribunales que tratarían causas de interés del “grupo criminal” y desvanecer temas administrativos en los que estaban relacionados varios miembros de la agrupación investigada.
Justamente estos últimos tres procesados ya fueron condenados en el caso Purga. El 13 de marzo pasado, los jueces nacionales Daniella Camacho, Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre arribaron a la convicción de que Muentes, Gallardo y Marfetán eran responsables del delito investigado en calidad de autores, sentenciándolos a los tres a trece años y cuatro meses de prisión, al pago de una multa de 40 salarios básicos unificados ($ 18.800), además de 20 años de pérdida de derechos de participación.
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En lo que respecta a las sanciones administrativas contra Villarreal, desde el CJ se aclara que al no encontrarse actualmente en funciones como servidora judicial, se iniciará el respectivo procedimiento de cobro, de conformidad con el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva del CJ.
“Las suspensiones serán registradas en el expediente personal de la exservidora (Mercedes Villarreal). En el caso de que se le imponga una nueva sanción similar se iniciaría una acción administrativa que podría derivar en una quinta destitución”, se informó desde la Judicatura. (I)
