Con primeros reportes, comicios del 2023 se harían con unos 17.000 candidatos menos que hace cuatro años

Con datos preliminares, 63.518 candidatos inscribieron las organizaciones políticas y alianzas electorales para participar en los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023. Esto implicaría una reducción de unos 17.500 participantes, frente a lo que fueron las elecciones similares que se efectuaron en el 2019, en las que hubo 81.000 candidatos.Luego del cierre del plazo para inscribir a los postulantes, en el C onsejo Nacional Electoral (CNE) hay una primera estimación que reporta que 32.549 ciudadanos se inscribieron como candidatos principales y otros 30.969 para suplentes, quienes buscarán alcanzar una dignidad como alcaldes, concejales urbanos y rurales, prefectos y viceprefectos y vocales de juntas parroquiales.Las cifras las recabó el consejero electoral José Cabrera, como parte de un primer “barrido”, cuando este martes 20 de septiembre a las 18:00 el CNE cerró el sistema digital de inscripciones.En la organización de este proceso, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tenían una proyección inicial mayor del número de postulantes. Se esperaba que para estas elecciones haya una participación de 90.000 candidatos, tomando como medida que en el 2019 hubo 81.000.De igual forma, para este proceso se registraron un total de 384 alianzas electorales entre partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, en tanto que en el 2019, ese número bordeó las 273.El incremento de estas coaliciones con su efecto de menor número de candidatos inscritos se atribuye a los incentivos que promovió el CNE para que las organizaciones políticas se junten y evitar la dispersión.Estos incentivos se traducen en beneficios para las agrupaciones políticas, como el de mantener su existencia a través de su personería jurídica y acceder a los recursos económicos que entrega el Estado.Entre esos beneficios consta que para el cálculo del cumplimiento de requisito de participación de mujeres encabezando listas se “atribuirá la candidatura presentada por la alianza a todas y cada una de las organizaciones políticas coaligadas”. La distribución del Fondo Partidario Permanente se hará de acuerdo con la división de porcentajes que se establezcan en el acuerdo al que lleguen las agrupaciones.Sobre esto, se “considerará en los cálculos la sumatoria de todas las proporciones o fracciones alcanzadas para determinar el número de asambleístas, así como las proporciones de los porcentajes de alcaldes, independientemente de la jurisdicción en la que hayan participado, para establecer el cumplimiento de las causales para el Fondo Partidario Permanente”. Respecto de la cancelación de organizaciones políticas que establece el Código de la Democracia si no alcanzan el porcentaje de votación en dos elecciones consecutivas, el cómputo de dignidades electas se asignará a “la unidad de la dignidad a cada una de las organizaciones políticas coaligadas; así también, el porcentaje de votación obtenida por la alianza será reconocido en su totalidad para cada una de las organizaciones políticas participantes en la alianza”.En tanto, para incluir a jóvenes en las listas “se atribuirá la candidatura presentada por la alianza a todas y cada una de las organizaciones políticas coaligadas”.Una quinta regla y que ya existía en el Código es el de la asignación del 20 % adicional al monto señalado para la promoción electoral por cada organización política participante de la alianza.La presidenta del CNE, Diana Atamaint, cree que es el incentivo que permite que las agrupaciones que integran una alianza se beneficien del porcentaje de votación de un candidato para seguir existiendo, lo que promovió las coaliciones.“Sería el principal motivo que ha hecho que haya menos candidatos” para estos comicios, opinó Atamaint, este 21 de septiembre.En las próximas horas se conocería el número oficial de candidatos inscritos y la nómina se remitirá a los sujetos políticos (organizaciones políticas, alianzas y candidatos) para que objeten a aquellos que consideran que incurren en prohibiciones legales o incumplen requisitos.Las juntas electorales de las 24 provincias tienen el plazo de un día para remitir este listado y los sujetos políticos dos días para remitir sus objeciones.Aquellos postulantes que sean cuestionados tendrán otros dos días para responder y presentar sus pruebas de descargo.En el caso de que los sujetos políticos estén inconformes con la decisión de las juntas electorales, podrán impugnar ante el Consejo Nacional Electoral y también apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, cuya resolución será de última instancia y tiene un plazo de quince días para pronunciarse.Si un candidato no es objetado ante una junta electoral e n los siguientes tres día s, se considerará que su participación está calificada y, por tanto, la candidatura es irrenunciable. A la par de estos comicios seccionales, el Consejo Electoral está preparándose para eventuales tres plebiscitos que podrían realizarse antes del 5 de febrero o ese mismo día.Diana Atamaint explicó que están evaluando las implicaciones presupuestarias y de organización del referéndum que propone el presidente de la República, Guillermo Lasso; de una posible consulta popular para evitar la minería en el Chocó Andino, que se realizaría en Quito; y otra consulta popular que plantea el colectivo YASunidos para prohibir la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT.La autoridad precisó que los plazos para proceder dependen de la decisión que tome la Corte Constitucional (CC) en los dictámenes de constitucionalidad, en los que califica que estas iniciativas no afecten derechos y garantías, modifiquen la estructura del Estado o de la Constitución.Si el pronunciamiento de la CC sobre estos tres procesos coincide con las elecciones del 5 de febrero de 2023, no se desestima que el presupuesto aprobado para las seccionales de $ 109,3 millones, se incremente en unos $ 20 millones.De lo contrario, si no coincide y debe efectuarse antes del 5 de febrero, “el presupuesto será superior a unos $ 20 millones. Pero veamos qué pasa, porque todo dependerá de los plazos que se tome la Corte Constitucional”, anotó Atamaint.Por su parte, el consejero José Cabrera aclaró que los análisis que esboza Atamaint no los tienen los demás miembros del pleno. “La presidenta ha hecho ese análisis, mas no el pleno”, indicó en declaraciones de prensa, este miércoles.Cabrera pronosticó que el Consejo Electoral está preparado para enfrentar los diferentes escenarios en cuanto al funcionamiento del sistema tecnológico y funcional en el caso de que se deba realizar estos procesos. Aunque su inquietud va dirigida al trabajo que ello implique para las juntas receptoras del voto (JRV) y los mismos electores, que tendrán que pronunciarse sobre siete u ocho papeletas electorales.Opinó que si la consulta debe realizarse antes de febrero, los ciudadanos tendrían menos dificultad para el manejo de las papeletas, al igual que los miembros de las juntas tendrían que contar los votos de una o tres papeletas, de ser el caso.De lo contrario, si los plebiscitos se unen a las seccionales, en las que también habrá una papeleta para elegir a los siete vocales del C onsejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los electores tendrán que manejar entre siete u ocho papeletas, dependiendo de la jurisdicción en la que esté registrado, y las JRV tendrán que escrutar los votos de esas papeletas. (I)

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