Christian Cruz y José Tuárez, dos figuras que marcaron al primer Consejo de Participación Ciudadana electo por voto popular

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se prepara a renovar sus siete consejeros en lo que serán los comicios del 5 de febrero de 2023, luego de un periodo de cuatro años marcados por la controversia, entre rupturas internas y ver pasar a cuatro presidentes, de los que dos estuvieron envueltos en polémicas situaciones.

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El 13 de junio del 2019 se inició el primer periodo de consejeros electos mediante voto popular, tras los resultados del plebiscito del 2018, que modificó el mecanismo de selección, dejando atrás los concursos de méritos que realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el periodo 2019-2023 asumieron: María Rosa Chalá Alencastro, José Tuárez Zambrano, Sofía Almeida Fuentes, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Walter Gómez Ronquillo, Victoria Desintonio Malavé y Christian Cruz Larrea. Como suplentes: Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.

Eligieron a José Tuárez como presidente, quien se mantuvo en funciones apenas un mes, pues en agosto de ese año, la Asamblea Nacional lo censuró y destituyó a él y a otros tres vocales mediante un juicio político.

Lo sucedió Christian Cruz y Almeida asumió la vicepresidencia; pero en otro juicio político que sustanció la Legislatura se censuró y destituyó a Cruz, en octubre del 2020.

Almeida fue la presidenta hasta completar el periodo de dos años, reeligiéndose en junio del 2021. Ocho meses después, en medio de un conflicto interno entre sus siete miembros, fue removida de su cargo por decisión de una mayoría que impulsó la elección de Hernán Ulloa, alzándose en la presidencia.

De estas cuatro figuras, las salidas de José Tuárez y Christian Cruz estuvieron acentuadas por la polémica.

El 28 de noviembre de 2019, el país se sorprendió con la noticia que el cura José Tuárez, pues era parte de la orden de los dominicos, había sido detenido en Manabí, en el marco de un operativo en contra de una banda a la que se acusaba de ofertar puestos en organismos estatales a cambio de altas sumas de dinero, que fluctuaban entre los $ 5 millones hasta los $ 20 millones, informó la Fiscalía General en ese entonces.

Un tribunal penal de una Unidad Judicial de Guayas lo sentenció a cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita en agosto del 2020. El acusado ha impugnado las decisiones judiciales invocando su inocencia.

Tuárez guardaba prisión en la Penitenciaría de Guayaquil, hasta que iniciaron las masacres de reos en manos de grupos criminales y en el trámite de un habeas corpus correctivo fue trasladado hasta la Cárcel 4 (hoy Cárcel 2) de Quito, en donde cumple la medida de prisión preventiva, contó su abogado defensor, Carlos Manosalvas.

El proceso que se sigue en su contra fue anulado en la sustanciación de un recurso de apelación que se encontraba en la Corte Provincial del Guayas.

La decisión la tomó por unanimidad un tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que resolvió declarar la nulidad constitucional del fallo dictado por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el 11 de febrero de 2021.

Se argumentó que el recurso de casación se encontraba “aparentemente motivado, adoleciendo del vicio motivacional de incongruencia, al no haber dado respuesta a los planteamientos de apelación efectuados por el encausado José Tuárez Zambrano”.

Carlos Manosalvas explicó que esta Sala anuló la sentencia de apelación que se tramitó en segunda instancia en la Corte Provincial, porque “no existía una motivación suficiente y no se habían topado todos los puntos que se esgrimieron al momento de apelar”.

Con ello, el proceso “vuelve a foja cero (en esa etapa) para que se tramite el recurso de apelación en una nueva audiencia y con nuevo tribunal”, de la Corte Provincial.

El jurista relató que su defendido sigue detenido, pese a que caducó la prisión preventiva y a los recursos legales planteados, pues “cumplió más del 60 % de la pena, ¿pero de qué pena? Nadie lo sabe porque declararon la nulidad del proceso”.

Añadió que su defendido es inocente de los cargos que se le imputan, ya que no existen pruebas que demuestren su culpabilidad. “No existe nada en contra de él, ni escuchas (telefónicas), mi defendido es inocente. No hay nada, ni registros de que le hayan entregado dinero; nadie le nombra, nadie dice que él dio una instrucción”, por lo que consideran que su caso se trata de una “persecución política”.

¿Qué pasó con Christian Cruz a su salida del Consejo de Participación Ciudadana? Durante los más de dos años apartado de la función pública, se apartó también y totalmente de la política, de los medios de comunicación y de las redes sociales.

“Desde que salí del Consejo no veo noticias y no he vuelto a ver redes sociales y no pienso volver a ver...”, dijo Cruz, en un diálogo telefónico al que accedió con este Diario.

Antes de integrar las filas de la política era un emprendedor dedicado a las consultorías y a los deportes, pues presidía el club deportivo Armonía de Cuerpo Mente y Espíritu (ACME), siendo campeón nacional e internacional en fisiculturismo y en las artes marciales.

Fue censurado y destituido por incumplimiento de funciones al expedir, sin la intervención del pleno del CPCCS, un reglamento para la administración de los vehículos institucionales y para el cálculo de los viáticos de los trabajadores.

De forma paralela a ese debate surgieron denuncias de que había obtenido de manera irregular un carné con el 80 % de discapacidad, lo que afectó su probidad y cuya denunciante fue la actual vicepresidenta del Consejo, María Fernanda Rivadeneira, aunque este no fue parte de las causales del juicio político.

“La destitución de la Asamblea Nacional más cuestionada del mundo, fue la mayor condecoración para mí, porque jamás vieron un recurso mal habido, jamás escucharon una llamada o una acción que no estaba en función de los objetivos del Consejo. (…) Han sido momentos de fortalecimiento familiar y tenía que pasar eso, porque jamás me sometí a los intereses políticos y por eso me destituyeron, por aprobar un reglamento… “, reflexionó.

Este hecho fue para él la oportunidad para concentrarse en su familia y fomentar nuevos emprendimientos.

Así, por ejemplo, creó la plataforma virtual ZenSei, que otorga certificaciones para el aprendizaje de defensa personal a través de las artes marciales y que por esto fue acreedor a dos premios desde Corea, detalló.

También creó una empresa de medicina natural y terapias alternativas denominada NaturalZen, para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades catastróficas. “En el proceso del juicio político la gente dudó de mi carné de discapacidad, pero es un carné legítimo y esto motivó la creación de este centro de bienestar para dar soluciones a la gente”.

Otro emprendimiento que impulsa está enfocado en un programa denominado Súper humanos y, trabaja en otra empresa para promover la transparencia en el ejercicio público, con el uso de herramientas tecnológicas como polígrafos, pupilógrafos, detectores faciales.

Por el momento, Cruz no está interesado en volver a la política, aunque la experiencia que vivió lo motivó a seguir “luchando por sus sueños” y recomendó ver la película mexicana La dictadura perfecta, “que detalla cómo es la política latinoamericana y es muy parecido a lo que me pasó”.

En su perspectiva, cree que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución “fantástica en su esencia”, pero que “ha sido resultado de un karma de situaciones políticas en el que las personas que me hicieron esto les tocó vivir cosas parecidas y multiplicadas por diez. El Consejo permite tener la tercera vía del poder ciudadano para elegir a las autoridades, pero lastimosamente quienes han estado ahí tienen sus intereses políticos”, añadió.

Algo de lo que él se aparta, porque “puedo decir con humildad y determinación que he sido el único presidente independiente y lo he demostrado a través de mis hechos”, añadió.

En la coyuntura actual, Sofía Almeida ya no es la presidenta, pero mantiene su cargo como consejera. Hernán Ulloa, preside el CPCCS, función que la recuperó gracias a una acción de protección, que lo reintegró a él y a los consejeros, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán, tras ser censurados y destituidos por un juicio político, que fue anulado por el juez de La Concordia, Ángel Lindao.

Este hecho ha desatado una crispación política de las bancadas legislativas Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), varios de Pachakutik (PK), de la Izquierda Democrática e independientes como el presidente Virgilio Saquicela, que denuncian que se está fraguando un ‘golpe de Estado blando’ para sacarlos de sus dignidades. (I)