El concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública enfrenta una nueva traba. Este martes, 20 de febrero, un juez de Chone, Manabí, decidió suspender temporalmente el proceso hasta resolver una medida cautelar interpuesta por una expostulante, quien alega que sus derechos constitucionales fueron vulnerados.

La medida cautelar fue presentada la tarde del lunes 19 de febrero por María Michele Portaluppi Feraud, actual coordinadora regional de la Defensoría Pública, en contra de los integrantes de la Comisión Ciudadana encargada del concurso y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Planteó el recurso apenas instantes después de que la Comisión Ciudadana aprobó los resultados finales de tres etapas del proceso, en el que el mejor puntuado fue Ríos Rodrigo Daniel Frías Toral, con 96,46 sobre 100.

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Portaluppi expuso varios puntos en su demanda. Afirmó que la conformación de la Comisión Ciudadana se realizó inobservando el artículo 209 de la Constitución, ya que debería tener diez miembros, pero están nueve. Agregó que desde junio de 2023 algunos comisionados han dejado de ser parte del organismo, quedando conformado solo por siete, ocho o nueve.

Tampoco se habría cumplido el procedimiento establecido en el reglamento de comisiones ciudadanas aprobado por el Consejo de Participación.

Señaló que “a lo largo del concurso se han presentado varias inconsistencias que han generado la presentación de diferentes acciones constitucionales”.

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Que la Comisión inobservó el reglamento porque se pronunció sobre 40 postulantes de los 55 participantes. Ella ocupó el puesto 35 entre los aspirantes.

Michele Portaluppi aseguró que se vulneró su derecho al debido proceso mediante una resolución de enero de 2024, de la nueva Comisión Ciudadana del proceso.

A los vocales del Consejo de Participación Ciudadana se los acusa de vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, porque el reglamento para el concurso de defensor público dio paso a que la conformación de la Comisión Ciudadana sea incompleta, irrespetando la Constitución.

Por ello, la accionante solicitó al juez que “se deje sin efecto todo lo actuado por la Comisión Ciudadana”, porque “todo lo actuado responde a la integración de una comisión incompleta; lo que es motivo suficiente para que se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso, desde el momento en que se conformó la referida e incompleta Comisión”, insistió.

También acusó que no se respetó el debido proceso porque la Comisión incluyó requisitos adicionales y parámetros de valoración distintos “para impedir la participación de varios postulantes”, a través de una directriz que estaría fuera del reglamento.

Tras conocer las razones de la coordinadora regional de la Defensoría Pública, el juez de Garantías Penales de Chone dispuso la suspensión provisional del concurso y convocó a las partes a una audiencia que se llevará a cabo el 5 de marzo, a las 14:30, en la Unidad Judicial del cantón Chone, provincia de Manabí.

La consejera Johanna Verdezoto reprochó el intento de dejar sin efecto los avances del proceso de selección y designación de la máxima autoridad de la Defensoría Pública.

Verdezoto comentó que se busca entorpecer el concurso y está “menoscabando el trabajo de la Comisión Ciudadana de selección y del CPCCS”.

“Sobre todo, hago un llamado a las autoridades correspondientes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, sobre la resolución de la acción interpuesta, no más autoridades prorrogadas, no más abuso de garantías jurisdiccionales”, replicó la funcionaria. (I)