Caso Triple A: Fiscalía avanza en la presentación de sus elementos de convicción y habla del manejo irregular de combustible en los sectores automotor, industrial y naviero

Como autores y coautores del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo es como pidió el fiscal Leonardo Alarcón que se vincule a las once personas naturales y una jurídica procesadas dentro del caso Triple A. Actualmente en esta causa son diez personas las que ya forman parte de una instrucción fiscal abierta el 16 de diciembre de 2024.

La diligencia se instaló la mañana de este miércoles, 9 de abril, en el tercer intento, por decisión del juez anticorrupción Renán Andrade. Además, el integrante de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado resolvió dar inicio a la audiencia de vinculación colocando como abogados de los procesados Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y Juan Carlos A. T., contador y auditor de 52 años de edad, a dos defensores públicos.

Ese hecho se produjo pese a la oposición que, vía Zoom, dijo tener Alvarez a que lo defienda un abogado que no conoce del caso Triple A. Diego Córdova Raza es el abogado del alcalde de Guayaquil, quien solicitó el diferimiento de la audiencia porque mantenía otra diligencia que no fue diferida.

Caso Triple A: juez negó diferir audiencia y asignan defensor público para Aquiles Alvarez

“Quiero dejar claro que más allá de las nulidades que ya acarrea este proceso yo no autorizo a ningún defensor público para defenderme. Mi abogado Diego Córdova envió un escrito bien sustentado para que se suspenda la audiencia por lo menos unos días. O es que usted tiene alguna presión para ponerme como carne de cañón antes de las elecciones del domingo 13 de abril. A mí no me falten al respeto y a mí me defiende mi abogado. Públicamente se lo digo, ni siquiera ha abierto link de YouTube usted, señor juez. ¿Qué, no quiere que el país vea que me deja en indefensión?”, señaló Álvarez.

Ante la inasistencia a la diligencia, los abogados de Álvarez y de Juan Carlos A. T. fueron multados con dos salarios básicos unificados ($ 940) y se pidió que el Consejo de la Judicatura analice el comportamiento de los profesionales y active las herramientas de corrección respectivas.

Ya en individualización de los procesos, Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, solicitó que se vincule como autores del delito investigado a Aquiles Alvarez, empresario relacionado con la representación legal, la presidencia y accionista de varias empresas comercializadores de combustibles; al empresario Raúl Arnoldo Z. O., al ingeniero Juan Dionisio A. S., empresario Fausto Vinicio V. G., al empresario Édgar Moisés F. T., a la ingeniera comercial Rosa Marbella O. G. y Édgar Edmundo C. A.

Y en calidad de coautores, el fiscal Alarcón dijo que se vincule a los contadores Juan Carlos A. T., Gloria María S. S., María Elisa C. E., Olga Cecilia O. L. También pidió que sea vinculada como persona jurídica la empresa Harsajudi S. A., sobre la cual no existió una calificación en cuanto a la calidad dentro del procesamiento.

La teoría que maneja la Fiscalía señala que en el caso Triple A existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, con lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

En esa línea, el fiscal Alarcón explicó que existían elementos de convicción que apuntan a la existencia de empresas comercializadoras de combustibles en los sectores automotor, industrial y naviero que estaban representadas, tenían en su presidencia o era accionista Aquiles Alvarez y desde las cuales no se habría informado a la autoridad competente, Petroecuador o la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), de la existencia de irregularidades en la comercialización de gasolinas extra, súper y diésel prémium con subsidio estatal.

Entre las irregularidades detectadas por pericias estaría que por ejemplo la empresa Copedesa, relacionada con Alvarez y dedicada a la distribución de combustibles en el sector automotor, entregó diésel y gasolina a unas despachadoras de combustible ubicadas en zonas como Zamora Chinchipe, en El Pangui, a la cual se le habría entregado un número mayor de galones de diésel a los que podía recibir en sus instalaciones. Dio el fiscal fechas seguidas en las que se registraron entregas de diésel que sobrepasaba en dos y casi tres veces los 10.000 galones que podía almacenar la estación.

Caso Triple A, proceso judicial al que se le vinculará al alcalde Aquiles Alvarez, avanza en medio de una marcada confrontación

Desde Copedesa también se habría entregado combustible a una estación en Loja, la cual mantenía entre sus registros la venta de diésel y gasolina extra a un auto con la misma placa y en cantidades que no estaban en relación al tipo de vehículo. Por ejemplo, respecto a una volqueta del año 2009 se registra la venta de galones de diésel y gasolina extra.

En cambio, desde una estación de combustibles que mantenía un convenio de afiliación a Copedesa y que se ubicaba en Machala, provincia de El Oro, se habría entregado combustible con subsidio a una empresa que debía consumir combustibles del sector industrial y no automotor.

Según la Fiscalía, las empresas que estaban representadas o presididas por Aquiles Alvarez incumplieron la obligación que tenían en el contrato con la empresa estatal Petroecuador, la cual les entregaba el combustible subsidiado, es decir, verificar que las distribuidoras de su red no desvíen combustible dentro y fuera del territorio ecuatoriano.

El alcalde Alvarez en su cuenta personal de X escribió: “Qué pena tener que haber parado mis actividades por una audiencia totalmente dedicada y armada por campaña electoral. Sigo escuchando al fiscal Alarcón y la verdad que lo que él dice sí es una verdadera fanesca, pero sin bacalao, esta es con harto chancho… Turra. Instalaron audiencia violentando el derecho a la defensa, sin abogado, pero aquí estamos. Yo estoy en Guayaquil, donde mis abogados, Urdesa central. (...) Seguiré escuchando audiencia y enfrentaremos cualquier situación mal armada por parte de la justicia ecuatoriana. Una pena que el fiscal y el juez se presten para este tipo de teatro, este caso debe archivarse, guarden este tuit”.

También Alarcón dio ejemplos, como que el combustible que era destinado al sector industrial se comercializó con empresas del sector naviero, cómo se entregó combustibles en lugares que no existen instalaciones o cómo se entregaron permisos de funcionarios de la ARCH que al mismo tiempo eran accionistas de una empresa distribuidora de combustibles, y se habló de otras empresas, como Corpalubri, Ternape Petroleum S. A., Indudiésel, entre otras.

La Fiscalía al momento continúa con la exposición de los elementos de convicción que mantiene para sustentar su pedido de vinculación. Luego será el turno de que respondan las defensas de los procesados a las medidas cautelares que solicite el fiscal Alarcón para cada uno.

Formalmente el caso Triple A existe desde el 23 de julio pasado, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas, pero a mediados de diciembre de 2024 se concretó la formulación de cargos y se dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., y las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. A todas las personas naturales se les dispuso la medida de presentación periódica. (I)