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Cinco mesas de diálogo cierran con desacuerdos y ejes por ejecutar

Para el próximo 13 de septiembre está prevista la instalación de la mesa de Derechos Colectivos. Faltan cuatro más: Salud, Educación, Seguridad y Empleo.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, abandona la sede de la Conferencia Episcopal, en donde se realizan los diálogos con el Gobierno. Dijo que no está conforme con los resultados. Foto de Carlos Granja Foto: El Universo

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Los 58 días de diálogos entre el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno nacional, centrados sobre cinco ejes nacionales, confluyeron en un ambiente neutral con un malestar de haber alcanzado “más desacuerdos” que acuerdos.

Este 9 de septiembre, en Quito, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), garante de este proceso, se vivió una intensa jornada de debate en la que los representantes del régimen y de los grupos sociales exaltaban su aflicción por las largas jornadas de trabajo, en medio del hambre, sueño y lejos de sus familias, para cerrar los diálogos respecto de las mesas de Focalización de subsidios; Fomento productivo; Control de precios; Energía y Recursos Naturales; y Banca pública y privada.

Entre la mañana y tarde de este viernes, los grupos de trabajo sobre Energía y Recursos Naturales y, de Control de Precios, fueron los primeros en suscribir las actas de acuerdos y desacuerdos.

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El ministro de Energía, Xavier Vera, resaltó como un logro el haber declarado una moratoria en quince bloques petroleros por doce meses o hasta que la Asamblea Nacional ponga en vigencia una ley de consulta previa libre e informada.

Esta moratoria regirá en aquellos “bloques en los que no hay exploración ni explotación en donde no hay ningún trabajo”; en tanto que, en materia minera “no vamos a dar ningún título minero hasta que esté la ley y no se va a dar licencia ambiental hasta que no esté la consulta ambiental”, expresó Vera.

Otro de los consensos fue la conformación de una comisión técnica que se encargue de elaborar reformas a las leyes de Minería, Hidrocarburos, así como al reglamento y a la ley de Circunscripción Amazónica, además de elaborar una ley de consulta previa y otra para regular la actividades de la empresa pública Petroecuador.

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Vera resaltó a estos puntos como acuerdos, pues desde las delegaciones indígenas se pedía una “moratoria total” en petróleo y minería.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su descontento sobre lo acordado. “No se ha avanzado prácticamente... porque los proyectos que no están en vigencia es sobre los que se va a sostener la moratoria”, cuestionó.

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La propuesta que defiende el movimiento social es que no haya explotación minera o petrolera en territorios ancestrales, áreas protegidas, recarga hídrica y zonas productivas.

Su esperanza es que en la mesa de Derechos Colectivos (que se instalará desde la próxima semana) se pueda ir trabajando en estas áreas.

En el ámbito del control de precios, se alcanzaron consensos para incrementar en un 10% los operativos de control para frenar el tráfico de productos lácteos y otros como arroz, fruta, cebolla, cárnicos y ganado en pie.

Iza, de su parte, lamentó que no haya habido la voluntad del régimen por trabajar en una fijación de los valores de los productos industrializados.

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Cuestionó que si bien se habla de realizar controles de las autoridades para que no haya incremento desmedido de los productos de primera necesidad, no se conoce sobre qué listado oficial se controlaría.

Héctor Caillagua, dirigente de la Feine, contó que en el trabajo de esta mesa surgió el pedido de que se controle los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) porque en las comunidades llegan a pagar entre $ 8 y $10. Sobre ello, el régimen se había comprometido a fomentar acercamientos entre distribuidores y comunidades para acordar precios de transporte.

Para Caillagua, el Ejecutivo no tuvo voluntad de fijar precios de los productos industrializados, por lo que consideró infructuoso crear un observatorio que vigile que no haya incremento de precios de los productos de primera necesidad, si no hay una tabla oficial referencial.

El movimiento indígena aspiraba a que se fijen precios referenciales sobre 13 productos, sin embargo, el Ejecutivo no se comprometió a ello, sino a realizar controles.

Sobre la mesa de Control de precios se habrían alcanzado cinco acuerdos y tres “divergencias”, relacionadas por ejemplo, con la difusión de las tarifas de dignidad de luz eléctrica y telefonía.

El eje neurálgico de estos encuentros bilaterales y que tienen origen en el paro nacional de 18 días de junio pasado, fue el incremento de los precios de los combustibles y la focalización de los subsidios.

Es así, que debido a lo delicado de su tratamiento, el Gobierno y dirigentes sociales acordaron extender el trabajo de la mesa hasta el 12 de octubre.

Samuel Lema, dirigente de la Feine, indicó que sobre esta mesa se podría conocer resultados en octubre, pues estarían llegando a acuerdos previos.

Estos, estarían enmarcados en la inclusión y exclusión de quienes deben beneficiarse de los subsidios a los combustibles.

Según Lema, se analiza incorporar a los grupos beneficiarios de esta ayuda social como agricultores, sectores de la transportación y productivos, entre otros que aún debe definirse.

No obstante, en las delegaciones del movimiento hay inconformidad porque no se quiere excluir de este beneficio a las empresas camaroneras y atuneras.

El dirigente explicó que entre los debates se ratificó el concepto de que debe mantenerse los subsidios de forma general y se prohíbe la liberación de los precios.

En esa línea, el objetivo es que reciban esta ayuda sectores de bajo recursos para que paguen por ejemplo, $ 2,10 el galón de gasolina extra y $ 1,50 el galón de diésel.

Para aplicar estas estrategias de focalización, se estudia implementar bombas de gasolina móviles o herramientas tecnológicas como códigos QR o Tags.

Leonidas Iza adelantó, por ejemplo, que se adoptarían mecanismos de inclusión y exclusión para subsidiar y los factores que se tomarían en cuenta, son el cilindraje de un vehículo para excluirlo; en tanto que, a los sectores sociales se les otorgaría un cupo para la compra del combustible subsidiado.

En la mesa de Fomento productivo, el acta se firmó hace pocos minutos. No lograban definir los puntos pues había divergencias respecto de la creación de una comisión que observe la viabilidad de la firma de acuerdos comerciales, enmarcados en los tratados de libre comercio.

Mientras estos grupos concluyen su trabajo, para el próximo martes 13 de septiembre está prevista la instalación de la mesa de Derechos colectivos. Aún resta la instalación de las mesas de Salud, Educación, Seguridad ciudadana y Empleo.

Las conversaciones se fijaron por un plazo de 90 días, de acuerdo con lo acordado en el Acta de la paz del 30 de junio, que puso fin al paro nacional. (I)

Redacción
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