El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó prisión preventiva para ocho personas y medidas alternativas para cinco, quienes son los nuevos procesados dentro del caso Purga. De los trece sospechosos, la Fiscalía acusa a una en calidad de autora y a doce como colaboradores del presunto delito de delincuencia organizada que se habría cometido en la Función Judicial del Guayas con el fin de conceder resoluciones judiciales a cambio de sobornos, dádivas y obsequios.

El magistrado emitió su resolución la tarde del miércoles 5 de junio durante la reinstalación de la audiencia de vinculación, que se inició el martes. La diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, con la presencia del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien presentó más de 140 elementos de convicción.

Los procesados que recibieron prisión preventiva son:

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  • Mercedes Leonor V., exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, acusada en calidad de autora. Se dispuso difusión de alerta roja para su localización y captura.
  • Tatiana Carolina V., exasesora parlamentaria de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
  • José Daniel P., exjuez de la Corte de Guayas.
  • Esteban Andrés Ch., asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
  • Susana Vanessa B., funcionaria del Consejo de la Judicatura responsable del sorteo de causas.
  • Jackeline Vernise D., coordinadora provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Guayas.
  • Mirian Jessenia R., coordinadora provincial de Secretaría y Archivo del Consejo de la Judicatura de Guayas.
  • Silvia Erminia O., jueza de la Unidad Judicial Civil Mercantil e Inquilinato de Guayaquil.

Para ellos, el juez ordenó a la Policía Nacional que proceda con la localización y captura.

A quienes se dictó prohibición de salida del país y presentación periódica son:

  • Rubén Andrés D., ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Guayas.
  • Hugo Manuel G., expresidente de la Corte de Justicia de Guayas.
  • Juan Xavier R., comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
  • Freddy José J., excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
  • Andrea Mercedes P., jueza de Durán.

En el caso de Mercedes Leonor V., exdirectora provincial de la Judicatura, acusada como presunta autora, los elementos de convicción de la Fiscalía señalan que ella se valió de su cargo para colaborar con la cúpula de la organización criminal para formar tribunales a medida, eliminar sumarios administrativos contra Fabiola Gallardo y Guillermo V. (ambos ahora procesados), y trasladar a jueces que no querían colaborar.

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Entre los actos que se le imputan está que habría conformado el tribunal de jueces que conoció el caso de habeas data contra el Banco del Pacífico que impulsó el exlegislador Pablo Muentes (procesado y acusado como líder de la organización criminal), por el cual el exasambleísta y su esposa (también procesada) obtuvieron un fallo a su favor con el que ganaron $ 3,9 millones.

Además, la Fiscalía justificó su pedido de prisión preventiva, entre otras cosas, porque la exfuncionaria abandonó el país el día del operativo, sin que hasta ahora haya regresado. Por ello, el juez De la Cadena determinó que existe riesgo procesal, ya que al no volver al país muestra su nulo interés en comparecer ante la justicia. El magistrado concluyó que la prisión preventiva es necesaria para evitar que evada a la justicia.

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Respecto de Tatiana Carolina V., exasesora de Pablo Muentes cuando él fue asambleísta, el juez De la Cadena dictó prisión preventiva porque concluyó que existe riesgo procesal, pues la procesada podría interferir en el proceso penal del caso Purga, ya que colaboró con el exlegislador y pudo haber eliminado evidencias.

Los elementos de la Fiscalía sostienen que la exasesora habría elaborado la sentencia del caso de habeas data que Muentes planteó contra el Banco del Pacífico. Para ello, habría intercambiado mensajes con Mayra Salazar (procesada en el caso Metástasis), quien le habría entregado documentación del caso. Posteriormente, en varias comunicaciones la entonces asesora habría pedido a Salazar que se elimine toda la información sensible. Con estos argumento, la Fiscalía alegó que hay riesgo procesal de obstaculización del proceso, porque Tatiana Carolina V. tiene tendencia a eliminar documentos.

En la Corte Nacional de Justicia, en Quito, se realizó la audiencia de vinculación del caso Purga. El 5 de junio el juez Lautaro de la Cadena dio a conocer su resolución. Foto: cortesía Fiscalía. Foto: Cortesía Fiscalía

En cuanto a Hugo González, expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, el magistrado determinó que si bien la Fiscalía presentó elementos claros y precisos sobre la campaña para ganar la presidencia de la Corte, el Ministerio Público no justificó ni demostró que dicha elección constituyera que se perpetuaría la organización criminal.

Los cuatro hechos principales en los que la Fiscalía basa el caso Purga tienen que ver con préstamos del Banco del Pacífico a Pablo Muentes y su esposa, Mónica, por el que salieron beneficiados con $ 3,9 millones; apropiación ilegítima de tierras, por la adquisición irregular de un terreno por $ 200.000; un caso judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército por $ 30 millones; pago de $ 1.485 para el cambio de piso de la Corte de Justicia de Guayas; y el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, desde la cárcel Regional de Guayaquil hacia La Roca.

Con la resolución dictada el 5 de junio se extiende por 30 días la instrucción fiscal del caso Purga, sumando 120 días. La causa ahora tiene un total de 25 procesados, entre quienes se encuentra Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Guayas, así como jueces, servidores judiciales, abogados, entre otros. (I)