La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2023, en el que destacó los retos en derechos humanos e institucionalidad democrática que tiene la región.

En el caso de Ecuador se menciona que han existido avances en materia de derechos humanos, que incluyen la promulgación de la Ley del Derecho al Cuidado Humano e iniciativas para garantizar el acceso a la justicia para personas LGBTI.

Además, destaca la promulgación de marcos normativos para combatir la trata de personas y los esfuerzos realizados para fomentar la participación política de las mujeres, personas mayores y afrodescendientes.

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No obstante, pese a estos avances, la CIDH concluyó que “la situación de los derechos humanos en Ecuador sigue siendo gravemente afectada por los desafíos en seguridad ciudadana originados por la actividad del crimen organizado, particularmente en lo que respecta a la violencia contra aquellos involucrados en actividades políticas o que ocupan cargos públicos”.

“Estas acciones, además de entorpecer el desarrollo de la función pública y el ejercicio de los derechos políticos, representan una amenaza significativa para la democracia y el Estado de derecho”, recoge el informe.

La CIDH recoge varios hechos ocurridos en el país que contribuyeron a determinar sus avances, y a la vez sostiene que la situación sigue siendo grave. Entre los más relevantes están los siguientes:

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  • En 2023, la institucionalidad democrática se vio marcada por la decisión del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, fundamentándose en el artículo 148 de la Constitución de la República. Esta medida se tomó debido a la percepción de una grave crisis política y conmoción interna, especialmente en el contexto de juicios políticos iniciados en la Asamblea en contra de ministros de Estado y del presidente. Tras la disolución, el presidente únicamente podía expedir decretos leyes en materia de urgencia económica previamente calificada por la Corte Constitucional (CC). Hasta septiembre, la CC había aprobado dos de los siete decretos enviados.
  • La disolución de la Asamblea tuvo como consecuencia la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, a las cuales se sumaron dos consultas populares. Este fue el primer proceso electoral en el que la ley exigió la aplicación de paridad de género al 50 %, tanto para los binomios presidenciales como para las listas de asambleístas. Asimismo, la representación de las mujeres se incrementó en la Asamblea Nacional, las alcaldías y las concejalías. Durante la jornada electoral se reportaron dificultades para votar desde el exterior y posibles vulneraciones a la integridad del sistema del voto telemático, observadas por la Misión de Observación Electoral de la OEA.
  • Sumado a las elecciones, se tuvo conocimiento de la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplimiento de una orden de la CC, así como al anuncio de retiro de la sede del CPCCS, por decisión del Ejecutivo, decisión que fue eventualmente suspendida.
  • Ecuador informó sobre la propuesta para la creación del Mecanismo Nacional de Coordinación para la Implementación y Seguimiento de Recomendaciones de Derechos Humanos, así como un reglamento orientado a avanzar en el cumplimiento del proceso de reparación integral y las obligaciones internacionales. Además, se dio a conocer el progreso en el diagnóstico y las brechas existentes en la implementación de los estándares de derechos humanos en las empresas.
  • El periodo electoral estuvo marcado por la violencia política, que amenaza la democracia, el Estado de derecho y se impone como uno de los principales retos en materia de seguridad ciudadana. Esta forma de violencia se visibilizó especialmente con las amenazas y el posterior asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial. En el mismo contexto, también fueron asesinados antes el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el candidato a la Asamblea Nacional Rider Sánchez.

“La violencia política es parte de un problema mayor de desafíos a la seguridad ciudadana derivados del crimen organizado y grupos criminales dentro de las cárceles del país. La violencia ha impactado de manera diferenciada en distintos grupos, incluyendo niñas, niños y adolescentes, quienes son víctimas de captación y reclutamiento forzado por parte grupos criminales”, refiere el informe.

La CIDH dice que, ante estas situaciones que se registraron, el Gobierno de turno, el del presidente Guillermo Lasso, implementó diversos estados de excepción para hacer frente a la violencia.

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En el texto se menciona también que en el último año se expidieron directrices y políticas sobre administración de justicia con enfoque de género. Se creó la Subcomisión Interinstitucional de Femicidios, para mejorar la atención integral, protección y restitución de los derechos de víctimas indirectas de femicidio. Además, se publicó la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que promueve el acceso a instancias de toma de decisión en el sector público y privado; y la Ley del Derecho al Cuidado Humano.

La comisión dice que tomó nota de la condena impuesta a Germán Cáceres por el femicidio de María Bernal, así como del llamado a sancionar a todas las personas que pudieron haber participado en el encubrimiento de los hechos. No obstante, menciona que encontró que los datos sobre femicidios en el 2023 difieren entre autoridades y sociedad civil.

“Al 8 de octubre de 2023, la Fiscalía General del Estado registra 77 casos, la gran mayoría cometidos por una persona cerca a la víctima; mientras que al 30 de septiembre el Consejo de la Judicatura registra un total de 433 muertes violentas de mujeres, de las cuales al menos 80 corresponderían a femicidios. Por su parte, datos de sociedad civil al 25 de septiembre reportan 238 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 califican como femicidios y al menos 130 se relacionan con el crimen organizado”, recoge la CIDH. (I)